España es uno de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tiene un menor gasto público social por habitante. Y ello no se debe a que sea un país pobre (no lo es, pues ya antes de la crisis su PIB per cápita era el 94% del PIB per cápita del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE que tienen mayor riqueza en la UE), sino al gran dominio que las fuerzas conservadoras y liberales han tenido y continúan teniendo sobre el Estado español. En realidad, el gasto público social (que incluye transferencias y servicios públicos, como sanidad, educación o servicios sociales, entre otros) per cápita era solo el 74% del promedio de la UE-15. Si hubiera sido el 94%, el Estado del Bienestar se habría gastado 66.000 millones más de lo que se gastaba.
En otro trabajo (El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006) documenté cómo la raíz del subdesarrollo social de España se debe al enorme poder que la clase dominante de este país, es decir, los propietarios y gestores de sus mayores entidades financieras y económicas (y que derivan sus rentas de la propiedad del capital), y las clases medias de renta superior, han tenido y continúan teniendo en el desarrollo de las políticas fiscales (altamente regresivas) que determinan la pobreza de ingresos a las arcas de Estado. Poder de clase es el factor determinante de dicho retraso social de España.
