Podíamos leer en The Guardian ayer que Margaret Thatcher y su canciller Sir Geoffrey Howe estaban detrás de un plan políticamente tóxico en 1982 para desmantelar el estado del bienestar. La “transparencia” a la que obliga que 30 años después se publiquen los documentos oficiales revela en primera página las raíces ideológicas y la matriz neoliberal de los ataques a la dependencia, a los servicios públicos, a la ciudadanía y a los derechos humanos. El tema es tan importante que The Guardian le dedicó ayer un editorial jugando con la historia. Dice:
“los tiempos son difíciles. El crecimiento económico está estancado. La factura de servicios públicos se ha disparado y sólo se prevé que seguirá creciendo mientras disminuyen los ingresos de la nación. (…) La conclusión: el país ya no puede permitirse el estado de bienestar”.Sólo que estas frases que nos parecen tan actuales (y tan exportables al discurso pepero en España) se formularon en 1982. Sin embargo, explican perfectamente (porque siguen el guión al pie de la letra) las rapiñas de Ignacio González, Mariano Rajoy o Artur Mas, y sus repetidas justificaciones (no por ello menos mendaces ni rastreras). Por ejemplo, el documento base del Gabinete de Thatcher aseguraba que la asistencia social debía enmarcarse en un contexto de “eficiencia y economía, y siempre en una cuestión de precio y nunca de valor“. ¿Les suena, verdad?
Este documento fundacional de la estafa se pergeñó en 1982, y en sus conclusiones se contempla la destrucción del Estado de bienestar, y en especial del Servicio Nacional de Salud. Hace 30 años, por suerte, o por falta de habilidad de la Thatcher que tenía demasiados frentes abiertos y muy poca sutileza, en su Gabinete de coalición se desencadenó un auténtico motín. Sin embargo, un material político de este estilo se consume a fuego muy lento, en un proceso orgánico que se va alimentando de substratos anteriores… Hasta que vuelve a brotar la llama privatizadora. Lo cual no quiere decir que la destrucción de las conquistas sociales sea inevitable, ni inexorable… como siempre, de nosotros depende.
Algunos protagonistas actuales del lado oscuro, del desmantelamiento del sistema, podrían argumentar, según el periódico inglés, que el debate se inició antes de tiempo, y que si ahora triunfa se debe en parte, también, a que la socialdemocracia “compró” el nuevo modelo disfrazándolo de “reformas” y asumiéndolo como una cuestión de eficiencia para no tener que declarar la vertiente ideológica de los “recortes”. Sin embargo, si se presenta la idea (o las políticas) de bienestar como una cuestión que pertenece esencialmente a la actividad económica, se mutila gravemente su ambición moral… y la dignidad que nos confiere como ciudadanía.
The Guardian nos recuerda que en sus memorias, Thatcher afirmaba que las propuestas contra el Estado del Bienestar nunca fueron consideradas seriamente ni por ella ni por su Gabinete, pero lo cierto parece ser que tanto Thatcher como Howe habían alentado los trabajos del ya extinto thinktank CPRS para elaborar el informe y llegar a opciones radicalmente traumáticas a largo plazo… y siguieron defendiéndolas incluso después de que el Gabinete se rebelara. El escándalo fue tal que lo que se filtró a la prensa poco después sólo fue una versión ya suavizada del documento original, y aún así provocó tal revuelo que Thatcher tuvo que desmentir reiteradamente que tuviera un plan secreto para desmantelar el NHS con el Estado del Bienestar creado en la postguerra. Un mantra que vienen repitiendo, en las versiones oficiales de cada país, todos los dirigentes políticos que se cargan las conquistas sociales, mientras siempre tienen un CPRS (o una FAES) que les suministra más munición destructora pagando a alto precio la fuerza neuronal (a veces bastante deficiente) de los intelectuales (bajo palabra de honor) del sistema.
Sin embargo, la versión filtrada tampoco era tan inocua: proponía la introducción de bonos de educación (poniendo fin a la financiación estatal de la educación superior) congelar las ayudas al bienestar y que el servicio de salud pasara a depender de un sistema de seguros. (¿Verdad que les sigue sonando algo parecido en versión muy española o catalana?)
Cuenta The Guardian que la versión original era bastante más violenta con la propuesta de privatización del servicio público de salud -lo que significa, de hecho, poner fin a que la mayoría de la población pueda acceder a un servicio digno y de calidad de salud. Para los del CPRS, la mayoría de los servicios médicos debían ser de propiedad privada, y quienes necesitaran atención tendría que pagar para obtenerla. Para todos los demás, el Estado podría asumir el tratamiento, buscando siempre la manera de ser reembolsado, con la única excepción de las personas con “discapacidad mental o las personas mayores”, que “claramente no pueden permitirse el lujo de pagar”.
Como no hay casualidades, uno de los “expertos” que trabajó en el estudio CPRS es Gordon Wasserman, en la actualidad asesor de David Cameron sobre delincuencia y policía. Pues bien, dicho sujeto, cuando estaba en el centro de estudios de personal en el periodo 1981-83, propuso recortar en un 25% el número de personal docente en las escuelas estatales. Y es que, como diría el escorpión, lo llevan en la naturaleza. Y se aferran a su ideología con tanta fuerza como quienes les patrocinan se aferran a las prebendas que les representan las privatizaciones: como bulldogs enfurecidos, sólo sueltan su presa para morder la mano (y cercenar los derechos) de quienes pagamos impuestos, o sea, de quienes de verdad los alimentan.
¿Hasta cuándo?
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Ver También: La lenta agonía de la era Thatcher
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