Thomas Piketty, Sin Permiso
Mientras las tensiones sociales amenazan con bloquear a Francia y el gobierno sigue negándose al diálogo y la negociación, su propuesta de legislación laboral se revela cada vez más como lo que es: una metedura de pata terrible, uno más de un periodo presidencial perdido, y tal vez el más grave. El gobierno nos quiere hacer creer que paga el precio por ser reformador, y que tiene que luchar solo contra el conservadurismo. La verdad es muy diferente: en este tema, como en otros antes, quienes ostentan el poder multiplican sus improvisaciones, mentiras y chapuzas.
Lo hemos visto ya en el caso de la competitividad. El gobierno comenzó suprimiendo - erróneamente - las contribuciones de los empleadores decididas por el gobierno anterior, antes de poner en marcha un increíble mecanismo para reembolsar a las empresas en forma de rebajas fiscales la parte que las empresas habían contribuido el año pasado, con una gran pérdida de credibilidad relacionada con la falta de legibilidad y durabilidad del dispositivo. Por el contrario, habría que haber puesto en marcha una ambiciosa reforma de la financiación de la seguridad social.
Falta de preparación y cinismo
Con la ley de trabajo nos enfrentamos a la misma mezcla de falta de preparación y de cinismo. Mientras que el desempleo ha aumentado de manera constante desde el año 2008, con un medio millón de parados más (2,1 millones de solicitantes de empleo Clase A a mediados de 2008, 2,8 millones a mediados de 2012, 3,5 millones a mediados de 2016), no se debe a que la legislación laboral de repente se ha vuelto más rígida. Es porque Francia y la zona euro han causado por la excesiva austeridad una recaída absurda de la actividad en 2011-2013 , por debajo de Estados Unidos y del resto del mundo, convirtiendo así una crisis financiera llegada del otro lado del Atlántico en una larga recesión europea. Si el gobierno comenzara por admitir sus errores, y sobre todo saca las lecciones necesarias para una reforma democrática en la zona del euro y des sus criterios presupuestarios, sería mucho más fácil hacer los debates imprescindibles para llevar a cabo las reformas que necesita Francia.Es particularmente lamentable que el derecho del trabajo tenga que ser debatido. El creciente uso de los contratos de duración determinada (CDD) por las empresas francesas nunca ha reducido el desempleo. Ya es hora de adoptar un sistema de bonus-malus que permita poner coto a los empleadores que abusan de la precariedad y del desempleo. De manera más general, hay que restringir el uso de los CDD a los casos que realmente se justifiquen y hacer de los CDI la norma para las nuevas contrataciones, teniendo como contrapartida una aclaración de las condiciones de ruptura del contrato, que a menudo incluyen demasiadas incertidumbres tanto para empleados como para empleadores. Hay condiciones para una reforma equilibrada, basada en la negociación; pero por desgracia, el gobierno ha sido incapaz de proponerla al país.
El debate se centra ahora en el artículo 2 de la Ley del Trabajo, que tiene como objeto convertir los convenios de empresa en la norma habitual, con la posibilidad de desviarse tanto de los acuerdos sectoriales como de la legislación nacional, en particular en lo que respecta a la organización de las horas de trabajo y el pago de horas extras. El asunto es complejo y no se presta a respuestas simples, como muestra también el volumen del proyecto de ley (588 páginas para todo el proyecto, incluyendo 50 páginas para el art. 2). Obviamente, algunas decisiones muy específicas sobre las pausas y los horarios solo pueden ser tomadas a nivel de empresa. Por el contrario, hay otras, más estructurales, tienen que decidirse a nivel nacional, porque de lo contrario la competencia generalizada entre las empresas podría conducir al dumping social. Por ejemplo, los países que no tienen una legislación nacional ambiciosa sobre las vacaciones pagadas tienden a tomar muy pocas vacaciones, a pesar del crecimiento histórico de los salarios, lo que puede ser colectivamente absurdo.
El espejismo de unos convenios de empresa equilibrados
Sobre la cuestión de los acuerdos de empresa, algunos pensaban que su crecimiento en Alemania en la década del 2000 fue una de las claves del éxito actual del modelo alemán (véase por ejemplo este estudio). El debate está abierto, y es legítimo. Pero hay que hacer hincapié en dos puntos. En primer lugar, hay que recordar que el buen comportamiento del empleo en Alemania se explica en parte por el nivel inusualmente alto de su superávit comercial, más de 8% del PIB como media en los últimos 5 años. En otras palabras, cada vez que Alemania produce 100 euros de bienes o equipos, el país solo consume e invierte 92 euros en Alemania. Para el registro, simplemente no hay ningún ejemplo histórico de una economía de este tamaño con un superávit comercial tan importante y duradero.Es cierto que esto se explica en parte por los puntos fuertes del modelo industrial y social alemán, incluyendo su excelente integración en los nuevos circuitos de producción de Europa central y oriental tras la ampliación europea en la década del 2000, pero es también debido a la excesiva moderación salarial, que probablemente se ve agravada por el aumento de los acuerdos de empresa y la competencia generalizada entre los centros de producción, lo que en última instancia significa hacerse con parte de la actividad económica de los vecinos. Si se pretendiera extender tal estrategia a toda Europa, por definición estaría condenada al fracaso: nadie en el mundo podría absorber ese superávit comercial. Eso agravaría la tendencia actual, que conduce directamente a nuestro continente un régimen de bajo crecimiento, deflación de los salarios y alto endeudamiento.
A continuación, y lo más importante, uno de los puntos fuertes del modelo alemán son sus sindicatos fuertes y representativos. Dada la debilidad de los sindicatos franceses y de su implantación, parece ilusorio pretender desarrollar acuerdos equilibrados a nivel de empresa. En estas circunstancias, sería mejor volver a escribir el artículo 2, con el fin de favorecer los acuerdos sectoriales, que teniendo en cuenta la realidad actual del sindicalismo francés es el nivel más pertinente y más prometedor. Como han mostrado los trabajos de Thomas Breda , los delegados sindicales están prácticamente ausentes de la mayoría de las empresas francesas, no sólo de las más pequeñas, sino también de las medianas, en parte debido a la discriminación salarial de las que son objeto. Aquí nos encontramos con una cultura de la conflictividad muy apreciada por muchos empresarios franceses, como acaba de ilustrar el jefe de la patronal Medef con sus insultos estúpidos a la CGT. En el norte de Europa, hace décadas que los representantes de los sindicatos desempeñan un papel importante en los consejos de administración (un tercio de los puestos en Suecia, la mitad en Alemania), y las empresas han aprendido a utilizar en su favor la mayor implicación de los trabajadores en sus estrategias corporativas. Este modelo de cogestión, inventado después de la Segunda Guerra Mundial, podría mejorarse aún más en el futuro; por ejemplo, permitiendo a los empleados votar en las juntas generales de accionistas, que se convertirían en asambleas mixtas, lo que permitiría nombrar a administradores capaces de representar proyectos de desarrollo apoyados por ambas partes. Pero Francia se encuentra todavía en su infancia en la etapa de la negociación social y la democracia económica.
Pasar por alto las elecciones sindicales De manera más general, la principal debilidad de la ley de trabajo es no tomar suficientemente en cuenta la debilidad de los sindicatos franceses, y cómo resolverlos. Peor aún: la ley de trabajo contiene disposiciones que podrían debilitar aún más a los sindicatos y sus delegados. Esto es particularmente cierto cuando se trata de los referendos de empresa previstos en el artículo 10. El objetivo es permitir a los empleadores convocar un referéndum - y en condiciones que a menudo se asemejan a un chantaje – sobre acuerdos que habrían sido rechazados por sindicatos que representan hasta el 70% de los empleados de la compañía en las últimas elecciones sindicales en la empresa. Se entiende que a la CFDT le pueda convenir en algunos casos particulares: con un 30% de los votos se puede pasar por alto a los otros sindicatos, especialmente a la CGT, y negociar un acuerdo directamente con el empleador. Sin embargo, esta manera de pasarse por alto las elecciones sindicales - que tienen lugar cada cuatro años - es dar marcha atrás en relación a los tímidos avances democráticos que han supuesto las recientes reformas de la representación sindical en 2004-2008, y que por primera vez dan a los sindicatos con el 50% de los votos el papel decisivo en la firma de acuerdos de empresa (mientras que el sistema anterior permitía que cada uno de los cinco sindicatos históricos de 1945 pudiese firmar acuerdos, independientemente de su representación en la empresa, lo que no tuvo apenas éxito dado el modelo social francés). Todos los ejemplos extranjeros lo demuestran: la democracia económica tiene necesidad de entidades intermedias. No se conseguirá sacar a Francia de la crisis poniendo en contra y frustrando a la mayor parte de los sindicatos y el cuerpo social del país.
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