Bernard Cassen, Publico
En los próximos meses, los dirigentes de los países y de las instituciones de la Unión Europea (UE) van a movilizarse ante la perspectiva del Brexit sin haber evaluado sus diferentes dimensiones y, como consecuencia, sin haberse dotado de una doctrina que las tenga en cuenta. Lo que implicaría una ruptura con las políticas existentes.
El Tratado de Lisboa, en su artículo 50, permite que un Estado miembro se retire de la UE, pero ninguno de los 27 Gobiernos europeos en el poder cuando se adoptó (diciembre de 2007) pensaba realmente que se podría utilizar esta cláusula algún día. Y aún menos que serviría para resolver cuestiones de política interior nacional. Sin embargo, es lo que intentó hacer el primer ministro británico David Cameron, quien, para atraer a los eurófobos del Partido Conservador, convocó un referéndum sobre la permanencia (remain) o la salida (leave) del Reino Unido de la UE. Un referéndum en el que llamaba a votar por el remain y que no contó ni por un segundo con perderlo. El 23 de junio de 2016, los electores, de los cuales un 52% votó a favor del Brexit, le proporcionaron una amarga decepción, y no tuvo otra elección más que dimitir de sus funciones de primer ministro. Fue reemplazado por Theresa May, a quien dejaba, como obsequio de bienvenida al número 10 de Downing Street, no solo un mandato popular para retirar a su país de la UE, sino también una fecha límite para su entrada en vigor: el 29 de marzo de 2019. En otras palabras, una bomba de relojería ya programada…
Por su parte, el Consejo Europeo designó a un negociador jefe de la UE, el excomisario Michel Barnier, para poner a punto con los británicos las modalidades prácticas del Brexit.
