jueves, 25 de junio de 2015

La necesidad de que se establezcan bancos públicos


Vicenç Navarro, Público.es

Cuando el Profesor Juan Torres y yo escribimos las líneas estratégicas para desarrollar el programa económico del nuevo partido Podemos (documento que ha servido de base para la reflexión y preparación de tal programa por dicho partido político), una de las recomendaciones que hicimos fue que se expandiera el sector público bancario, uno de los más pequeños en la UE-15, siendo la escasa dimensión del mismo una de las causas de que España sea uno de los países en esta comunidad donde ha sido más difícil para las familias y para las pequeñas y medianas empresas conseguir acceso al crédito, una de las causas del retroceso y lentitud de la recuperación económica. Pero nuestra recomendación no se paró aquí. Fuimos incluso más allá, sugiriendo un cambio constitucional que declarara la provisión de servicios de la banca privada como una función pública, es decir, que las bases de su existencia fueran la provisión de crédito. Los taxis en España, por ejemplo, son privados, pero ejercen una función pública, que justifica los privilegios que obtienen, como es el de utilizar carriles de transporte reservados para el transporte público.

Ni que decir tiene que, como era previsible, la respuesta de la prensa económica, controlada por la banca privada, así como de las páginas económicas de los grandes medios de información y persuasión, que están endeudados hasta la médula, lo cual explica su actitud casi servil hacia el poder financiero, fue de una enorme hostilidad, alcanzando niveles de una bajeza y mezquindad que yo nunca había visto y experimentado en los muchos países en los que había vivido y trabajado durante mi largo exilio (Suecia, Reino Unido y EEUU). Y como era predecible, el panfleto del Ibex-35, que se titula Nada es gratis (fundado, entre otros, por el asesor económico de Ciudadanos, que también asesora a la banca privada), dedicó toda una serie de artículos para desacreditar nuestras propuestas y, cómo no, a nosotros, sus autores.

Dejando aparte los insultos, mentiras y falsedades (que caracterizaron las páginas de tales fórums, consecuencia de su escasa cultura democrática), es importante centrarse en la línea central de su argumento, que subraya que, como ya han mostrado las cajas de ahorro, la banca pública ha fracasado en España, consecuencia de su instrumentalización por el poder político que las controlaba. “¿Cómo Navarro y Torres pueden todavía hoy hacer tal propuesta cuando la experiencia de las cajas de ahorro ha mostrado tan claramente el desastre de la banca pública?”. Esta frase, o algo parecido, apareció en la mayoría de las revistas económicas donde se reproduce la sabiduría convencional.

Las cajas de ahorros no eran bancos públicos

El problema con tal argumento es que las cajas de ahorro no eran bancos públicos. Utilizar el supuesto fracaso de las cajas de ahorro como muestra del fracaso de la banca pública es insostenible e irrelevante, pues no están comparando manzanas con manzanas, sino con melones. Las dos entidades –las cajas de ahorro y los bancos públicos- son distintas, en su identidad, en su gobernanza y en sus objetivos. Veamos los datos.

Las cajas de ahorro no eran propiedad de accionistas que cotizaran en el mercado bursátil, ni tampoco eran propiedad de una autoridad pública a la cual rindieran cuentas. No estaban ni sometidas a lo que se llama la disciplina del mercado (aunque en España tal disciplina tampoco caracteriza el mercado financiero altamente concentrado) ni tampoco eran responsables (“accountable”, en inglés) ante una autoridad que las poseyera. Las cajas eran instituciones privadas, parecidas a las fundaciones, sin que estuvieran sujetas al régimen jurídico de las fundaciones. Según las leyes que regularon su gobernanza (leyes aprobadas en 1985 y en 2002), sus órganos de gobierno tenían tres grupos de propietarios (o accionistas en la narrativa de la banca privada). Uno eran personajes procedentes de administraciones públicas (que no debían representar un porcentaje mayor del 50% del Consejo Directivo); otros eran los clientes-impositores (que debían ser entre un 25 y un 50% de tales cargos); y otros eran los trabajadores de la entidad (que representaban entre un 5 y un 15%).

Tal diversidad de tipo de “accionistas” (diversidad que se incrementaba al incluir personajes de opciones políticas existentes dentro del grupo asignado a la administración pública) facilitó la concentración del poder en manos de los gestores de las cajas, que llegaron a tener un enorme poder, que muchos utilizaron de forma clientelar e incluso corrupta, como fue el caso del Presidente de Caja Madrid. Fue esta enorme concentración de poder en los presidentes de las cajas, con limitada presión para rendir cuentas, lo que creó el supuesto fracaso de estas (en aquellas que fracasaron, y que no fueron todas. En realidad muchas cajas, como La Caixa, continuaron siendo altamente exitosas).

En realidad, la experiencia con los bancos públicos ha sido muy limitada en España. El ICO (Instituto de Crédito Oficial), una agencia pública, no es una banca pública pues, aun siendo una institución pública de crédito, su actividad crediticia se realiza a través de la banca privada, hecho que encarece el crédito innecesariamente y desplaza a la banca privada la gestión del crédito. En nuestro documento para Podemos hicimos la recomendación, ridiculizada por los gurús mediáticos, afines al capital financiero, de que el ICO actuara como un banco público, pidiendo prestado dinero del BCE y ofreciéndolo directamente a las pequeñas y medianas empresas, sin externalizar su gestión.

La experiencia internacional

Sorprenderá al lector que en el mundo hay muchos más bancos públicos que privados. En realidad, la banca pública existe ampliamente en Europa, y, como he documentado en otros artículos, ha jugado un papel clave en las economías que se consideran más exitosas. Los bancos públicos han sido, por ejemplo, centrales en el éxito del mal llamado milagro económico alemán. Un tanto igual ocurre en Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Austria, EUUU y Canadá. En todos estos países, estos bancos públicos (tanto a nivel central como regional e incluso urbano) han sido elementos fundamentales del desarrollo económico.

No en España, donde la banca pública apenas existe, y ello como consecuencia del enorme poder (a todas luces claramente exagerado) político y mediático que la banca privada, y muy en particular los tres grandes bancos, Santander, BBVA y CaixaBank, que controlan más del 60% del mercado financiero, tiene. En realidad, es práctica común que los dirigentes de estos bancos tengan relaciones preferenciales con los gobiernos españoles, tanto centrales como autonómicos, instruyendo a los gobernantes sobre qué políticas públicas deben aplicarse. Son también los bancos privados los que canalizan predominantemente el enorme fraude fiscal realizado (el 73%) por las grandes fortunas y por las grandes empresas, que detraen del fisco casi 43.000 millones de euros al año. Hoy la banca privada, en complicidad con los paraísos fiscales, juega un papel central en el fraude fiscal. El mayor fraude que existe en España está también relacionado con la excesiva extensión de su banca privada (casi tres veces superior en proporción que en EEUU).

Pero la situación es todavía peor; la banca privada, incluyendo los tres grandes bancos citados en el párrafo anterior, ha conseguido millones y millones de euros prestados del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un enorme lobby de la banca privada) a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Con este mismo dinero, en lugar de ofrecer crédito, ha comprado deuda pública que tenía una enorme rentabilidad, pues la compraba a unos intereses del 6, 8, o incluso 12% en el caso de los bonos públicos del Estado griego. Es el chollo del siglo. Imagínese usted, lector, que recibe dinero a unos intereses bajísimos, y con este dinero prestado se compra algo que le da unos intereses muchísimas veces superiores a los que usted pagó. Se haría millonario en pocos días. Pues esto fue lo que ocurrió con la banca privada española.

Las complicidades entre la banca privada y el poder político

La complicidad entre el Banco Central Europeo y la banca privada ha alcanzado niveles escandalosos. Pero lo que es incluso más indignante es que, cuando los bancos privados, incluidos los tres grandes, comenzaron a comprar tanta deuda pública (incluyendo de Grecia) que podrían incluso colapsar en caso de que los Estados, como Grecia, no pudieran pagarles, entonces el BCE, el FMI y los gobiernos de la UE les compraron la deuda pública a fin de que no perdieran y salieran dañados. La famosa deuda pública griega se debe ahora no a los bancos privados, sino a las autoridades públicas que gastaron el dinero de los contribuyentes del erario público de cada país para salvarlos del colapso. Y para colmo de desfachatez, ahora los gobiernos que ayudaron de una manera descarada a la banca, como fue el gobierno español, movilizan a la opinión popular para atacar al gobierno Syriza diciéndole que deben pagarles la deuda, la cual ha hecho mucho daño a Grecia, y cuyo rescate para salvar a los bancos también se ha hecho a costa de más y más recortes en los países cuyos gobiernos ayudaron a la banca privada. En Europa, hoy, el que no está indignado es porque no conoce lo que pasa en su entorno.

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