El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió paralizar el desalojo de un edificio de viviendas ocupado por 16 familias en la ciudad catalana de Salt. La edificación es propiedad de un “banco malo” creado por el gobierno español para gestionar activos tóxicos de las entidades rescatadas por el Estado. Si bien la medida es temporal, representa un hito: el tribunal europeo, con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, atendió las razones humanitarias esgrimidas por los ocupantes, a quienes la Justicia española les da la espalda. Las familias del edificio, en su mayoría inmigrantes, celebraron la decisión judicial entre lágrimas y abrazos arropados por la consigna “Sí se puede”, grito de guerra lanzado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cada vez que consigue parar un desalojo o desahucio, como se lo conoce en España.
