La publicación de los documentos de Panamá ha sido asimilada al cabo de unos días, como si de un escándalo cualquiera se tratase.
Tanto nos acostumbramos a los escándalos, que dejamos de distinguirlos, contribuyendo a una reacción pública general: todos son corruptos y la política es pura corrupción. De esto, por supuesto, se aprovecha la derecha radical y los partidos xenófobos, que no paran de crecer en todas las elecciones, a partir de Donald Trump en Estados Unidos a Nigel Farage en el Reino Unido. Farage rápidamente exigió la renuncia de Cameron, que se encuentra entre los usuarios de la oficina jurídica panameña Mossack Fonseca, responsable por asistir a más de 14.000 clientes en crear 214.488 empresas en 21 paraísos fiscales.
En algunos casos, como en el de Islandia, la indignación pública causó la dimisión del primer ministro. Pero por norma la reacción general siguió el modelo de Cameron: negar cualquier irregularidad y simplemente esperar que la indignación se disipe.
Los papeles de Panamá por supuesto recibieron un espacio muy destacado en los medios de comunicación, manteniéndose presentes varios días (nunca más de cinco). Pero los medios de comunicación hacen pocos esfuerzos para mirar más allá de los papeles de Panamá y averiguar la situación real de los paraísos fiscales. Si lo hubiesen hecho saldría a la luz una verdad muy incómoda: los mismos países que hablan públicamente en contra de esos paraísos, poco hacen para eliminarlos.
Para ejemplo, según revelan los papeles de Panamá, más de mitad de las empresas fantasmas creadas por Mossack Fonseca estaban registradas en las Islas Vírgenes Británicas. La lógica es la misma que en Panamá: una empresa paga una cuota de registro, después de eso una cuota anual (nunca más de 500 dólares) y por ley la empresa tendrá que pagar impuestos sólo por las actividades realizadas en el mismo país. Basta con no tener alguna actividad comercial en Panamá u otro paraíso fiscal para escapar completamente a las autoridades fiscales locales.
Está claro que las Islas Vírgenes Británicas son un territorio británico, al igual que las Bahamas, Bermudas, Turk y Caicos y por tanto, Londres podría obligar a estos territorios a cumplir las leyes internacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Los documentos de Panamá se refieren simplemente a "una empresa en un solo lugar", nota el economista Gabriel Zucman, autor del libro “La riqueza oculta de las naciones: La plaga de los paraísos fiscales". "Por lo tanto” --añade Zucman-- “no pueden ser representativos de lo que está sucediendo en todo el mundo". Se desconoce el número total de empresas registradas con el intuito de evadir impuestos.
De hecho, Zucman estima que hoy en día en los paraísos fiscales se oculta la asombrosa cifra de 7,6 billones de dólares, un 8% de la riqueza financiera mundial. El economista nota que según el Financial Secrecy Index, publicado por la Red de Justicia Fiscal, con sede en Washington, Estados Unidos es uno de los principales paraísos fiscales, justo detrás de Suiza y Hong Kong.
Un excelente ejemplo de doble rasero. Después de revelarse que los bancos suizos ocultaban capitales norteamericanos (que llevó el Tesoro estadounidense a aplicarles una fuerte multa), en 2010 los EE.UU. aprobaron la Ley de Foreign Account Tax Compliance (ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), la cual requiere que todas las empresas financieras del mundo compartan datos sobre estadounidenses con cuentas en el extranjero. Pero al mismo tiempo los EE.UU. se niegan a firmar cualquier acuerdo de intercambio de información financiera con otros países.
El Sr. Kleinbard y la Sra. Lowe, del Global Financial Integrity, afirman que los bancos estadounidenses están plagados de dinero procedente de inversores extranjeros. Kleinbard, que era jefe de gabinete de del comité conjunto sobre impuestos del Congreso, declara: “EEUU exige que el resto del mundo revele cuando un americano tiene una cuenta en una institución extranjera, pero EEUU no devuelve el favor al no proporcionar información similar sobre inversores extranjeros en bancos norteamericanos a las jurisdicciones domésticas de aquellos”.
Pero, en realidad, el secreto de los bancos estadounidenses va más allá. De hecho, varios Estados americanos usan sus privilegios constitucionales para proteger a sus bancos, incluso del gobierno central. Heather A. Lowe, la asesora legal y directora de asuntos gubernamentales de Global Financial Integrity en Washington, advirtió que el problema estaba en cualquier Estado americano, no sólo en el más notorio. "Se pueden crear compañías anónimas en cualquier lugar en los Estados Unidos: El motivo por el que la gente conoce Delaware, Nevada y Wyoming es que esos estados hacen marketing a nivel internacional".
Por ejemplo, el secretario de Estado de Delaware ha subrayado en sus informes anuales que este esfuerzo de marketing ha permitido al "Estado conectar con miles de profesionales del derecho en docenas de países en todo el mundo que relatan el fenómeno de Delaware". Nevada contaba con un anuncio similar en la página web del Estado: ¿Por qué incorporar en Nevada? informes y requisitos de revelación mínimos. Accionistas no son registro público".
John Cassara, un ex agente especial del Departamento del Tesoro, escribió en el New York Times del 7 de abril sobre la frustración que los agentes fiscales sienten al tratar de investigar "quién o qué está detrás de esa empresa: básicamente te retiras. No importa si es el FBI, a nivel federal, estatal o local. Ni siquiera el Departamento de Justicia puede obtener la información. No hay nada que hacer." Cassara tuvo que abandonar una investigación en Nevada cuando encontraron una corporación que había recibido más de 3.700 transferencias electrónicas sospechosas, por un total de más de 381 millones de dólares.
Claramente, no se pueden establecer reglas para la gobernanza mundial cuando los países ricos e importantes tienen un doble rasero, y ni siquiera consiguen poner orden en su propio hogar. Pero la falta de gobernabilidad global se vuelve aún más evidente cuando descubrimos que los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) debaten la temática de impuestos globales excluyendo a todos los otros países del mundo.
El Grupo de los 77 y China, que cuenta con 134 miembros, ha pedido en repetidas ocasiones que la ONU desempeñe un papel más importante en la cooperación fiscal global, siempre en vano. Importa notar que en la lista de titulares de cuentas en Panamá encontramos un gran número de personalidades de los países árabes, China, Nigeria, Brasil y así sucesivamente. Pero hay un problema cultural, al que no se encuentra solución.
Las autoridades fiscales de los países de la OCDE consideran que en asuntos delicados, es mejor excluir a los países en desarrollo, porque su presencia facilitaría un mecanismo de negociación que podría dejar a los países de la OCDE en posición minoritaria. Adoptar ese mecanismo significaría reconocer que la gobernabilidad mundial se alcanza únicamente a través de un sistema de consulta y decisión democrático.
Sin embargo, tal reconocimiento no refleja en absoluto el estado de ánimo que prevalece en un mundo cada vez más fracturado. Por lo tanto, es más lógico esperar muchos más escándalos, seguidos de unos días de atención a los nombres involucrados, seguido de una recaída total, hasta que surja el próximo escándalo.
¿Cuánto tiempo puede durar este ciclo sin dañar los cimientos de la democracia? Difícil de predecir. Entretanto, algunos defensores del sistema actual ya afirmaron que los escándalos son la prueba de que la democracia está viva. Pero si la falta de confianza ciudadana en las élites políticas y económicas sigue aumentando, cuesta creer que tales escándalos ayuden a la democracia…
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