Al cumplirse tres años de la presentación del informe de la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional, presidida por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, muy pocas de las recomendaciones contenidas en el mismo se han puesto en práctica.
Durante el 63º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas su presidente, Miguel d’Escoto Brockmann, tomó una medida audaz: convocó una “Comisión de Expertos” presidida por Joseph Stiglitz, con objeto de hacer un análisis profundo de la crisis y formular recomendaciones al respecto. La Comisión recomendó un «programa de reformas sistémicas» imprescindible para una pronta recuperación mundial.
El programa de la Comisión de Expertos presidida por Stiglitz establecía diez medidas de acción inmediata. A saber:
- Un nuevo sistema mundial de reservas basado en la ampliación de la función de los derechos especiales de giro.
- Reformas de la gestión de las instituciones financieras internacionales como las instituciones de Bretton Woods, el Banco de Pagos Internacionales y el Foro de Estabilidad Financiera.
- Un consejo de coordinación económica mundial para remplazar al Grupo de los Veinte (G-20) (“Este consejo mundial, con un rango equivalente a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, debería reunirse anualmente a nivel de jefes de gobierno para evaluar la evolución y proporcionar orientación con respecto a las cuestiones económicas, sociales y ecológicas […] que podría, por tanto, constituir una alternativa democráticamente representativa al G-20”).
- La vigilancia de las políticas económicas debe ajustarse a “la importancia sistémica del país”. Debería abarcar no solo la inflación, sino también “los niveles de desempleo, las fuentes de inestabilidad […] y los sistemas de protección social”.
- Reforma del Banco Central. Los bancos centrales “deberían tratar de garantizar la estabilidad de los precios en el marco de un crecimiento sostenible a largo plazo, sin dejar de prestar cuidadosa atención a los riesgos para la estabilidad financiera, las corrientes de capital y los tipos de cambio”.
- Políticas de los mercados financieros tanto en el plano nacional como internacional; entre otras: a. seguridad de los productos financieros, incluida la creación de una comisión de seguridad de los productos financieros; b. aplicación generalizada de la regulación financiera, entre otros, mediante un régimen anticíclico automático de constitución de capitales; c. regulación del comercio de derivados, entre otros, mediante la utilización de contratos normalizados y el registro de las transacciones en mercados regulados de contratos de derivados de considerable importancia sistémica; d. control de los organismos de calificación crediticia (cuyas normas figuran en un apéndice); e. hacia una autoridad de regulación financiera mundial para limitar el tamaño de las grandes instituciones financieras y reducir el alcance del riesgo sistémico mediante la supervisión de una autoridad de competencia mundial y de un colegio de supervisores; f. la regulación del sector financiero tendrá que basarse en el país de acogida (no en el país de origen) y podría traer aparejada la necesidad de establecer filiales, en lugar de sucursales; g. reformas de las estructuras reguladoras (“Cuánto más débil es el sistema de regulación mundial, más segmentados deberán ser los mercados financieros para garantizar la estabilidad mundial”).
- Apoyo a las innovaciones financieras para contribuir a la mitigación de riesgos. Son los países en desarrollo quienes resultan más afectados por las fluctuaciones de las tasas de cambio y los tipos de interés. “La concesión de préstamos por las instituciones financieras internacionales y regionales en monedas locales, cestas de monedas locales o unidades de cuenta regionales, así como la provisión de coberturas de las tasas de cambio y los tipos de interés podrían ser pasos importantes en el mejoramiento de los mercados internacionales de riesgo”.
- Mecanismos para el manejo de la reestructuración de la deuda soberana y de las quiebras transfronterizas, entre otros, la armonización de las legislaciones nacionales en relación con las controversias sobre inversiones transfronterizas relativas al comercio de servicios financieros.
- Finalización de una “ronda de negociaciones comerciales realmente orientada al desarrollo”.
- Financiación para un desarrollo más estable incluida la ayuda mediante “ingresos” a fin de costear los “gastos incurridos por los países en desarrollo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de sus políticas nacionales encaminadas a promover el desarrollo sostenible”.
El informe fue publicado hace ya tres años, en setiembre de 2009. No se ha vuelto a oír hablar de él. Probablemente ninguna de estas recomendaciones ha sido puesta en práctica. Evidentemente, resulta demasiado simplista decir que el “déficit de aplicación” obedece a la falta de “voluntad política” de parte de las clases dirigentes de los países más importantes de la “comunidad internacional”. Sin embargo, por eso mismo cabe preguntarse ¿por qué falta esa voluntad política? Una respuesta simple y rápida es que las clases dirigentes -y toda la parafernalia del sistema capitalista controlado por una “mafia” irreglamentable de bancócratas, cleptócratas, especuladores y burócratas del Estado- no tienen absolutamente ningún interés en reformar un sistema del cual son los principales beneficiarios.
He dedicado tiempo a resumir las recomendaciones de la Comisión Stiglitz y he hecho una crítica -más bien moderada- del informe por dos razones. La primera, es que es posiblemente el intento más ambicioso y exhaustivo de una reforma del sistema financiero que se ha hecho hasta el momento y, por lo tanto, debemos tomarlo en serio. La segunda razón -más significativa- es para prevenir que se gaste más tiempo y energía y evitar expectativas inútiles en torno a las mismas cuestiones que ya ha abarcado extensamente la Comisión Stiglitz.
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