La cuestionada televisión abierta de Chile será más monopólica aún, tampoco mejorará la deplorable mala calidad de sus contenidos e incluso habrá que pagarla con la implantación de la televisión digital terrestre, según la ley aprobada el miércoles 6 por la Cámara de Diputados con 107 votos a favor y 1 en contra. La iniciativa, que se tramita desde noviembre de 2008, pasará ahora al Senado.
La legislación sobre la nueva tecnología digital abrió la posibilidad de un debate abierto sobre la democratización de la televisión abierta, que surgió en Chile a comienzos de los años 60 como actividad exclusiva de las universidades tradicionales (Católica y De Chile), pero la nueva ley consolida el control de los actuales dueños privados del negocio de la TV. A juicio de los especialistas Chiara Sáez y Jaime Mondría, vinculados al Observatorio Fucatel, “esta ley podría mejorar el escenario señalado, pero en vez de eso, lo empeora (…) El proyecto de TV digital se ha vuelto cada vez más beneficioso para los actuales grandes canales de televisión, los mismos que los telespectadores evalúan negativamente”.
Jerry Mander, presidente del International Forum on Globalization, señala que el nivel de impacto de los medios de comunicación es mucho más serio de lo que la gente píensa, fundamentalmente por la forma en que controla la mente: "haga esto, consuma esto otro, compre aquello". Y más aún cuando el 70% de los medios de comunicación están concentrados en siete empresas.
Estas siete empresas (Fox News,Time Warner,Disney, Sony, Bertelsman, Viacom, General Electric) controlan la televisión, los satélites, las redes de cable, las agencias de información, las radios, los diarios, las revistas, la industria cinematográfica, las redes de internet, las editoriales, etc... es decir TODO! Jerry Mander advierte que esta es la industria más concentrada de todas, con el peligro de que se trata de una industria que manipula las conciencias de las personas, sin ningún interés por valores verdaderos y apelando solamente al interés y la ganancia económica.
El Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) aprobó el acuerdo de conciliación al que llegaron Farmacias Ahumada S.A. y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el marco de la caso ‘colusión de precios’ que implicó el alza del valor de 222 medicamentos en conjunto con Salcobrand y Cruz Verde. El organismo señaló que aceptó el pago de 1.350 Unidades Tributarias Anuales (equivalente a US$ 1 millón) por parte de FASA, con la diferencia de que ahora esa suma es considerada una multa.
En el documento, el TLDC informa que se resuelve “aprobar la conciliación alcanzada por el Sr. Fiscal Nacional Económico y la requerida Farmacias Ahumada S.A., en los términos contenidos en las actas de las audiencias de conciliación celebradas con fecha 1 y 9 de abril”. En el acuerdo de conciliación, la cadena de farmacias ligada a la familia Codner había acordado la entrega de US$ 1 millón a fisco bajo la figura de “beneficio social”.
El tribunal fue explícito en advertir que la multa “implica reconocimiento de responsabilidad por los hechos confesados” y por ende es un hecho “punitivo”. En ese contexto, el fallo determinó que la cadena de farmacias estará obligada a aportar antecedentes que contribuyan a establecer la eventual participación de sus rivales en el supuesto caso de colusión, “antecedentes que serán ponderados, conforme a su mérito, en definitiva por este Tribunal”.
El Instituto de Salud Pública (ISP) cursó una multa por 1.000 UM ($36 millones) a Salco Brand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada por infracción a las normas de publicidad, lo que se suma al reciente escándalo de colusión en el que estarían envueltas para fijar los precios de los medicamentos.
El sumario acusa "las irregularidades cometidas por dichas cadenas al ordenar, permitir y otorgar incentivos mediante comisiones a sus empleados, para que éstos indiquen o dirijan la compra de distintos medicamentos a los prescritos por receta médica". La entidad afirmó que existen incentivos diferenciados en las remuneraciones de quienes trabajan en las farmacias "por la venta de distintos productos, según las promociones establecidas y/o convenios con los laboratorios proveedores".
El ISP agregó que todo esto induce "al uso irracional de medicamentos".
Pese a ser un tema que se sabe desde hace años, recién ha salido a la parrilla noticiosa para dar cuenta de esta lacra que se vive en el comercio farmacéutico. Y la lacra política también se ha manifestado al declarar que “Es imperiosa la necesidad de crear una farmacia pública, donde se vendan los medicamentos al mismo precio que le cuesta al sistema de salud pública para todos los ciudadanos”. Por estos días, como le ocurre al candidato a la presidencia, Jorge Arrate, los candidatos son capaces de reconocert cualquier cosa:
“No hablamos de vitaminas o parches curitas, sino de medicamentos para el control de la diabetes, de la hipertensión, de la epilepsia; es decir, de patologías que afectan la vida de millones de chilenos y, especialmente, de los más pobres. Ese es el crimen cometido”. El candidato Jorge Arrate subrayó que
“esto revela no sólo la baja estatura moral que tienen algunos magos de los negocios, sino también un conjunto de decisiones políticas que han facilitado la transformación de la salud en un negocio, confundiendo los medicamentos con simples bienes de consumo. El Estado no tiene una Política Nacional de Medicamentos, en circunstancias que una altísima proporción del gasto de bolsillo que hace la gente corresponde a Salud y específicamente a medicamentos”.
“La dictadura acabó con la farmacia de barrio y la Concertación no fue capaz de impedir la altísima concentración del 90% del negocio en 3 cadenas farmacéuticas que como quedó demostrado por la FNE, se repartían el mercado que de libre no tiene nada”, resaltó.
Jorge Arrate recordó que “esta distorsión no sólo se expresa en la concentración sino en una serie de estrategias burdas e inmorales como que el salario de los dependientes de farmacia estaría conformado entre un 40 a un 80% por comisiones e incentivos por vender determinados medicamentos. Esto induce a sustituir medicamentos de bajo costo, especialmente genéricos, por otros más caros, con el consiguiente daño al bolsillo y el riesgo para la salud de las personas. O el simple hecho constatado por el Sernac el año pasado de que NINGUNA de las cadenas exhiben los precios públicamente”. En tan aberrante escenario es imprescindible la creación de un sistema de farmacias públicas que permitirá abaratar costos mediante compra en escala y, especialmente, regular un mercado que se ha revelado como vergonzosamente injusto. Regular los precios es una necesidad ética.
Los chilenos y chilenas necesitamos una señal potente de quienes aspiran a liderar un Gobierno”. Finalmente, Arrate llamó a la ciudadanía, a las organizaciones de usuarios, a las agrupaciones de consumidores, a los estudiantes de las carreras de la Salud, a los gremios de la salud, a las PYMES de farmacias, a no dejar pasar esto y a “clausurar sanitariamente este modelo de farmacias, boicoteando al cartel farmacéutico y a exigir al Gobierno la venta directa de los medicamentos a través de su central de abastecimiento”.
Farmacias Ahumada llegó a un acuerdo de conciliación con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para poner término a un litigio por colusión, admitiendo que ejecutivos de su empresa "aceptaron participar en un mecanismo de alza de precios coordinado con la competencia". La FNE levantó en diciembre pasado un requerimiento por colusión al considerar que la cadena había participado en actos contrarios a la libre competencia en coordinación con otros actores de la industria -Cruz Verde y Salcobrand- en relación a un grupo de productos durante noviembre de 2007 y marzo de 2008.
En el acuerdo de conciliación publicado en la página web del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), la cadena de farmacias Fasa reconoció que algunos de sus ejecutivos mantuvieron contactos personales con ejecutivos de otros laboratorios con el objeto de reducir los costos de compra, tras finalizar la denominada "guerra de precios". En el documento se informó que ejecutivos de estos laboratorios transmitieron a la cadena ligada a la familia Codner y Falabella "la proposición de alzar coordinadamente los precios de las tres compañías (Fasa, Salcobrand y Cruz Verde) para un grupo determinado de medicamentos, como solución a esa situación de mercado.
En virtud del acuerdo, Farmacias Ahumada se comprometió, entre otras cosas, a realizar un aporte monetario a beneficio social por el equivalente a un millón de dólares. La empresa inició también un proceso de reformulación de procedimientos administrativos, que quedarán plasmado en un código interno que deberá realizarse en los próximos 60 días, además de separar las funciones de compras y de precios, y de reforzar los procedimientos de control interno. La compañía detalló que una vez conocido el contenido del requerimiento de la FNE se inició un proceso de investigación interna, "tras el cual se detectaron prácticas de algunos ejecutivos contrarias a las políticas más esenciales de la compañía, las que no habían sido conocidas antes por la administración superior de Farmacias Ahumada".
