Uno de los datos más relevantes que se considera en el FEM es la presión fiscal que dan los países a las empresas a través de los impuestos. Las puntuaciones más altas implican una menor competitividad.
Al analizar las cifras en América Latina, nos encontramos con la poco grata sorpresa de que los países en los que los negocios enfrentan menos presión son: Chile (27,9%), Ecuador (33%) y Perú (36%).
En el otro extremo de la lista -vale decir, los países donde los negocios enfrentan una mayor carga tributaria- se encuentran: Argentina (137,2%), Bolivia (83,7%) y Colombia (75,4%),
Este informe toma en consideración todos aquellos impuestos que son aplicados a los negocios, sin incluir en las cifras métricas a las personas que son empleados de dichos negocios.
Para determinar el coeficiente de la carga tributaria, el cálculo se hace tomando en cuenta qué porcentaje de los ingresos netos debe pagar cada empresario al Gobierno.
El estudio toma como puntos referenciales los datos de cinco tipos diferentes de impuestos: el impuesto sobre las ganancias, los impuestos que la compañía paga por cada uno de sus empleados (incluyendo las aportaciones sociales), los impuestos a la propiedad, el impuesto sobre las ventas y otros impuestos menores.
Vale mencionar que, a mayor cantidad de impuestos, más recursos tiene un gobierno para el gasto social, razón por la que se entiende que vivir en un país como Chile, donde todo se realiza a través de concesionarias, no se nos garantice ningún beneficio e incluso los artículos considerados “de primera necesidad” (agua, gas, electricidad, medicamentos, transporte urbano y una base de alimentos) los tengamos que pagar los ciudadanos, como si fueran un lujo.
Siempre las beneficiadas son las empresas y los más castigados somos los ciudadanos en pro del “crecimiento del país”. Es cosa de ver la situación de las regiones en el norte, donde están las mineras; empresas que generan millones de dólares asentadas y contaminando ciudades y pueblos que son demasiado pobres para lo que generan, como por ejemplo, Tocopilla o Alto Hospício. Lo mismo sucede en el sur con al agricultura y la pesca, situación dramática que se desplaza por todo el borde costero. Las pesqueras generan demasiada riqueza y a los pescadores artesanales los tienen muriendo de hambre, vigilados por Sernapesca, los que les cobran multas que son ridículas, para desincentivar este tipo de actividad y nos tienen a la población -de uno de los países con más costa del mundo en relación a su superficie- pagando por el pescado como si lo trajeran de las zonas más áridas de África.
Situación similar vive la gente de Santiago que paga un servicio de transporte urbano, en relación al sueldo que reciben, como si fuera de lujo. El traslado en la capital es de animales y si sacamos la cuenta, sale más barato andar en automóvil, los que tampoco están excentos de pagos absurdos ya que para transitar por las pistas de alta velocidad, deben pagar el TAG.
Sería bueno que la brecha con los demás países se vaya estrechando para que las personas dejemos de ser los más castigados desde que la dictadura se hizo presente. Antaño, las políticas sociales del país eran mucho mejores, lo que indica a todas luces que es posible. Partiendo por el sistema de previsión social (AFP), que es un asalto a mano armada ya que, ni siquiera, podemos decidir al respecto.
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