El colapso e intervención de Ueno Bank ha desatado una histórica crisis financiera en Paraguay que provocó la renuncia del presidente del país Santiago Peña. La entidad fue intervenida y disuelta por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a una severa caída en su índice de solvencia (al 5,56%, cuando el mínimo legal es 12%) e irregularidades masivas en el otorgamiento de créditos de alto riesgo a empresas vinculadas con sus propios dueños.
La medida implicó la suspensión de todos sus servicios y el congelamiento de los depósitos, mientras las autoridades buscan determinar cómo devolver el dinero a los ahorristas. El proceso también alcanza a organismos públicos y fondos jubilatorios que tenían inversiones en el banco.
Cerca de 3 millones de usuarios (aproximadamente el 60% de la población adulta del país) quedaron con sus cuentas, aplicaciones, transferencias y tarjetas totalmente bloqueadas. Unos 32.000 jubilados que cobraban sus haberes a través de esta entidad por vía digital, quedaron bloqueados. Más de 15.000 conductores de aplicaciones de transporte no pueden cobrar sus ingresos cotidianos y miles de empleados del holding bajo total incertidumbre laboral. Una crisis brutal e incetidumbre completa para el pueblo paraguayo.
El banco manejaba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos. Dentro de esa cifra, se encuentran bloqueados de 360 a 380 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), es decir, el dinero de las jubilaciones de los trabajadores paraguayos. Otras entidades estatales como Itaipú Binacional, Yacyretá y la ANDE también tenían sumas millonarias depositadas en el banco.
El rol de Santiago Peña y las acusaciones de corrupción
La indignación social y política sepultó al gobierno debido al evidente conflicto de intereses y la presunta colusión institucional:
- Vínculo societario: Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025. La oposición denunció un vertiginoso incremento en su patrimonio declarado en dicho holding.
- Desvío de fondos estatales: Durante su mandato se promovieron leyes y decretos que abrieron las puertas para que los fondos del IPS y de binacionales fluyeran masivamente hacia Ueno Bank, a pesar de que el banco no contaba con las máximas calificaciones de seguridad financiera.
- El regulador era el auditado: El presidente del BCP hasta el momento de la crisis, Carlos Carvallo, se había desempeñado justamente como presidente de Financiera Ueno hasta julio de 2023. Pasó directamente de dirigir el banco privado a ser el encargado estatal de auditarlo.
- Desenlace político: Ante la inminencia de un juicio político por "lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio" (apoyado unánimemente incluso por su propio partido, el Partido Colorado), Santiago Peña presentó su renuncia formal a la presidencia. Asimismo, la Fiscalía ordenó la detención preventiva de altos directivos de la entidad.
¿"Corralito" bancario?
¿Es un corralito?: Técnicamente, los analistas y reguladores señalan que no constituye un corralito financiero generalizado, dado que la restricción absoluta para retirar fondos afectó únicamente a los clientes de Ueno Bank debido a su disolución. Sin embargo, para los 3 millones de afectados la experiencia práctica es idéntica a un corralito.
El anuncio provocó un efecto de desconfianza colectiva. Cientos de personas se agolparon en sucursales de otras entidades para retirar efectivo, lo que causó colapsos temporales e interrupciones por alta demanda en aplicaciones de billeteras digitales locales como Mango, Vaquita o Eko.
La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) descartó un riesgo de contagio sistémico y aseguró que el resto de las firmas opera con liquidez y normalidad. Para mitigar la desesperación de los ahorristas, el Congreso aprobó de urgencia una ley de emergencia que habilita al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a realizar devoluciones rápidas y anticipos de hasta 40 salarios mínimos a los clientes afectados a través de otros bancos del sistema.
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