La publicación de los documentos de Panamá ha sido asimilada al cabo de unos días, como si de un escándalo cualquiera se tratase.
Tanto nos acostumbramos a los escándalos, que dejamos de distinguirlos, contribuyendo a una reacción pública general: todos son corruptos y la política es pura corrupción. De esto, por supuesto, se aprovecha la derecha radical y los partidos xenófobos, que no paran de crecer en todas las elecciones, a partir de Donald Trump en Estados Unidos a Nigel Farage en el Reino Unido. Farage rápidamente exigió la renuncia de Cameron, que se encuentra entre los usuarios de la oficina jurídica panameña Mossack Fonseca, responsable por asistir a más de 14.000 clientes en crear 214.488 empresas en 21 paraísos fiscales.
En algunos casos, como en el de Islandia, la indignación pública causó la dimisión del primer ministro. Pero por norma la reacción general siguió el modelo de Cameron: negar cualquier irregularidad y simplemente esperar que la indignación se disipe.
Los papeles de Panamá por supuesto recibieron un espacio muy destacado en los medios de comunicación, manteniéndose presentes varios días (nunca más de cinco). Pero los medios de comunicación hacen pocos esfuerzos para mirar más allá de los papeles de Panamá y averiguar la situación real de los paraísos fiscales. Si lo hubiesen hecho saldría a la luz una verdad muy incómoda: los mismos países que hablan públicamente en contra de esos paraísos, poco hacen para eliminarlos.
