Mis razones por las que Bush debe renunciar
George McGovern.
The Washington Post.
En este octavo año del Gobierno de Bush-Cheney he llegado a la penosa conclusión de que el único camino honroso que debo asumir es el de instar a que tanto el presidente como su vicepresidente se sometan a juicio político.
Después de los comicios presidenciales de 1972, me mantuve al margen de los llamados a favor de que el Presidente Richard Nixon se sometiera a un juicio político por su mala conducta durante la campaña. Me pareció que si me sumaba a las voces que pedían ese proceso, ello se vería como una expresión de venganza personal contra el presidente que me había derrotado.
Hoy adopto una posición diferente.
Desde luego, no parece que haya mucho respaldo bipartidista para ese juicio político.
La palestra política se caracteriza por un partidismo estrecho y superficial, en especial entre los republicanos, así como por una falta de coraje y de integridad entre los políticos demócratas. Por tanto, las probabilidades de que se celebre un juicio político apoyado por ambos partidos y que de éste se derive en una condena, no son promisorias. Aùn así ¿cuáles son los hechos?
A todas luces, Bush y Cheney son culpables de numerosos delitos impugnables.
En repetidas ocasiones han violado la Carta Magna y han transgredido el derecho nacional y el internacional. Le han mentido al pueblo estadounidense una y otra vez. Sus conductas y sus políticas bárbaras han empañado la imagen de nuestro entrañable país ante los ojos del mundo en una situación sin paralelos en nuestra historia. Son estos verdaderos “crímenes y fechorías de marca mayor”, según la norma constitucional.
Desde el principio, la toma del poder por parte del equipo de Bush y Cheney fue el resultado de elecciones en tela de juicio, las cuales quizá debieron haberse emplazado oficialmente, y tal vez debieron haber sido objeto de incluso una investigación solicitada por el Congreso.
Durante el régimen de Bush-Cheney, los fundamentos de la democracia estadounidense se han socavado. El compromiso que ha dominado a este gobierno ha sido el de la guerra asesina, ilegal e insensata contra el Iraq. Esa empresa irresponsable ha provocado la muerte de casi 4.000 estadounidenses, ha mutilado física o mentalmente a compatriotas cuyo número supera con creces a esa cifra, ha segado la vida a unos 600.000 iraquíes y ha arrasado a ese país.
El costo económico para los Estados Unidos asciende hoy día a 250 millones de dólares diarios y ese costo debe superar un millón de millones de dólares, gran parte de los cuales los hemos obtenido endeudándonos con China y otras naciones, y ahora nuestra deuda nacional alcanza los nueve millones de millones de dólares, la más abultada de nuestra historia.
Todo lo anterior ha ocurrido en ausencia de una guerra declarada por el Congreso, tal como la Constitución lo exige en términos claros, en desafío a la Carta de las Naciones Unidas y en violación del derecho internacional. Esta indiferencia temeraria hacia la vida y hacia los bienes materiales, así como hacia el derecho constitucional, se ha visto acompañada por el maltrato de prisioneros, incluida la tortura sistemática, lo cual infringe de manera directa los Convenios de Ginebra de 1949.
No he participado activamente en las alabanzas al Gobierno de Nixon. Sin embargo, los argumentos a favor de impugnar a Bush y a Cheney son mucho más sólidos que los aplicables a Nixon y a su vicepresidente Spiro T. Agnew después de los comicios de 1972. La nación estaría mucho más protegida y sería más productiva con la presidencia de Nixon que con la de Bush. De hecho, ¿habrá existido en nuestra historia nacional un gobierno que haya provocado más daños que el de Bush-Cheney?
¿Cómo pudo una gran nación, otrora digna de admiración, caer en este lodazal de asesinatos, inmoralidades y anarquía?
Ello obedeció en parte a que el equipo de Bush-Cheney, en repetidas ocasiones, engañó al Congreso, a la prensa y a la población, a quienes hizo creer que Saddam Hussein poseía armamento nuclear y otros aterradores medios prohibidos, los cuales representaban una “amenaza inminente” para los Estados Unidos. El Gobierno también logró que la población creyera que el Iraq había tenido que ver con los actos del 11 de septiembre: otra fragrante mentira. En los últimos años, en muchas ocasiones recuerdo la máxima sentenciada por Jefferson: “De hecho tiemblo por mi país cuando pienso que Dios es justo”.
La estrategia del Gobierno se ha basado en estimular un clima de miedo y en explotar los ataques de Al-Qaeda en 2001, no sólo como justificación para invadir el Irak, sino también como excusa para comportamientos peligrosos tales como la intervención ilegal de nuestras conversaciones telefónicas realizadas por agentes gubernamentales. Ese mismo miedo azuzado ha llevado a voceros gubernamentales y a periodistas serviles a dejar entrever que estamos en guerra contra todo el mundo árabe y musulmán compuesto por más de mil millones de habitantes.
Otra espantosa farsa ha sido el envío de prisioneros recogidos en las calles de Afganistán a la Bahía de Guantánamo en Cuba y a otros países, sin darles el beneficio de presentarse ante un tribunal, tal como se prevé en nuestras leyes desde hace mucho tiempo.
Aunque en agosto pasado conoció a través de los órganos de inteligencia que el Irán no tenía programa alguno para concebir armas nucleares, el Presidente siguió mintiendo a nuestro país y al mundo. Se trata de la misma estrategia de engaño que nos llevó a la guerra en el Desierto Arábigo y que pudiera conducirnos a una invasión injustificada en Irán. A partir de mi conocimiento profesional y mi experiencia, puedo afirmar que si Bush invade a otro estado petrolero musulmán, ello pondrá fin a la influencia estadounidense en la decisiva región del Oriente Medio, y esa influencia no se recuperará en decenios.
Resulta irónico: mientras Bush y Cheney convertían la lucha contra el terrorismo en su grito de guerra, sus políticas, en especial la contienda en el Irak, han empeorado la amenaza terrorista y han reducido la protección de los Estados Unidos. Pensemos en la diferencia entre las políticas del Presidente Bush padre y las de su hijo. Cuando el ejército iraquí invadió Kuwait en agosto de 1990, el Presidente George H.W. Bush aunó el apoyo de todo el mundo, incluidas las Naciones Unidas, la Unión Europea y casi toda la Liga Árabe, y con ello expulsó de Kuwait a las fuerzas iraquíes rápidamente. Los sauditas y los japoneses asumieron gran parte de los gastos. En lugar de empantanarse en una costosa ocupación, el Gobierno formuló una política de contención contra el régimen del Partido Baath, sustentada en inspectores internacionales de armamentos, zonas de prohibición de vuelos y sanciones económicas. El Iraq se mantuvo como un país estable sin capacidad alguna para amenazar a otros.
Hoy día, después de cinco años de políticas torpes y erradas y de una ocupación militar estadounidense, el Irak se ha convertido en cardo de cultivo para el terrorismo y se ha sumido en un sangriento conflicto civil. Para nadie es secreto que el ex presidente Bush, su canciller James A. Baker III, y su asesor para la seguridad nacional, el general Brent Scowcroft, se opusieron a la invasión y ocupación del Iraq en 2003.
Al espantoso desdén presidencial hacia la responsabilidad legal y moral se suma la escandalosa indiferencia y la respuesta ineficaz ante la catástrofe provocada por el Huracán Katrina. Jack Cafferty, veterano comentarista de CNN resumió los hechos en la frase siguiente: “Jamás había visto una situación que se manejara con tanta incompetencia como la de Nueva Orleans. Cualquier juicio político debe comprender una investigación detallada y crítica del derrumbe del presidente como líder a raíz de tal vez el peor desastre natural de la historia de los Estados Unidos".
Desde luego, es poco probable que se entable un juicio político. Sin embargo, debemos instar a que el Congreso actúe. En términos sencillos, el juicio político es un procedimiento consagrado en la Constitución para encausar a los presidentes que violen la Constitución y las leyes de la tierra.
El juicio político sirve también para comunicar a los estadounidenses y al mundo que entre nosotros hay quienes nos preocupamos bastante por la actual marcha a la deriva de nuestro país y apoyamos la impugnación de los falsos profetas que nos han conducido sin rumbo. En mi opinión, esa es la posición decorosa de todo patriota estadounidense.
Hace dos años, la ex congresista Elizabeth Holtzman, quien desempeñó un papel protagónico en el juicio político contra Nixon, escribió: "no fue hasta que se conoció hace poco que el Presidente Bush había ordenado la intervención telefónica de cientos, probablemente miles, de estadounidenses en violación de la Ley sobre la Vigilancia Extranjera, y que arguyó para ello que en su condición de Comandante en Jefe tenía el derecho de desconocer las leyes de nuestro país para satisfacer los intereses de la seguridad nacional, que volví a sentir el mismo salto en el estómago que tuve durante Watergate…El presidente, cualquier presidente que se crea por encima de la ley y la viole en repetidas ocasiones, comete crímenes y fechorías de marca mayor”.
Creo que hay probabilidades para sanar las heridas sufridas por esta nación en el primer decenio del siglo XXI. La recuperación podrá demorar una generación y dependerá de que se elijan presidentes y congresos sensatos. Tengo 85 años, por lo que no seré testigo del difícil proceso de reconstrucción de nuestro país tan lacerado, pero quisiera vivir lo suficiente para ver el inicio del proceso de sanar.
En mi vida adulta, jamás ha habido un día en el que no haya estado dispuesto a sacrificar mi existencia para salvar a los Estados Unidos de peligros reales, como los que nos asecharon cuando participé en la Segunda Guerra Mundial como piloto de bombarderos. Debemos ser una gran nación, porque de vez en cuando cometemos errores gigantescos, pero hasta ahora, hemos logrado sobrevivir y recuperarnos.
Ver texto completo en The Washington Post
Se agradece el vinculo directo al Washington Post. Muy bueno este blog
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