La ilusoria independencia del BCE

Yanis Varoufakis, Project Syndicate

Un compromiso con la independencia de los bancos centrales es una parte vital del credo que se supone que deben defender los responsables "serios" de la política económica (privatización, "flexibilidad" del mercado laboral y demás). Ahora bien, ¿de qué se espera que sean independientes los bancos centrales? La respuesta parece obvia: de los gobiernos.

En este sentido, el Banco Central Europeo es el banco central independiente por excelencia: ni un solo gobierno lo respalda y se le está expresamente prohibido apoyar a alguno de los gobiernos nacionales de los cuales es el banco central. Y, sin embargo, el BCE es el banco central menos independiente del mundo desarrollado.

La dificultad clave es la cláusula de "no rescate" del BCE -la prohibición de ayudar al gobierno de un estado miembro insolvente-. Como los bancos comerciales son una fuente esencial de financiamiento para los gobiernos miembro, el BCE está obligado a negarles liquidez a los bancos domiciliados en miembros insolventes. En consecuencia, el BCE se basa en reglas que le impiden desempeñarse como prestador de último recurso.

El talón de Aquiles de este acuerdo es la falta de procedimientos de insolvencia para los miembros del euro. Cuando, por ejemplo, Grecia se volvió insolvente en 2010, los gobiernos alemán y francés le negaron a su gobierno el derecho de incumplir el pago de deuda en poder de bancos alemanes y franceses. El primer "rescate" de Grecia se utilizó para sanear a los bancos franceses y alemanes. Pero esto agravó la insolvencia de Grecia.

Fue en este momento cuando la falta de independencia del BCE quedó totalmente expuesta. Desde 2010, el gobierno griego ha dependido de una secuencia de préstamos que nunca podrá devolver para mantener una fachada de solvencia. Un BCE verdaderamente independiente, que adhiriera a sus propias reglas, debería haberse negado a aceptar como aval todos los pasivos por deuda garantizados por el estado griego -bonos del gobierno, títulos del Tesoro y los más de 50.000 millones de euros (56.000 millones de dólares) de pagarés que los bancos de Grecia emitieron para mantenerse a flote.

Por supuesto, esta negativa le bajaría la persiana a los bancos griegos y conduciría de inmediato a la salida de Grecia de la eurozona, porque el gobierno se vería obligado a emitir su propia liquidez. La única alternativa sería una reestructuración significativa de la deuda para poner fin a la insolvencia de Grecia. Desafortunadamente, el establishment político de Europa, reacio a adoptar alguna de estas opciones, ha optado por prolongar la insolvencia de Grecia -que, según dice, ha sido resuelta a través de nuevos préstamos.

La aceptación actual por parte del BCE de la farsa de prolongar y fingir que exigen los acreedores de Grecia ha echado por tierra su afirmación de que es independiente. Para mantener abiertos a los bancos de Grecia, y aceptar su aval garantizado por el gobierno, el BCE está obligado a otorgarle a la deuda griega una exención de su régimen de no insolvencia. Y, para mantener apretada la soga que Grecia tiene al cuello, Alemania insiste en que esta exención esté condicionada a su aprobación -o, en la jerga de la zona euro, que el Eurogrupo de ministros de Finanzas de la eurozona confirme que "la consolidación fiscal y el programa de reformas de Grecia están en marcha".

De modo que, en verdad, son los políticos los que le dicen al BCE cuándo cortarle la liquidez a todo un sistema bancario. Si bien el BCE puede afirmar que es independiente frente a gobiernos periféricos insolventes, está absolutamente a merced de los gobiernos de los países acreedores de Europa.

Para ilustrar el enigma del BCE, vale la pena revisar el trato brindado por los acreedores al gobierno griego electo en enero de 2015. En diciembre de 2014, ya era evidente que el gobierno anterior estaba en las últimas y que el partido izquierdista Syriza iba camino al poder. El presidente del banco central de Grecia, un brazo del BCE, "predijo" que los mercados estaban enfrentando una restricción de liquidez, dando a entender que una victoria de Syriza tornaría inseguro el sistema bancario -una declaración que sería insensata si no estuviera pensada para desatar una corrida bancaria.

Para cuando yo fui nombrado ministro de Finanzas en febrero de ese año, después de la victoria electoral de Syriza, la corrida bancaria estaba en pleno auge y las acciones, en caída libre. La razón, por supuesto, era el conocimiento común de que Alemania, que se oponía vehementemente a nuestro gobierno, estaba a punto de apagar la luz verde requerida por el BCE para mantener las exenciones que le permitían aceptar el aval griego.

Con la intención de estabilizar la situación, volé a Londres para ofrecerles a los financistas un mensaje de moderación y políticas sensatas con respecto a las reformas y a la reestructuración de la deuda. A la mañana siguiente, la bolsa rebotó un 13%, las acciones de los bancos subieron más del 20% y la corrida bancaria paró.

Aquel día, el BCE, presionado por Alemania, rescindió una parte importante de su exención, cortando así el acceso directo de los bancos griegos al BCE y desviándolos a un financiamiento más costoso del banco central de Grecia (la llamada asistencia de liquidez de emergencia). Como era de esperar, los precios de las acciones se desplomaron y la corrida bancaria volvió con fuerza, lo que generó una fuga de depósitos del sistema por 45.000 millones de euros en los meses siguientes. Mientras tanto, Alemania y otros acreedores comenzaron a presionar a Grecia para aceptar nuevas medidas de austeridad como el precio a pagar por revertir la decisión "del BCE".

Esta no fue la única intervención del BCE motivada por consideraciones políticas. Igualmente agresiva fue su decisión de recortar la inversión de los bancos griegos en títulos del Tesoro del gobierno, dándoles instrucciones de rechazar refinanciaciones de la deuda. Eso disminuyó la capacidad de mi ministerio de pagarle al Fondo Monetario Internacional, que seguía insistiendo con recortes drásticos de las pensiones y con la eliminación de las últimas protecciones para los trabajadores griegos.

Durante cinco meses, mientras la soga del BCE seguía ajustándose, rechazamos las exigencias de Alemania y del FMI de mayor austeridad. Finalmente, el cese completo de toda liquidez a los bancos de Grecia en junio de 2015 obligó a su cierre. Luego de esto sobrevino la presión final para dividir a nuestro gobierno y obligar al primer ministro a renunciar -cosa que hizo, a la vez que aceptó el último préstamo de prolongar y fingir por 85.000 millones de euros.

Casi un año después, los acreedores de Grecia pedían una austeridad aún mayor a cambio de más préstamos. En ese momento, el presidente del banco central de Grecia (que había desatado la corrida bancaria original en diciembre de 2014) dijo públicamente que la postura de nuestro gobierno hasta junio de 2015 causó la pérdida de depósitos por un valor de 45.000 millones de euros, los consiguientes cierres de bancos y los nuevos créditos de prolongar y fingir. El abusador culpaba a la víctima y el BCE abiertamente abrazaba su papel de sicario de sus jefes políticos: los acreedores.

El diseño actual de la eurozona hace imposible la independencia del BCE. Peor aún, la pretensión de independencia sirve como una hoja de parra para intervenciones que no son impulsadas por motivaciones políticas, pero que también son absolutamente inconsistentes con los principios de la democracia liberal.