Chile: Ardua escritura colectiva para la creación de un país inédito

Lina Meruane, The Clinic

De pronto la gente salió de su confinamiento para votar por la creación de un país inédito cuyos principios habrá que ir escribiendo. Esa escritura ya inminente me parece de pronto, a mí, que he dedicado mi vida a escribir, no sólo la cosa más delicada sino también la más difícil. Escribir un país, constituirlo, requerirá como en las novelas tomar nota de lo real e imaginar un futuro posible; a diferencia de la novela no habrá un imaginar solitario sino una ardua escritura colectiva en la que no faltarán tensiones y acuerdos, negociaciones y discrepancias.

De pronto la Constitución de 1980 se me aparece, por contraste, como una escritura expedita y normativa, un mezquino trámite burocrático al que fueron convocados los abogados elegidos del dictador: ellos hicieron lo que quisieron y tras un fraude electoral nos impusieron sus principios. Y aunque hubo sucesivos tachones, enmiendas, adiciones posteriores, aunque hubo cabildos ciudadanos para inspirar reflexiones, hubo poco margen legal y acaso escasa voluntad política para posibilitar la escritura de un Chile diferente.

Chile: ¡Bye bye, Pinochet!

Chile será un país nuevo, después de una nueva Constitución, que sigue los lineamientos de Allende: “Que el pueblo entienda que no es de arriba, sino desde las raíces, de donde debe nacer la Carta Fundamental”.

Emir Sader, Alainet

Fue un proceso largo desde el fin de la dictadura de Pinochet hasta estas elecciones. Fue una transición larga, que restauró la democracia política en Chile, pero mantuvo la constitución impuesta en plena condición de estado de sitio por Pinochet, aunque fue modificada en varios aspectos- y la política económica neoliberal.

Una coalición entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana fue responsable de esta larga transición, iniciada en 1990 y completada ahora, más de treinta años después. Hasta que, en 2019, una serie de manifestaciones populares nunca vistas en Chile, iniciadas con protesta por el aumento de los boletos del metro, sacudieron la aparente tranquilidad de la vida chilena.

Iniciado con esta demanda, el movimiento popular terminó convocando a una consulta que aprobó la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con paridad de género y representación de los pueblos indígenas. Ya han sido elegidos los 155 parlamentarios que redactarán la nueva Constitución chilena, que será sometida a referéndum de población en el primer semestre de 2022.

El otro Chile

Federico Galende, Página 12

A Chile el resto de la región lo visitó un par de veces, en diferentes estaciones de la historia, como un curioso archipiélago del que brotaban cada tanto experimentos imprevisibles. Primero fue la famosa “vía democrática al socialismo”, ensayada al interior de un tupido y heterogéneo laboratorio utópico; después, con intenciones menos oníricas, esa alquimia tenebrosa, la del neoliberalismo y el genocidio cultural en la época del terrorismo de estado y el sálvese quien puede instaurado por el látigo del mercado. Eran experimentos bien contrapuestos, tocados por poderes que manejaban a la perfección el arte de dar vuelta las tortillas.

Y al parecer la cosa continúa, puesto que este domingo por la noche nos dormimos en un país y despertamos, al día siguiente, en otro que casi no reconocíamos. Es cierto, había indicios, huellas, antecedentes, pero nadie alcanzó a imaginar lo que se produciría: la desconfiguración más contundente de un sistema político abyecto que tenía más de cincuenta años

Chile: el artículo 135 y la reforma de la Constitución

El artículo 135, de forma tramposa condiciona las demandas sociales al exigir el respeto a los tratados de libre comercio. En la nueva constitución podemos plantear, por ejemplo, incorporar el concepto de la Naturaleza como sujeto de derechos, y garantizar en consecuencia como prioritario el uso del agua tanto para los seres humanos como para la mantención de los ecosistemas.

Lucía Sepúlveda, Sin Permiso

La inmensa mayoría de las y los chilenos, queremos una nueva Constitución surgida de una asamblea constituyente. En las asambleas territoriales y los movimientos sociales, queremos además una constituyente Plurinacional y Feminista que nos dé garantías sobre la forma de elección de sus delegados y su funcionamiento. Por eso, la ley de Reforma a la Constitución, que posibilita el próximo Plebiscito de Abril nos deja en shock. Incluye cuestiones ampliamente criticadas, como los 2/3 de quorum fijados para el funcionamiento de la constituyente, y la desigualdad de condiciones de elección para independientes. Como si eso fuera poco, además raya la cancha de la Constituyente sobre qué puede o no decidir. No hay debate alguno al respecto. Sólo lo ha denunciado Chile Mejor sin TLC, quizás porque la mayoría supone que la ley es igual al llamado Acuerdo de Paz.

Las Disposiciones Especiales

El artículo 135, llamado “Disposiciones Especiales”, notifica a los delegados constituyentes que deberán respetar “las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. O sea, los constituyentes no podrán alterar las bases del modelo pinochetista mantenido por los gobiernos de la Concertación. Mercantilizando todo, nos despojaron de la salud, previsión, agua, semillas y educación, consagrando la desigualdad entre quienes habitamos y trabajamos en Chile. Las garantías ilimitadas entregadas a las corporaciones transnacionales a través de los tratados internacionales de libre comercio, permitieron controlar áreas claves de la economía a las mineras como BHP; a Bayer/Monsanto o Agrosuper, de los sectores de agronegocios y farmacéutico, o a otras corporaciones como el grupo Luksic y las forestales. El Sistema de Resolución de Controversias incluido en los tratados habilita a esas corporaciones para demandar al Estado de Chile en paneles internacionales especiales. Allí el Estado debe enfrentarse a abogados corporativos sin un debido proceso y con fallos inapelables que mayoritariamente son contra los Estados, y significan costos de miles de millones de dólares, asociados al retiro (previo o posterior) de la política pública cuestionada.

Chile, un acuerdo antidemocrático

Felipe Portales

La aspiración mayoritaria de la población de obtener una Constitución democrática a través de una Asamblea Constituyente, que pueda iniciar un profundo proceso de transformación del modelo económico, social y cultural legado por la dictadura, se verá nuevamente frustrada, de confirmarse los quórums establecidos en el acuerdo negociado por parlamentarios de la derecha y de la ex Concertación. En efecto, el quórum de dos tercios exigidos para que la Asamblea apruebe sus textos significa, en la práctica, que la derecha minoritaria va a imposibilitar el establecimiento de una Constitución que pueda fijar los marcos para una democratización del conjunto de la sociedad que ella impuso a través del régimen de Pinochet. En definitiva, con aquel quórum, nada que no quiera la derecha quedará en la nueva Constitución.

De este modo, se hará muy difícil, sino imposible, que en el catálogo de derechos se establezcan diversos derechos económicos y sociales. Seguramente, la derecha no aceptará, por ejemplo, reconocer en la Constitución el derecho al trabajo o a una compensación digna en caso de no poder obtenerlo. O que el derecho a la seguridad social se estipule de manera de tener que sustituir las AFP, al excluir un sistema de simple ahorro forzoso de capitalización individual administrado por instituciones privadas; y de terminar con los privilegios de que disfrutan las Fuerzas Armadas y Carabineros a este respecto. O que el derecho a la salud se garantice a través de un sistema universal público de salud, sin perjuicio de que existan proveedores de atención de salud privados.

Para superar el problema constitucional en Chile: una propuesta alternativa

La siguiente columna es una respuesta a la publicación “Salida institucional a la crisis: académicos de cuatro universidades proponen plebiscito para Asamblea Constituyente”.

Rodrigo P. Correa G., Ciper

Un destacado grupo de profesores de derecho ha propuesto un procedimiento para sustituir la Constitución y de ese modo superar la actual crisis política. Proponen un primer plebiscito que pregunte a la ciudadanía si quiere o no una asamblea constituyente; la elección de dicha asamblea si el resultado del plebiscito es favorable; la redacción de una nueva constitución por dicha asamblea y, finalmente, un segundo plebiscito para la aprobación popular de esta nueva Constitución. Conscientes de que la Constitución vigente no permite semejante procedimiento, proponen que todo comience con una reforma constitucional que lo autorice. En este sentido se trata de una propuesta “institucional”.

La propuesta es incompleta y engorrosa.

Toda constitución debe responder dos preguntas de distinta naturaleza. Por una parte debe preguntarse qué regular y cómo regularlo. Esta es la pregunta más obvia y la que más interesa a la ciudadanía.

Por otra parte, debe preguntarse bajo qué procedimientos la propia constitución podrá ser reformada en el futuro. Esta pregunta poco interesa a la opinión pública. Ella, sin embargo, es sin duda la más importante. Bastan dos ejemplos de nuestra propia historia constitucional.