"Indulto es insulto", claman en estos días miles y miles de peruanos en muchas ciudades a lo largo del país. Se refieren al indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha otorgado en la víspera de Navidad al ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, como matanzas, lesiones graves, torturas, secuestros, corrupción, desfalco a la nación, peculado y usurpación de funciones.
La medida, que indigna a toda la sociedad civil, es particularmente escandalosa si se considera su ilegalidad a nivel de derecho internacional –tan así que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la han inmediatamente rechazado– y, sobre todo, el hecho de que ha sido una vil moneda de cambio entre la permanencia de Kuczynski en la presidencia y la liberación del patriarca de los Fujimori. La cuestión del indulto no es una novedad en absoluto, sino surge luego de su condena definitiva en 2010 gracias a la intervención de su hijo Kenji, el congresista más votado de Perú, quien siempre ha puesto la liberación del padre como su único programa.
El pedido, que no encontró disponibilidad en dos sucesivos presidentes, recibe cierta atención de Kuczynski, quien, recién ingresado a la presidencia en julio 2016, se apura a declarar que si el Congreso hubiera votado una ley para enviar a Fujimori a arresto domiciliario, considerando su salud, él la aprobaría. La arrogancia de la bancada de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, fuerte de su mayoría absoluta (73 de 130 diputados), rechaza esta posibilidad con el argumento de que el ex dictador tiene que salir por la puerta grande. En realidad muchos especulan que la liberación del patriarca mermaría el poder omnímodo de la hija, que tiene sujetado el viejo Kuczynski, subyuga de manera dictatorial su propia bancada y conquista progresivamente nuevos espacios de poder fuera del Congreso, estableciendo una suerte de gobierno paralelo.
