A medida que se profundiza la entrelazada crisis económica, política y social en Argentina en medio de temores de “levantamientos sociales”, el presidente Mauricio Macri anunció medidas y negociaciones de “emergencia” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para detener la aparentemente imparable fuga de capital.
En un discurso televisado el lunes, apeló a que “el mundo nos apoye” y buscó lavarse las manos culpando a la sequía, las políticas del último Gobierno y la guerra comercial entre EEUU y China.
Macri lamentó que “durante dos años el mercado también nos apoyó” y amenazó que “la pobreza va a aumentar”. Luego, culpó a todos “los argentinos… porque no fuimos capaces de mostrar unidad en nuestro compromiso con avanzar con las reformas estructurales” —es decir, a los trabajadores por oponerse activamente a cientos de miles de despidos y severa austeridad social—.
Macri prometió eliminar el déficit primario de 2019, comparado con una meta de 1,3 por ciento del producto interno bruto. Planea acelerar los programas de austeridad previamente adoptados, recortando a la mitad su gabinete, el equivalente a 10 ministerios, incluyendo el de Trabajo y Salud, e imponiendo un nuevo impuesto de cuatro pesos por dólar sobre las exportaciones agrícolas.
El peso argentino perdió 4,3 por ciento de valor contra el dólar después del discurso de Macri y cayó aún más el martes, sobrepasando una caída del 30 por ciento durante el último mes. El aumento de la tasa de interés del Banco Central de 45 a 60 por ciento la semana pasada y la promesa el lunes de imponer una austeridad anémica no han detenido el desplome.
Esta semana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estará reuniéndose con la titular del FMI, Christine Lagarde. La economía se encuentra en un estado tan frágil que el presidente del Banco Central, Luis Caputo, decidió cancelar su viaje con Dujovne a Washington D.C. por necesidad de monitorear de cerca el peso desde Buenos Aires. El martes, Macri conversó por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir las negociaciones con el FMI, con Trump afirmando que “aliento y apoyo fuertemente su compromiso”.
El contexto de las discusiones con el FMI fue resumido por Bloomberg el lunes: “Macri se encuentra en aprietos para poder complacer a los inversores sobre reducir el gasto, mientras se asegura de que estrechar la faja con austeridad no cause un levantamiento social antes de las elecciones del año siguiente”.
Por seis años, los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri han respondido al recrudecimiento de la crisis económica mundial —y a una deuda pública acumulada desde los ochenta— por medio de austeridad y tasas de interés altísimas para atraer capital financiero, a expensas de la industria y el gasto social. Desde fines de abril, estas condiciones conllevaron una pérdida hemofílica de capital y un colapso en el valor del peso, con todas las consecuencias acumuladas siendo descargadas sobre los hombros de la clase obrera.
Hay paralelos con la crisis de 1998-2001, cuando las inversiones en el régimen de privatizaciones y austeridad social promovido por el FMI e impuesto por el Gobierno peronista de Carlos Menem prácticamente se secaron debido a las crisis financieras de Brasil y Rusia. Las políticas subsecuentes a favor del sector financiero bajo Kirchner y Macri convirtieron a Argentina en la punta del iceberg de una vasta pesadilla económica y política para las clases gobernantes de toda América Latina, donde la deuda externa se ha disparado más de 80 por ciento desde 2009, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU.
Con más de un tercio de los habitantes viviendo bajo la línea de pobreza y un estado decadente de la salud, educación e infraestructura social, Argentina presume el crecimiento más rápido del mundo en el número de millonarios en dólares. Ante este contexto, las oligarquías financieras en EUA, Europa y Argentina temen que el país suramericano se convierta en el Túnez occidental y desencadene una “Primavera Americana” de revueltas populares que se expanda a todo el continente y más allá.
Estos temores y los gestos desesperados del Gobierno de Macri han apartado a los inversores financieros, quienes exigen mayores garantías que la oposición social al parasitismo financiero y la austeridad será decididamente aplastada.
Un ejemplo importante se ve en Ucrania, donde la agresiva austeridad del régimen ultraderechista de Poroshenko no ha dejado satisfechos a los bancos y el FMI se ha rehusado a otorgar más de $8,7 mil millones de un préstamo potencial de $17,5 mil millones. En Argentina, el FMI solo ha entregado $15 mil millones del paquete de $50 mil millones acordado en junio. Los reportes de la prensa indican que el equipo de Macri está solicitándole a Lagarde un desembolsó de $29 mil millones este mes.
El Ministerio de Hacienda anunció el lunes que espera una tasa de inflación de 42 por ciento —la más alta desde 1990— y una recesión económica de 2,4 por ciento para el 2018, junto a una inflación de 25 por ciento y nada de crecimiento el año que viene. Mientras tanto, el Gobierno ha establecido un techo para aumentos salariales de entre 20 y 25 por ciento, condenando a los trabajadores a presiones económicas intolerables.
Esta última semana, han ocurrido saqueos de supermercados por todo el país. Pocas horas después del discurso de Macri, un niño de 13 años fue matado a tiros cuando escuadrones de policías fuertemente armados buscaban dispersar a un grupo de jóvenes que lanzaban rocas y buscaban presuntamente saquear una tienda en la ciudad norteña de Sáenz Peña. Se reporta que varios otros niños quedaron severamente heridos, pregonando así una sangrienta escalada de los esfuerzos estatales para reprimir el malestar social después de que el Gobierno aprobara en julio un plan para desplegar al ejército internamente.
En barrios de Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades, trabajadores y jóvenes se organizaron en redes sociales para salir a las calles, golpear cacerolas y cantar en contra del Gobierno. Los últimos dos años han sido testigo de paros intermitentes, sectoriales y regionales, marchas masivas de docentes y otros trabajadores, tres huelgas nacionales, y ocupaciones de universidades, colegios y fábricas, reflejando la búsqueda por parte de trabajadores y estudiantes de la manera de oponerse a los ataques de Macri.
Ante estas enfurecidas tensiones de clase, el Gobierno ha dependido de los sindicatos, principalmente liderados por el peronismo, para suprimir la oposición social por medio de huelgas simbólicas y llamados vacíos a paritarias. A su vez, el pseudoizquierdista Frente de Izquierda (FIT), el cual afirma ser “anticapitalista”, encabeza un número cada vez mayor de sindicatos y cuenta con varios legisladores a nivel local y federal, ha desempeñado un papel clave en dirigir esta creciente oposición social detrás de los sindicatos y el peronismo, ambos procapitalistas y antiobreros.
Macri concluyó su discurso afirmando que Argentina se merece más que “una colección de cuadernos escandalosos”, refiriéndose al caso de corrupción conocido como el “cuadernos gate”, el cual ha estado en la primera línea de la ofensiva política del Gobierno contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien encabeza las encuestas antes de las elecciones del 2019.
El vicepresidente de Kirchner, Amado Boudou, fue sentenciado el mes pasado a seis meses de prisión por un caso de corrupción diferente, mientras que el “cuadernos gate” que comenzó el 1 de agosto ya ha involucrado 26 arrestos, 17 acuerdos de culpabilidad, 70 allanamientos y 52 citatorios. Kirchner ha aparecido dos veces en la corte y sus apartamentos fueron allanados. Este caso se basa en ocho diarios escritos por el chofer de un alto funcionario del Ministerio de Planificación bajo Kirchner que incluyen detalles sobre numerosas recogidas y entregas de bolsas con millones de dólares en presuntos sobornos, incluso a las residencias de los Kirchner.
La exposición de esta enorme red de corrupción está agravando cada vez más la crisis política y económica del mismo Gobierno de Macri. Las acciones de importantes empresas salpicadas por el escándalo han perdido valor, mientras que el primo de Macri y otras figuras que han continuado haciendo negocios con el Gobierno actual y la familia de Macri se encuentran entre los presuntos sobornadores.
El escándalo de corrupción ha alejado aún más a las facciones del peronismo encabezadas por el senador Miguel Ángel Pichetto y el excandidato presidencial Sergio Massa del kirchnerismo. Sin embargo, Fernández de Kirchner ha respondido acercándose a Hugo y Pablo Moyano, quienes dirigen el sindicato Camioneros, al igual que una importante facción de la principal central sindical, la CGT, y el movimiento Multisectorial F21 (MF21). Los Moyano han descrito estas negociaciones como “el primer paso después de muchos años de distancia con Cristina y se verá la posibilidad de unificar el peronismo para volver a ser Gobierno”.
El MF21 ha ganado el apoyo de grandes sectores de la CGT y las confederaciones de la CTA y representa un esfuerzo cínico para darle una fachada progresista al kirchnerismo a fin de retomar el control de la burocracia sindical y ganar las elecciones presidenciales de 2019. Su “Programa Nacional”, aprobado el 16 de agosto, presenta demandas como congelar los despidos, aumentar los salarios reales para empleados públicos, reducir la jornada laboral sin disminuir los salarios, “que el impuesto a las ganancias recaiga sobre los capitalistas”, “revisión de la deuda pública” sin adoptar medidas de austeridad, refrendar todo nuevo préstamo y nacionalizar la banca y todo el comercio de productos primarios.
En una entrevista después del discurso de Macri, el excandidato presidencial del FIT, Nicolás del Caño del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), repitió un conjunto de demandas populistas casi idénticas, mientras que promovía la ilusión de que los burócratas derechistas del peronismo lucharían por estas demandas.
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