Durante décadas se relacionó al keynesianismo con las políticas socialdemócratas de gobierno intervencionista. Sin embargo, la relación de John Maynard Keynes con la socialdemocracia es compleja. Aunque fue uno de los arquitectos de los componentes claves de la política socialdemócrata –en particular su énfasis en mantener el pleno empleo- no apoyó otros objetivos principales de la socialdemocracia, como la propiedad pública o la expansión masiva del Estado de bienestar.
En las conclusiones de su obra, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, Keynes ofrece un resumen de las fortalezas y debilidades del sistema capitalista. Por un lado, el capitalismo ofrece la mejor salvaguarda de la libertad individual, de elección, y de la iniciativa empresarial. Por otro lado, los mercados no regulados no pueden lograr dos objetivos fundamentales de cualquier sociedad civilizada: “Los grandes defectos de la sociedad económica en la que vivimos son que no puede ofrecer pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos.” Ello sugería un papel más activo del gobierno, que encajaba perfectamente con tendencias importantes del pensamiento de izquierda.
Antes de la publicación de La teoría general en 1936, los socialdemócratas no sabían cómo lograr el pleno empleo. Sus políticas se dirigían a privar a los capitalistas de la propiedad de los medios de producción. Nunca se resolvió la cuestión de cómo ayudaría esto a alcanzar el pleno empleo.
Había la idea, originalmente de Ricardo y Marx, de que la clase capitalista necesitaba de un “ejército de reserva de desempleados” para mantener su margen de ganancias. Si se eliminaban las ganancias, la necesidad de ese ejército de reserva desaparecería. Los salarios de la mano de obra corresponderían a su valor y todos los que estuvieran dispuestos a trabajar encontrarían un empleo.
No obstante, independientemente de la imposibilidad política de nacionalizar la economía en su conjunto de manera pacífica, este enfoque tuvo el error fatal de ignorar el papel de la demanda agregada. Se asumía que la demanda siempre sería suficiente si se eliminaban las ganancias.
Keynes demostró que la causa principal de los periodos de desempleo fuerte y prolongado no era una usurpación de las ganancias por parte de los trabajadores sino las perspectivas fluctuantes de la inversión privada en un mundo incierto. Casi todo el desempleo en un ciclo de desaceleración era el resultado de fallas de la demanda de inversión.
Por tanto, lo importante no era la nacionalización de las reservas de capital sino socializar la inversión. La industria podría dejarse con seguridad en manos privadas siempre que el Estado garantizara un poder de gasto suficiente en la economía para mantener el nivel de inversión de pleno empleo. Ello se podría alcanzar mediante la política fiscal y monetaria: bajas tasas de interés y amplios programas de inversión pública.
En suma, Keynes quería lograr un objetivo fundamental de la socialdemocracia sin cambiar la propiedad de la industria. No obstante, él creía que la redistribución ayudaría a garantizar el pleno empleo. Una mayor tendencia al consumo serviría para “incrementar al mismo tiempo el incentivo a la inversión.” Además, las bajas tasas de interés necesarias para mantener el pleno empleo en última instancia conducirían a la “eutanasia de los rentistas” –de aquéllos que viven de sus rentas de capital.
La redistribución moderada fue el supuesto más radical en términos políticos de la teoría económica de Keynes, pero las medidas que se describieron en los párrafos anteriores también representan los límites de la intervención del Estado para él. Mientras "el Estado sea capaz de determinar el monto agregado de los recursos dedicados a aumentar los instrumentos [es decir, la base de capital] y la recompensa básica para quienes los poseen" no existe una "causa evidente" para una mayor intervención. Lo público nunca debía sustituir a lo privado, sino únicamente complementarlo.
Actualmente, las ideas sobre el pleno empleo y la igualdad siguen estando en el centro de la socialdemocracia, pero la lucha política debe llevarse a cabo en nuevos frentes. Si bien la línea de combate solía situarse entre los gobiernos y los propietarios de los medios de producción –los industriales, los rentistas— ahora está entre los gobiernos y las finanzas. Medidas como los esfuerzos del Parlamento Europeo para regular los mercados de derivados o la prohibición de las ventas al descubierto por el gobierno británico a raíz de la crisis financiera o las exigencias de limitar los bonos de los banqueros son las expresiones contemporáneas del deseo de reducir el poder para dañar la economía que tiene la especulación financiera.
Este nuevo enfoque en la necesidad de controlar el poder de las finanzas es en gran medida consecuencia de la globalización. El capital se mueve a través de las fronteras con mayor libertad y rapidez que las mercancías o las personas. No obstante, si bien las grandes firmas globales habitualmente utilizan sus altas concentraciones de recursos financieros para presionar en favor de una mayor desregulación ("o nos vamos a otro lugar"), la crisis ha hecho que su tamaño se convierta en una debilidad.
Ser demasiado grande para fracasar sencillamente significa ser demasiado grande. Keynes observó que "la precariedad de los mercados financieros es en gran medida la razón de nuestro problema contemporáneo de adquirir inversiones suficientes". Eso es más cierto ahora —más de 70 años después— que en su propia época. En lugar de obtener inversiones para los sectores productivos de la economía, la industria financiera se ha vuelto experta en conseguir inversiones para sí misma.
Una vez más, esto exige un política gubernamental activa. Sin embargo, como Keynes habría aducido, es importante que la expansión de la participación del gobierno se base en fundamentos económicos sólidos y no en la ideología política, socialdemócrata o de cualquier tipo.
La intervención del Estado debe llenar los vacíos que no se puede esperar razonablemente que el sector privado cubra por sí solo. La crisis actual ha demostrado con la mayor claridad posible que los mercados privados son incapaces de autoregularse; por lo tanto, la regulación interna es una área clave en la que el gobierno debe desempeñar un papel. De manera similar, hay cuestiones de inconsistencia de tiempo que impiden que las grandes compañías internacionales compartimenten sus mercados. Así pues, volver a levantar las barreras a los flujos de capital mediante impuestos internacionales para acordonar así las crisis antes de que se vuelvan mundiales es otra tarea para el gobierno.
No obstante, la principal contribución de Keynes a la socialdemocracia no yace en los detalles de política específicos, sino en su insistencia de que el Estado, en su calidad de protector supremo del bien público tiene el deber de complementar y regular las fuerzas del mercado. Si los mercados son necesarios para evitar malas conductas del Estado, también es necesario el Estado para evitar las malas conductas de los mercados. Eso significa limitar su poder y sus ganancias.
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* Robert Skidelsky, es un historiador de economía británico, y autor de la premiada biografía en tres tomos sobre John Maynard Keynes. Actualmente es profesor emérito de Economía Política en la Universidad de Warwick, Inglaterra. Puede ver sus opiniones en el documental La sombra de la crisis
Este artículo está tomado de Project Syndicate
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