Juan Torres López, Carlos Martínez García y Francisco Jurado,
La extraordinaria subida de la prima de riesgo española, y la de otros países aún más cercanos al corazón de la vieja Europa, nos pone al borde del límite que la ciudadanía no debiera consentir.
Nada hay que haya cambiado en España en los últimos días, salvo la celebración de nuevas subastas de deuda pública, claro está, que haya podido dar a entender a "los mercados" que la situación de nuestra economía es peor que hace unas semanas y que, por tanto, justifique una subida en el tipo de interés que haya que pagar para financiarnos. Se trata, tan solo, de nuevas operaciones de casino que apuestan sobre seguro, provocando ellas mismas los resultados que más les convienen a inversores que, por supuesto, no albergan ninguna preocupación acerca de lo que suceda en la economía real, en la vida de la gente, sino el cómo mejorar sus posiciones de apuesta para ganar más dinero.
Cuando los bancos que habían provocado la crisis que estamos viviendo necesitaron financiación, los gobiernos y el Banco Central Europeo no dudaron en acudir en su auxilio, en una ocasiones, porque decían que eran "demasiado grandes para dejarlos" y en otras porque había que "salvar al sistema financiero", y se gastaron en ellos varios billones de euros. Más de 800.000 millones se dedicaron a salvarlos solo en Alemania y Francia.
Sin embargo, cuando fueron los estados quienes necesitaron financiación, fundamentalmente como efecto de la crisis que habían provocado los bancos y en mucha menor medida, en lugar de recibirla en las generosas condiciones en que lo hizo la banca, tuvieron que ponerse en manos de ésta. Y, gracias a ello, los bancos no solo levantaron de nuevo cabeza, prestando el dinero que recibían al 1% del Banco Central Europeo a tipos cinco o seis veces más altos, sino que así pudieron poner contra las cuerdas a los gobiernos y exigirles nuevas reformas liberalizadoras como condición imprescindible para salir de la crisis cuando, en realidad, fue la generalización de ese tipo de medidas lo que la provocó.
Los gobiernos, y en concreto el español, vienen diciendo a la ciudadanía que para acabar con esta situación hay que contentar a los mercados y que para ello es inevitable llevar a cabo las reformas que se les exigen y que, en gran parte, ya se han aplicado: del mercado de trabajo y de las pensiones, privatizaciones de empresas públicas y, pronto, de servicios públicos esenciales. Pero estas recetas se han revelado como una gran mentira, como evidencia el que ni estén produciendo los efectos beneficiosos sobre la economía con que se justifican, ni logren detener los ataques especulativos contra nuestra deuda.
Tratar de hacer frente a una situación que el propio presidente de la Junta de Andalucía calificó de "terrorismo financiero" cediendo a la extorsión, como está haciendo el gobierno del Partido Socialista, es algo peor que una simple ingenuidad. Las reformas que ha llevado a cabo sólo han servido para debilitar aún más la capacidad de generación de empleo e ingreso de nuestra economía y, al frenar la recuperación y el crecimiento de la actividad, terminarán encareciendo aún más la deuda pública a medio y largo plazo, convirtiéndose esta dinámica en un círculo vicioso que lleve a la ruina a los propios Estados, a sus servicios públicos esenciales y, por ende, a toda la ciudadanía.
Al terrorismo financiero que está destrozando economías enteras no se le puede combatir con sometimiento sino con firmeza y decisión, defendiendo la economía que crea empleo, riqueza y bienestar y cortando las alas de los capitales especulativos.
Europa tiene medios para lograrlo.
Debe garantizar que los estados dispongan de financiación adecuada a través del Banco Central Europeo, negociando para ello las condiciones que le permitan generar ingresos y no destruir sus fuentes, como ha venido sucediendo. Es una ignominia inaceptable que se preste al 1% a bancos irresponsables y que se obligue a que los pueblos tengan que hacerlo incluso al 10%, como está ocurriendo en algunos casos.
Además, Europa debe establecer impuestos y tasas sobre las transacciones financieras especulativas que las desincentiven en la mayor medida de los posible.
Y Europa tiene también la obligación moral de establecer controles de capital para impedir que financieros sin escrúpulos sigan poniendo en juego el futuro de la unión monetaria, la estabilidad económica y social y el bienestar de sus ciudadanos.
Pero ni España, ni el resto de países europeos, pueden esperar a que todo se resuelva en Bruselas. Se equivocará una vez más este gobierno, y la clase política que lo apoye, si vuelve a recortar derechos sociales creyendo que así disminuirá la voracidad de los mercados. Volveremos a ir a todos a peor, salvo la banca y las grandes empresas.
En una democracia real, las personas son las verdaderas detentadoras de la soberanía nacional y, por tanto, deben constituirse en protagonistas de las decisiones políticas que se toman, como actores y como beneficiarios principales. Si viviésemos en esa democracia real y los ciudadanos supieran de verdad lo que está pasando no consentirían el tipo de terrorismo que se está practicando, ni la complicidad de los gobiernos. Y por eso creemos que es fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas de todo tipo hagan el máximo esfuerzo para informar, concienciar y movilizar a todas las personas que, con independencia de ideologías o de posiciones política, simplemente se indignen y reaccionen ante la injusticia y la irracionalidad que se nos viene imponiendo.
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