Diplomacia pendenciera de Ecuador

Antonio Gershenson, La Jornada

Era de esperarse. Otro mandatario latinoamericano se ha propinado un espectacular autogol, al violar el derecho internacional invadiendo territorio soberano de una embajada reconocida por su gobierno.

Al parecer, Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, no conoce los convenios que resguardan los derechos internacionales de asilo político. O tal vez los ignore por voluntad propia.

Recordemos cómo el gobierno de Lenín Moreno autorizó una especie de autoviolación diplomática al permitir que el grupo de espionaje llamado Scotland Yard irrumpiera en su propia embajada para arrestar –ilícitamente– a Julian Assange, periodista refugiado político en esa sede ecuatoriana durante siete años.

No queda duda, para dirigir un país no sólo es necesario obtener la mayoría de votos libres, es necesario que el aspirante a gobernar demuestre, con hechos, el incuestionable perfil político y, sobre todo, una incorruptible voluntad democrática.

En el caso de Daniel Noboa, empresario ecuatoriano y también estadounidense, ha demostrado ignorancia en los asuntos de política exterior, aunque también queda en evidencia su gran falta de cultura general y conocimiento sobre los convenios que ha firmado el país que gobierna.

Podríamos suponer, en todo caso, que la violación a la embajada mexicana se trata de una especie de ignorancia supina, combinada con una postura arrogante y pendenciera. Y si no es así, ¿por qué el trato violento al cuerpo diplomático mexicano?

La política exterior ecuatoriana está diseñada, en el gobierno actual, para ser un enclave intervencionista por parte de Estados Unidos. El repudio a los gobiernos progresistas del área por parte de la oligarquía estadounidense y la nacional, mantiene vigente la posibilidad de intervenir militarmente en todo aquel país que se atreva a defender su independencia y soberanía, que afecte la economía y la política de los gobiernos republicanos o demócratas.

Claramente, el gobierno de Ecuador justificó las medidas tomadas para secuestrar a Jorge David Glas Espinel, vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno y expulsado posteriormente, acusado de desviar fondos para programas sociales durante el periodo de Rafael Correa, ex presidente de esa nación.

En 2007, Glas dirigió el Fondo de la Solidaridad de ese país sudamericano, con la instrucción de utilizar las ganancias de esa organización para invertirlas en diversos programas sociales que caracterizaron al gobierno de Correa.

En el caso del secuestro de Glas, puesto que ya era refugiado político en la embajada de México, el asalto a la sede y maltrato al personal diplomático no procede como acto legal inscrito, ya sea en el convenio de Viena o en cualquier otro referente al derecho internacional.

La declaración de las autoridades judiciales ecuatorianas intenta avalar el atropello al territorio de la embajada de México en Ecuador. Y, por más que quieran disfrazar de lícito el acto de secuestro a un ex funcionario, la violación al derecho internacional de asilo político la han consumado.

Esta forma de actuar es un signo de que Noboa, además de poner en riesgo a la población ecuatoriana, también se autodevalúa como gobernante.

Cometieron un delito demasiado provocador. El 5 de abril de 2024 violaron flagrantemente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La embajada mexicana, en cualquier parte del mundo, tiene derecho a proporcionar el asilo a quien lo solicite, por la razón que sea y, por supuesto, por motivos de persecución política.

En el artículo 22 de la convención firmada por Ecuador en 1961, claramente está escrito que son inviolables todos los espacios de las misiones diplomáticas. Ningún sitio puede ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución por parte de las autoridades del Estado receptor, es decir, de Ecuador, en este caso.

Al más puro estilo gringo, un comando policiaco asaltó la soberanía de un país hermano. Porque así nos hemos identificado históricamente.

La opinión internacional está fijando su postura. Varios países, entre ellos, Brasil, Cuba, Nicaragua, Chile, Venezuela y otros más, han manifestado su apoyo al pueblo y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, único presidente en funciones que ha solicitado personalmente al presidente Joseph Biden que se respeten los derechos humanos violentados por su política belicista y atrasada en cuestión humanitaria.

Bienvenida la solidaridad internacionalista. Aunque les afecte emocionalmente a los amplios sectores de la caduca oligarquía mundial.