Un juez estadounidense aprobó ayer la bancarrota de Detroit, la mayor de un municipio en la historia de Estados Unidos, con un fallo de repercusión nacional que podría poner fin a medio siglo de protección de las jubilaciones de los empleados públicos. El veredicto del magistrado Steven Rhodes supone un hito en la historia de Detroit, que llegó a ser la cuna de la industria automotriz del país y ahora es considerada un símbolo de la decadencia urbana y la mala administración. El gestor de emergencia recién nombrado en la ciudad, Kevyn Orr, había descripto la bancarrota como la mejor opción para que Detroit recupere la estabilidad financiera, y el fallo judicial les dará a él y a otros líderes la oportunidad de poner a prueba este argumento. “Es un día trascendental”, dijo Rhodes. “Tenemos un fallo judicial indicando que esta ciudad que una vez fue próspera y orgullosa no puede pagar sus deudas. Es insolvente. Es candidata a la bancarrota. A la vez tiene la oportunidad de empezar de cero”, agregó.
Los sindicatos, jubilados y fondos de pensiones de Detroit, los cuales soportarán el grueso de las medidas de austeridad que Orr planea imponer, argumentaron en contra de la bancarrota de la ciudad en un juicio de nueve días. Orr sostuvo que planea imponer un plan de reestructuración para final de año. Rhodes también dijo que la ciudad podría reducir las pensiones en el marco de la reestructuración, pese al argumento de que la Constitución de Michigan protege a los pensionistas de recortes. En rueda de prensa, Orr sugirió que vender la colección de arte de la ciudad seguía siendo una opción. Si bien explicó que los recortes de pensiones serían necesarios para salir de la bancarrota, se comprometió a trabajar para mitigar el impacto, según publicó The Washington Post.
No obstante, el juez advirtió que él no estaba dando el visto bueno a los recortes de pensiones. “Nadie debería interpretar que esta opinión, que los derechos de pensiones son derechos contractuales, significa que este tribunal confirmaría necesariamente cualquier plan de ajuste para perjudicar a las pensiones”, afirmó Rhodes.
Detroit afronta una deuda de 18.500 millones de dólares y dificultades para suministrar incluso los servicios más básicos a los 700.000 residentes de la ciudad. Un 40 por ciento del alumbrado no funciona y unos 78.000 edificios están abandonados, en una urbe cuya población alcanzó 1,8 millón en 1950. Para cumplir los requisitos federales, la ciudad tenía que demostrar que era insolvente. De hecho, fue autorizada para acogerse a la bancarrota y decir que había negociado de buena fe con los acreedores o que las conversaciones eran inviables.
Antes de la petición de quiebra en julio pasado, casi 40 centavos de cada dólar recaudado por Detroit iba al pago de deuda, cifra que podría aumentar a 65 por ciento si no obtiene el alivio de la quiebra, como alega la ciudad. Por esta razón, Orr –quien había declarado en el juicio que la situación de la ciudad era inaceptable– emitió un comunicado en el cual elogió el fallo del juez y prometió seguir adelante con lo que llamó la revitalización en curso de Detroit.
De la deuda total de Detroit, cerca de la mitad –9200 millones de dólares– representa los beneficios de pensión y de salud que la ciudad había prometido a los jubilados. El gobierno municipal dice ahora que no tiene suficiente dinero para pagar por completo. Harry Harper, que vive en el nordeste de Detroit y se retiró en 2003 del Departamento de Agua y Alcantarillado de la ciudad después de 30 años de servicio, dijo a The Washington Post que hablar de recortes en los beneficios es un tema que lo angustia. “Me siento muy vulnerable. No sentimos que tenemos ningún tipo de protección”, dijo Harper, de 61 años, que recibe 2100 dólares al mes en pagos de pensiones.
La capital del sector del motor lleva en caída libre desde la década de 1990 y, tras nefastas gestiones de alcaldes, a lo que se sumó la crisis financiera de 2008, terminó por condenarse a la suspensión de pagos. La ciudad ha perdido un 60 por ciento de su población desde los años cincuenta. Entre 2000 y 2010 experimentó una salida de un cuarto de sus habitantes, con partes convertidas en barrios fantasmas. Además de la caída de contribuyentes y de ingresos, el desempleo, la salida de negocios y empresas provocaron que a las arcas de la ciudad no pueda ingresar lo suficiente para mantener sus compromisos y los gastos de servicios públicos. El dictamen de Rhodes afecta especialmente a los fondos de pensión municipales cuyos recursos son vitales para los 22.000 funcionarios públicos jubilados y los 10.000 empleados activos de la ciudad.
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