Bolivia está sumida en una grave crisis política producto de las rencillas entre la oligarquía dominante y esclavista y el gobierno de Evo Morales que busca enrielar a los capitalistas en la senda de un funcionamiento de respeto tanto a los trabajadores (salarios dignos) como al Estado (pago de impuestos). Sin embargo, la derecha ha convocado a un referéndum separatista que pretende dividir a Bolivia en dos: a Evo gobernando en el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) y a la derecha con el resto del país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y, parcialmente, Chuquisaca y Cochabamba).
Hasta ahora, Evo Morales no ha podido frenar la conspiración sediciosa de la derecha boliviana ni con las leyes del Parlamento, ni con los decretos presidenciales, ni con las advertencias del Tribunal Constitucional, ni con la ayuda de la Iglesia Católica, ni con la intervención de la OEA.
La rebelión es encabezada por Ruben Costas, el prefecto de Santa Cruz, y por Branco Marinkovic, millonario fascista que encabeza a los cien clanes que controlan la tierra, la economía y el poder regional. En su campaña divisionista, han hecho un llamado para votar en un referéndum al margen de la Constitución que persigue sacar del gobierno a Morales, ofreciendo al pueblo mejores salarios, seguro gratuito de salud, viviendas y agua potable para los indígenas.
En su discurso, los cabecillas Marinkovic y Costas han arrebatado al gobierno su bandera de lucha pues en estos dos años el gobierno no ha podido mejorar los magros salarios que reciben los bolivianos (110 dólares como promedio mensual), ni entregar tierras a los campesinos ni detener la explotación laboral, lo que ha empeorado la situación de los trabajadores.
Dado que en este mismo período las ganancias empresariales se han triplicado producto de los altos precios de las materias primas que eluden impuestos, la derecha lleva todas las de ganar en el referéndum convocado para el próximo domingo en Santa Cruz. Y se piensa sería seguido de inmediato por otros similares en las otras regiones por lo que Evo Morales sería prácticamente destituido de su mandato.
Aunque los más duros del gabinete de Morales consideran que hay que impedir el referéndum usando al Ejército y la Policía y detener a los conspiradores y decretar un estado de sitio, se teme que la población rebase a los uniformados y se produzca un baño de sangre que haría imposible al gobierno lograr un acuerdo nacional.
Lo que se juega el gobierno de Bolivia, hoy en la encrucijada, es su derecho a decidir cómo utilizar los recursos de sus tierras para el bienestar de sus habitantes y para no contribuir a los beneficios, cada vez más demenciales, de las multinacionales y la clase propietaria.