Democracia real YA! lanza #OpEuribor para dar a conocer posibles irregularidades en el cálculo del Euribor

El equipo jurídico de DRY ha dado a conocer los detalles de una investigación sobre posibles irregularidades en la cuantificación del Euribor, la tasa de referencia para el mercado hipotecario y energético español. DRY liberó la semana pasada el contenido de la web www.OpEuribor.es, donde el equipo jurídico de la plataforma da a conocer todos los detalles de la investigación realizada sobre posibles irregularidades en la cuantificación y formación del Euribor, el tipo de interés de referencia fundamental en el mercado hipotecario y en otros ámbitos públicos, como el déficit tarifario que el Estado paga a las empresas eléctricas.

DRY expone informaciones como la forma en que se calcula el Euribor, qué legislación regula dicho proceso y cuáles son las entidades que intervienen directa o indirectamente en su elaboración y publicación. Pero el contenido principal de la página gira en torno a la investigación realizada a raíz de una inicial sospecha sobre la posible manipulación de los datos, con su origen en el estallido de la crisis. La iniciativa de DRY es similar a la realizada en Estados Unidos por el FBI, donde se investiga a 12 grandes bancos por manipular las tasas Libor y Tibor.

El cariz de #OpEuribor es, de momento, puramente informativo, porque para llegar a afirmar abiertamente que el Euribor es una estafa sería necesario acceder a las operaciones subyacentes que, según la legislación española, dan lugar al tipo de interés. Estas operaciones han sido solicitadas por el equipo de investigación tanto a la banca comercial, como al Banco de España, a la Agencia Bancaria Europea e incluso a la agencia Thomson-Reuters, que es la que publica el dato a diario.

Ante estas peticiones de información -realizadas por vía presencial, telefónica y por escrito-, ninguna de estas entidades ha sido capaz o ha querido ponerlas encima de la mesa. Por ello, ahora queda abierta una posible vía judicial para reclamar unas operaciones que deberían ser públicas, ya que de ellas dependen los intereses aplicables a miles de afectados por hipotecas, posibles desahuciados y ciudadanos que ya han sido desalojados de sus viviendas.