En enero de 1916 el entonces presidente Woodrow Wilson designó a Louis Brandeis como ministro de la Suprema Corte. El debate que siguió en el Congreso fue uno de los más impetuosos y duró más de cuatro meses. La oposición desconfiaba de las inclinaciones progresistas de Brandeis, en especial en lo que se refería a la legislación antimonopolios. Al final, obtuvo la aprobación y a lo largo de los siguientes 23 años este jurista dejó una profunda huella en las decisiones del más alto tribunal estadounidense.
La política antimonopolios se basaba en la ley Sherman anti-trust de 1890. Hay que recordar que en el último cuarto del siglo XIX la economía estadounidense atravesó un periodo de fusiones y adquisiciones que llevaron a la consolidación de grandes corporaciones en casi todas las ramas de la industria y los servicios.
Los orígenes de esa ley no se relacionan con el tema del bienestar de los consumidores (afectado por prácticas no competitivas en la fijación de precios), sino por la desmedida influencia política que adquirían las grandes empresas. Brandeis compartía esta visión y a lo largo de su carrera luchó contra la aglutinación de poder financiero, industrial y político que distorsionaba no sólo las estructuras económicas, sino el entramado de la democracia en la sociedad estadounidense. Su obra inspiró la aprobación de la ley Clayton (1914), que complementó y facilitó la aplicación de la ley Sherman, y todavía más importante, la ley Glass-Steagall (1932), que separó las actividades de los bancos comerciales y las de la banca de inversión. Esta última dio estabilidad al sector bancario durante siete décadas y cuando fue derogada bajo la administración Clinton en 1999 abrió las puertas a la crisis financiera de 2007.
