Hace unos días hubo protestas a lo largo del territorio español contra una lacra existente en España que debe denunciarse con toda intensidad: la violencia de género en contra de la mujer. Según datos oficiales del Estado español, en el año 2014 fueron asesinadas en España 54 mujeres por hombres, en situaciones y contextos de violencia en el ámbito familiar, conocidos en España como violencia de género. Catalunya y Andalucía estaban en 2014 a la cabeza del ránking de esta violencia de género. Previsiblemente, todos los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones vecinales, los grupos profesionales, y muchos otros salieron a la calle para expresar su profundo rechazo y protesta. Aplaudo tal movilización que espero se extienda a lo largo del territorio español para subrayar un ‘Basta ya’ a este tipo de violencia que nos empobrece a todos y que señala lo mucho que todavía nos queda por hacer contra la discriminación de género.
Pero quisiera ahora referirme a otra enorme violencia que, de ser tan común, ya pasa desapercibida. Y me estoy refiriendo a la violencia contra el mundo del trabajo, resultado de otro tipo de discriminación en España, de la cual apenas se habla y que es una de las formas de discriminación más extendidas en este país, la discriminación por clase social, discriminación que, por cierto, está aumentando y que apenas se reconoce como tal.
