Michael Hudson, CounterPunch
El mes pasado, Islandia votó en contra de someterse a las exigencias holandesas y británicas para que compensara a las agencias de seguros de los bancos nacionales de esos países por el rescate de sus propios inversores en Icesave. Era la segunda votación en contra del acuerdo (por una ratio de 3 a 2) y el apoyo islandés a su pertenencia a la Eurozona ha disminuido hasta el 30%. El sentimiento que albergan los islandeses es que los políticos europeos gobiernan en beneficio de los banqueros y no de la socialdemocracia que Islandia imaginaba que era la filosofía rectora, como así ocurría, en efecto, cuando en 1957 se formó la Comunidad Económica Europea (Mercado Común).
Europa, al permitir que Gran Bretaña y Holanda boicotearan a Islandia para que pagara por los errores de Gordon Brown y su homólogo holandés, ha condicionado la integración islandesa a la imposición de austeridad financiera y pobreza a su población y todo ello para pagar un dinero que legalmente no tienen por qué pagar. El problema es encontrar un tribunal honesto dispuesto a reforzar las propias leyes bancarias de Europa haciendo que caiga la responsabilidad en quien legal y realmente debe responder.
La razón por la que la UE ha luchado tan duramente para hacer que el gobierno islandés se haga responsable de las deudas de Icesave es eso que los acreedores llaman “contagio”. Irlanda y Grecia se enfrentan a deudas mucho más grandes. La troika de acreedores de Europa –el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el FMI- contemplan una devaluación de activos e impuestos progresivos para proteger sus economías domésticas de una enfermedad contagiosa.
Al igual que Grecia, Irlanda pidió un alivio de la deuda para que su gobierno no se viera obligado a recortar gastos frente a una recesión cada vez más profunda. “La prensa irlandesa informó que los funcionarios de la UE ‘se subieron por las paredes’ cuando los negociadores irlandeses hablaron de repartir la carga de forma más amplia. El Banco Central Europeo teme que cualquier movimiento de ese tipo cause un contagio instantáneo a través de los mercados de la deuda del sur de Europa”, escribía un periodista, advirtiendo del coste de asumir en los balances nacionales deuda pública de forma temeraria porque eso supone una amenaza de bancarrota para las economías.
Europa –en realidad, los bancos alemanes y holandeses- se negaron a permitir que el gobierno redujera las deudas que había asumido (excepto en el caso de depositantes menores, menos influyentes políticamente). “Los comentarios surgieron cuando las autoridades de la UE descartaron los ‘aforos’ a los inversores en Irlanda, haciendo de esto una condición para que el país pudiera conseguir un paquete de crédito por valor de 85.000 millones de euros. Dublín ha impuesto aforos del 80% sobre la deuda subordinada junior del Banco Anglo-Irlandés pero no los ha extendido a la deuda senior [la que tiene mayor prioridad a la hora de la liquidación], considerada sacrosanta”. (Ambrose Evans-Pritchard, Daily Telegraph).
Desde el punto de vista de Europa –al menos del de sus banqueros-, tenemos un amplio principio a debate: que los gobiernos deberían dirigir sus economías en nombre de los bancos y los tenedores de bonos. Deberían rescatar al menos a los acreedores importantes de los bancos que quiebran (esto es, los grandes inversores institucionales y especuladores) y pagar esas deudas y las deudas públicas vendiendo las empresas, colocando la carga impositiva sobre los trabajadores. Para equilibrar sus presupuestos tienen que recortar los programas de gasto, los salarios y el empleo público, y cobrar más por los servicios públicos, desde la atención sanitaria a la educación.
Este programa de austeridad (“rescate financiero”) ha llegado a su punto más crítico justo un año después de que Grecia adelantara un paquete de rescate por valor de 155 mil millones de dólares en mayo de 2010. El BCE, descontento por lo lentamente que la nación se ha movido para liquidar su economía, le ha dicho a Grecia que empiece a privatizar hasta llegar a los 70.000 millones de dólares en 2015. La liquidación tiene que empezar por los principales bienes inmuebles del sector turístico y el resto lo constituyen el sistema de apuestas del monopolio nacional del juego OPAP, el Postbank, los puertos de Atenas y Tesalónica, la Compañía de Alcantarillado y Agua de Tesalónica y el monopolio telefónico. Jean-Claude Juncker, el primer ministro de Luxemburgo y presidente del grupo de ministros de finanzas de la Eurozona, advirtió de que sólo si Grecia estaba dispuesta a empezar a vender activos (“consolidar su presupuesto”) estaría la UE dispuesta a ampliar el vencimiento de los préstamos de la deuda griega y a “salvarla” del impago.
El problema es que esos cambios para privatizar e imponer impuestos regresivos elevan el coste de la vida y de los negocios. Esto hace que las economías sean menos competitivas y, como consecuencia, tienen menos capacidad para pagar deudas que devengan intereses, todo lo cual lleva a un impago final aún mayor.
La respuesta financiera teórica que postula convertir la economía en un conjunto de casetas de cobro para liquidarlo todo no es sino depredadora. Los países del Tercer Mundo demostraron sus consecuencias destructivas a partir del plan de austeridad que el FMI impuso desde los años setenta. Europa está ahora repitiendo la misma política de contracción.
El poder financiero trata de conseguir lo que las conquistas de los ejércitos lograban en épocas pasadas. Al pretender lograr que las economías sean más “competitivas”, el objetivo es más a corto plazo: estrujar todo lo necesario los pagos para que los tenedores de bonos (y, de hecho, votantes) no se vean obligados a enfrentar la realidad de que muchas de las deudas son impagables excepto al precio de hacer que la economía se vea demasiado agobiada por las deudas, demasiado agobiada por los impuestos regresivos y demasiado aplastada con las cargas de las cada vez más privatizadas infraestructuras para hacerlas competitivas. Los recortes del gasto y las tasas cada vez más regresivas secan las inversiones de capital y la productividad a largo plazo. Esas economías se gestionan como si fueran una especie de compañías de las que se han apoderado los tiburones del apalancamiento de la deuda a crédito, que minimizan y externalizan la fuerza de trabajo a fin de exprimirles los ingresos suficientes para pagar a sus propios acreedores, que toman lo que pueden y salen corriendo. La táctica de este ataque financiero no es ya la fuerza militar abierta utilizada antaño, sino algo menos costoso porque sus víctimas se someten más voluntariamente.
Pero las pretendidas víctimas de las finanzas depredadoras están defendiéndose. Y en lugar de que el atacante pierda sus ejércitos y mano de obra, son sus balances los que están amenazados y, por tanto, sus propias redes de solvencia. Cuando los sindicatos griegos (especialmente los de las privatizadas empresas públicas), el Partido Socialista gobernante y los principales partidos minoritarios rechazaron esos sacrificios, los funcionarios de la Eurozona exigieron que se sometiera la política de partidos a planificación financiera y reclamaron “un acuerdo de todos los partidos en relación a cualquier revisión del rescate”. Es decir, Grecia debería responder a su oleada de huelgas y protestas populares suspendiendo la política de partido y la democracia económica. “El gobierno y la oposición deben declarar conjuntamente que se someten a los acuerdos de reformas con la UE”, explicó el Sr. Juncker a Der Spiegel.
Criticando el retraso del primer ministro George Papandreu para empezar a vender los activos del estado, los dirigentes financieros europeos llegaron hasta a proponer una agencia de privatización nacional que actuara como intermediaria para transferir los ingresos de esos activos a los acreedores extranjeros y retirar deuda pública, y que comprometieran sus activos públicos como garantía a perder en caso de incumplimiento de los pagos a los tenedores de bonos del gobierno. Al sugerir que el gobierno “creara una agencia de privatización de los activos estatales” siguiendo el modelo del Treuhandanstalt alemán, que vendió empresas del este de Alemania en la década de 1990”, el Sr. Juncker pensó que “Grecia podría ganar más por las privatizaciones de las estimaciones efectuadas de unos 50.000 millones de euros (71.000 millones de dólares)” (Evans-Pritchard).
Los banqueros europeos tienen puestos los ojos en la venta de hasta 400.000 millones de dólares de activos griegos, suficiente para pagar toda la deuda del gobierno. Si ese pago no se hiciera, el BCE amenazó con no aceptar como garantía los bonos del gobierno griego. Esto impediría que los bancos griegos pudieran hacer negocios, destruyendo su sistema financiera y paralizando la economía. Se supone que esta amenaza es para obligar a que se cumpla la privatización “democráticamente” aprobada, para después romper el poder sindical imponiendo reducción de salarios (“devaluación interna”). “Jan Kees de Pager, el ministro de finanzas holandés, ha propuesto que cualquier nuevo crédito que se conceda a Grecia debería hacerse en virtud de acuerdos colaterales por los que los prestamistas estatales europeos pudieran apropiarse de los activos griegos en caso de un impago soberano”. (Peter Spiegel, Financial Times)
El problema es que el impago final es inevitable, habida cuenta del rincón de la deuda en el que los gobiernos han liberalizado temerariamente los bancos, recortando los impuestos sobre la propiedad y los impuestos progresivos sobre los ingresos. El impago será apremiante en cuanto el BCE decida cerrar el grifo.
El BCE hace que los gobiernos no puedan financiar sus gastos
La introducción del euro en 1999 impidió explícitamente que el BCE o cualquier banco central nacional financiara el déficit de los gobiernos. Esto significa que no hay una nación que tenga un banco central que pueda hacer aquello para lo que fueron creados los bancos de Gran Bretaña y EEUU: monetizar el crédito para los bancos nacionales. El sector público ha pasado a depender de los bancos comerciales y de los tenedores de bonos. Eso representa un filón para estos, revirtiendo tres siglos de esfuerzos por crear una economía mixta financiera e industrialmente, privatizando el monopolio de la creación de crédito así como la inversión de capital en monopolios de infraestructuras públicas, que ahora se ven abocadas a pasar a conformar bloques de ventas al mejor postor: a crédito, con el ganador prometiendo pagar el mayor interés a los banqueros que absorban las tarifas de acceso (“renta económica”) que puedan extraerse.
La política se financiariza mientras las economías se privatizan. La estrategia financiera consiste en eliminar la planificación económica por parte de los representantes democráticamente elegidos, centralizándola en manos de los gestores financieros. Lo que Benito Mussolino llamaba “corporativismo” en la década de 1920 (por darle un nombre educado) es lo que ahora están consiguiendo los grandes bancos y las instituciones financieras de Europa, para colmo de ironías (aunque supongo que de forma inevitable) bajo el eufemismo de “economía de libre mercado”.
El lenguaje se adapta para reflejar la transformación política y económica (¿rendición?) puesta en marcha. La “independencia” de los bancos centrales cae bajo el eufemismo de “distintivo de democracia” y no como lo que es: la victoria de la oligarquía financiera. La tarea de la retórica es desviar la atención del hecho de que el sector financiero no pretende “libres” mercados, sino colocar el control en manos de los gestores financieros, cuya lógica es someter a las economías a la austeridad e incluso a la depresión, vender la tierra y las empresas públicas, aguantar la emigración y reducir los niveles de vida frente a una concentración cada vez más aguda de la riqueza en la parte superior de la pirámide económica. La idea es recortar el empleo público, bajar los salarios del sector público de forma que se reduzcan también los salarios del sector privado a la vez que se recortan los servicios sociales.
La contradicción interna (como dirían los marxistas) es que la masa existente de deuda sujeta al pago de intereses debe crecer, ya que recibe intereses, que se reinvierten para ganar aún más intereses. Esta es la “magia” o “milagro” del interés compuesto. El problema es que pagar interés desvía ingresos del flujo circular entre producción y consumo. La ley de Say dice que los pagos de los productores (a los empleados y productores de bienes de producción) deben gastarse, en conjunto, en comprar los productos que el capital tangible y la mano de obre producen. De lo contrario habrá un exceso de mercado y una contracción comercial, afirmándose que la red de deuda del sector financiero se está llevando la peor parte.
El sistema financiero interfiere en este flujo circular. Los ingresos gastados para pagar a los acreedores no se gastan en bienes y servicios; se reinvierten en nuevos préstamos, o en acciones y bonos (activos en forma de derechos financieros y de propiedades en la economía), o cada vez más sobre el “juego” (el “capitalismo de casino” de los derivados, el carry trade internacional, es decir, el arbitraje del tipo de cambio del tipo de interés [operación especulativa sobre la diferencia de rendimientos]) y otras reclamaciones financieras que son independientes de la economía de producción y consumo. Por tanto, mientras los activos financieros devenguen intereses –sostenidos por la nueva creación de créditos desde los teclados de los ordenadores por parte de los bancos comerciales y centrales-, la tajada financiera de la economía “real” aumenta.
La idea de pagar deudas sin que importe el coste social se apoya en modelos matemáticos tan complejos como los que utilizan los físicos al diseñar los reactores atómicos. Pero tienen un defecto básico lo suficientemente simple como para que un estudiante de matemáticas de escuela primaria lo entienda: Asumen que las economías pueden pagar las deudas que crecen exponencialmente a una tasa más alta que la del crecimiento de la producción o las exportaciones. Sólo haciendo caso omiso de la capacidad de pago –mediante la creación de un excedente económico por encima incluso del punto de equilibrio- puede uno creer que el apalancamiento de la deuda puede producir ganancias en el “balance” financiero para pagar a los bancos, fondos de pensiones y otras instituciones financieras que reciclan sus intereses en nuevos préstamos. Se espera que la ingeniería financiera dé paso a una sociedad post-industrial que haga dinero del dinero (o mejor dicho, del crédito) a través del aumento de los precios de los activos de bienes raíces, acciones y bonos.
Todo ello parece mucho más fácil que conseguir beneficios de inversiones tangibles para producir y comercializar bienes y servicios, porque los bancos pueden alimentar la inflación de los precios de activos sencillamente mediante la creación electrónica de crédito desde los teclados de sus ordenadores. Hasta 2008, muchas familias de todo el mundo veían cómo el precio de sus casas aumentaba en más de lo que habían ganado en un año entero. Esto reduce el problemático ciclo D-B-D [dinero-bienes-dinero] (utilizar capital para producir mercancías que se venden con beneficio), por D-D (compra de bienes raíces o activos ya existentes, o acciones y bonos ya emitidos, y esperar a que el banco central infle sus precios bajando las tasas de interés y liberando la riqueza del pago de impuestos para que los inversores de altos ingresos puedan aumentar su demanda de bienes y valores financieros).
El problema es que el crédito es deuda y la deuda debe pagarse… con interés. Y cuando una economía paga intereses, quedan menos ingresos para gastar en bienes y servicios. Por lo tanto los mercados se reducen, las ventas bajan, los beneficios fallan y hay menos efectivo para pagar intereses y dividendos. El desempleo se extiende, los alquileres caen, los titulares de hipotecas no pagan y los bienes raíces se arrojan al mercado a precios a la baja.
Cuando los precios de los activos se hunden, estas deudas permanecen ahí. Como la Economía de la Burbuja se convierte en una pesadilla, los políticos asumen las pérdidas de los bancos privados (a menudo fraudulentas) en el balance público. Esto está dividiendo la política europea e incluso amenazando con desintegrar la Eurozona.
¿Desintegración de la Eurozona?
A partir de los años sesenta y hasta llegar a los noventa, a los países del Tercer Mundo se les estuvo machacando con que tenían que devaluar para reducir la capacidad de compra de los trabajadores y, por tanto, también las importaciones de alimentos, combustibles y otros productos de consumo. Pero los miembros de la Eurozona están bloqueados en el euro. Esto sólo deja la opción de la “devaluación interna”: reducción de los salarios como alternativa a las restricciones de pago a los acreedores situados en la cima de la pirámide económica europea.
Se cita a Letonia como la historia de éxito de tal modelo. Su gobierno rebajó drásticamente el empleo y los salarios del sector público disminuyeron en un 30% en 2009-2010. Los salarios del sector privado reprodujeron ese descenso. Esto fue lo que se aplaudió como una “historia de éxito” y de “aceptación de la realidad”. Así pues, ahora el gobierno ha presentado una “enmienda de equilibrio presupuestario” que se ajuste a su impuesto de tasa única sobre los trabajadores (de alrededor del 59%, con sólo un 1% de impuestos sobre los bienes inmobiliarios). El ex candidato presidencial neoliberal estadounidense Steve Gorbes lo consideraría un paraíso económico.
“Salvar el euro” es un eufemismo que se utiliza para que los gobiernos salven a la clase financiera, con una dinámica alrededor de la deuda que está llegando a su fin, independientemente de lo que hagan. El objetivo es preservar el valor de las euro-deudas (para ellas no hay aforos) respecto a Alemania, Holanda, Francia y las instituciones financieras (ahora unidas por los fondos buitre). El precio lo tienen que pagar los trabajadores y la industria.
La autoridad gubernamental es la que más pierde de todos. Mientras el dominio público se va troceando y vendiendo para pagar a los acreedores, la política económica se escapa de las manos de los representantes democráticamente elegidos y se coloca en manos del BCE, la Comisión Europea y el FMI.
La tasa de desempleo en España es del 20%, justo un poco más que en el Báltico, siendo casi el doble entre los recién licenciados españoles. Pero, como se dice que dijo William Nassau Senior al referirse a que un millón de irlandeses habían muerto en la hambruna de la patata: “¡No es suficiente!”.
¿Hay algo que sea suficiente, algo que funcione para algo más que el corto plazo? Lo que significa en la práctica “ayudar a Grecia para que siga siendo solvente” es ayudar para que no se impongan impuestos a los ricos (los ricos no están pagando) y ayudar a reducir los salarios mientras se obliga a la clase trabajadora a pagar más impuestos, a que el gobierno (i.e. “los contribuyentes”, alias “los trabajadores”) venda la tierra pública y las empresas para rescatar a bancos y tenedores de bonos extranjeros mientras se destruye el gasto social, los subsidios a las empresas y las inversiones en infraestructuras públicas.
Un amigo griego más o menos de mi edad me contó que el gobierno redujo su pensión privada (de una empresa de ordenadores). Cuando su hijo fue a recoger su cheque de desempleo, se lo habían recortado a la mitad, sobre la base de que sus padres supuestamente tenían dinero para mantenerle. El precio de la casa que compraron hace pocos años se ha hundido. Y añade que tienen las mismas ganas de seguir formando parte de la Eurozona que las que mostraron los votantes islandeses el mes pasado.
Las huelgas continúan. La ira aumenta. Cuando la próxima jefa del FMI Christine Lagarde era ministra francesa de comercio sugirió que: “Francia tiene que reformar su código de trabajo. Los sindicatos y sus colegas ministros se mostraron reacios y la Sra. Lagarde tuvo que recular diciendo que había expresado una opinión personal”. Tal opinión está a punto de convertirse en política oficial, desde el FMI, que estaba actuando como “poli bueno” frente al “poli malo” del BCE.
Supongo que todo eso es realmente necesario para que la gente entienda cuáles son las dinámicas que están en marcha que hacen que todos esos intentos sean en vano. Los acreedores saben que el juego ha terminado. Todo lo que pueden hacer es pillar cuanto puedan, mientras puedan, pagarse a sí mismos los bonos que están “libres” de recuperación por los fiscales públicos y correr con ellos a sus bancos en los paraísos fiscales.
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