La crisis de los huevos contaminados con fipronil ha puesto de manifiesto las grietas del sistema alimentario europeo, que ya ha sembrado dudas a los consumidores en la última década con otros episodios como el de la gripe aviar, la carne de caballo o el E.Coli.
Si en los últimos meses Bruselas presumía de su estricto sistema de control y miraba con recelo a Brasil por un fraude en la venta de carne en mal estado que salpicó incluso las negociaciones del acuerdo con Mercosur, la Unión Europea (UE) tiene ahora que analizar sus fallos y devolver la confianza a sus propios consumidores.
El escándalo de los huevos con fipronil recuerda al de la carne de caballo detectada en 2013, que afectó a más de 20 países, y que se vendía en preparados cárnicos como vacuno. Los expertos aseguraron entonces que las trazas de carne equina no implicaban un riesgo sanitario, pero el asunto dañó la confianza de los consumidores europeos e hizo dudar de la efectividad de los controles en la cadena alimentaria.
El fraude de la carne equina volvió el pasado abril con la denominada operación Gazel, que desmanteló una red ilegal de venta de carne equina y se saldó con más de una veintena de detenidos en España, algunos de los cuales ingresaron en prisión imputados por delitos contra la salud pública, blanqueo, falsedad y pertenencia a organización criminal. El tema afectó también a Francia, Italia, Bélgica y Portugal y saltó, según dijo entonces la Comisión Europea (CE) gracias a los nuevos puntos de control establecidos a raíz del escándalo de 2013.
El nuevo fraude, esta vez en partidas de huevos contaminadas con un insecticida de uso ilegal en la cadena alimentaria, ha recordado a Bruselas la necesidad de seguir trabajando en el asunto. La Comisión Europea ha evitado tratar el tema con la palabra "crisis", dado que técnicamente, según los niveles detectados hasta ahora, no hay un riesgo potencial para el consumo, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica el producto como "moderadamente tóxico" y los umbrales "máximos" establecidos a nivel europeo han sido superados en algunas partidas.
El fipronil no ha causado ninguna intoxicación mortal, contrariamente al brote del E.coli en 2011, que afectó sobre todo a los productores de pepino en España porque erróneamente se señaló en Alemania a esa hortaliza española como el origen del brote infeccioso. Murieron 15 personas en Alemania y una en Suecia, aunque la CE solo confirmó tres fallecimientos, y hubo 347 infectados en Alemania, 30 en Suecia, 13 en Dinamarca, 6 en Francia, 7 en Holanda, uno en Suiza y 6 en Estados Unidos, y dos casos de españoles que habían viajado a Alemania en ese momento.
La UE revive también los fantasmas de la crisis de las vacas locas, que estalló en 1996, causó cientos de muertes en una decena de países y pérdidas millonarias en la ganadería europea, o el caso de las dioxinas detectado en Bélgica en 1999, con la contaminación grave en piensos compuestos en explotaciones de aves de corral.
El sistema de control alimentario europeo se rige por una herramienta de alerta rápida compartida por los Estados miembros (RASFF, en sus siglas en inglés), creado en 1979 y en el que los países envían notificaciones urgentes cuando detectan algo anormal en sus alimentos. Según el último informe del RASFF, las alertas pasaron de 523, en 2012, a 821 en 2016.
El escándalo del fipronil, sin embargo, ha puesto en duda que los países utilicen correctamente este sistema, dado que, si bien Bélgica había detectado la sustancia en huevos en junio, no lo comunicó al resto de países hasta el 20 de julio. La sospecha recae en la empresa holandesa Chickfriend, que supuestamente comercializó como "bio" un tratamiento para las gallinas con este insecticida, que estaría en el origen del fraude. Sus dos administradores, detenidos desde el pasado jueves, permanecerán en la cárcel al menos dos semanas más tras declarar hoy ante el juez.
Bélgica, además, acusó a Holanda de haber detectado la sustancia en noviembre y de "ralentizar" la gestión de la crisis, mientras la CE intenta hacer de árbitro y dice que no va a entrar "en un juego de culpas". Sin embargo, ahora tiene que analizar su papel como supervisor y la eficiencia de las normas comunitarias, para lo que ha convocado una reunión el próximo 26 de septiembre en la que espera extraer nuevas lecciones de este escándalo y poner en marcha nuevas medidas.
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Via Público
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