La actual crisis económica ha disparado las cifras de desempleo en Europa, convirtiendo el paro en el principal problema económico y social del momento: en España hemos pasado de 1,8 a 6,1 millones de desempleados entre 2007 y 2013, mientras que en la UE se ha pasado de 16,8 a 26,7 millones durante estos años. La reducción del desempleo debiera ser por tanto el referente que guíe el conjunto de la política económica.
El gobierno español, al igual que las instituciones de Bruselas, defienden su política de recortes del gasto público y de reducción de los salarios como la condición necesaria para que nuestras economías capten financiación externa, ganen competitividad y se produzca con ello la recuperación del crecimiento económico. Se fía la salida de la crisis por tanto al supuesto papel estabilizador que el “saneamiento” del sector público tendrá sobre la inversión privada, así como al motor de las exportaciones.
Sin embargo, comprobamos cómo esta política resulta un autentico fracaso en términos de creación de empleo y de recuperación económica. Los recortes del gasto público no están propiciando una reducción paralela del déficit de las administraciones, ni una recuperación de la inversión privada, en la medida en que los gobiernos han ignorado el papel del multiplicador fiscal: la reducción de las partidas del presupuesto impacta negativamente –y en mayor medida de lo esperado– en la actividad económica, lo que se traduce no sólo en un menor crecimiento económico sino también en una intensa caída de la recaudación y en nuevos gastos (desempleo, ayudas sociales, etc.). En este contexto, la inversión privada se reduce y, con ello, retroalimenta la propia contracción de la demanda agregada.
Por otro lado, los recortes salariales en las empresas no se han traducido en una mejora de las exportaciones capaz de compensar el efecto recesivo que dichos recortes tienen sobre el consumo privado. Es más, cuando estas políticas de “devaluación interna” se aplican de forma simultánea por el conjunto de los socios de la UE, como es el caso, los efectos depresivos se amplifican, en la medida en que el crecimiento de las exportaciones se ve limitado por la política de los vecinos.
Ante este fracaso resulta imprescindible propiciar un giro radical en la política económica. No obstante, una nueva política económica que tome la creación de empleo como referente fundamental debe tener en cuenta que la crisis que vivimos es sistémica y que, además de los aspectos económicos, otras dos cuestiones deben ser consideradas: la dramática situación ecológica que atravesamos y la crisis del actual modelo reproductivo. Necesitamos crear empleo urgentemente y necesitamos hacerlo sin que ello entrañe un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero –que amenazan con hacer inviable la vida en el planeta como consecuencia del calentamiento global–. Y, además, necesitamos también que –desde una perspectiva de género– la nueva política de empleo camine en la dirección de propiciar un reparto efectivo del trabajo familiar.
Señalamos tres posibles pilares en torno a los que hacer pivotar esta nueva política económica: una nueva política fiscal, una nueva política laboral y de rentas y, por último, una nueva estrategia respecto al problema del sobreendeudamiento.
En primer lugar, y tal y como reza el conocido proverbio, para salir del hoyo lo primero es dejar de cavar. Es imprescindible poner fin a la estrategia de austeridad sine die de Bruselas. Los recortes del gasto público deben dar paso a una política de intensa expansión del presupuesto dedicado a servicios públicos. No sólo para reconstruir un “escudo social” que blinde las principales necesidades de la mayoría de la población frente a los efectos de la crisis, sino también porque en un contexto de recesión de balances como el actual, en el que buena parte de los actores privados permanecen constreñidos por el peso de la deuda y por tanto sin capacidad para invertir o consumir, el sector público es el único que puede actuar como motor económico.
La expansión del gasto público debiera centrarse en determinados ámbitos que faciliten la recuperación del empleo y el crecimiento de la renta de los hogares, sin ocasionar con ello un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Resultarían así prioritarios los servicios de atención a la dependencia, la sanidad, la educación o la rehabilitación inmobiliaria, todos ellos intensivos en fuerza de trabajo y de limitado consumo energético. Es más, el propio sector público debiera ser quien impulsase la transición energética necesaria para avanzar hacia una economía sostenible, asegurando tanto las inversiones necesarias para ello como la correspondiente “transición justa” para los trabajadores de los sectores más contaminantes. Además, la financiación de tales políticas debiera producirse fundamentalmente con cargo a una intensa reforma fiscal –que grave más a quien más tiene y que persiga el elevado fraude fiscal de las rentas más elevadas– coordinada a nivel europeo. El segundo pilar de una política económica verdaderamente encaminada a crear empleo debiera pasar por una reducción generalizada de la jornada laboral, para hacer frente al desafío del desempleo sin comprometer con ello la sostenibilidad del planeta. Así, el reparto del empleo ya no haría necesaria la consecución de elevados ritmos de crecimiento y consumo material para ocupar a la población desempleada. Valga como ejemplo, a pesar de todas las limitaciones que el proyecto presentó, el caso francés: la reducción de la jornada laboral a 35 horas legislada por el gobierno de Jospin supuso la creación de más de un millón de empleos netos durante el bienio 2000-2001 en Francia.
Es más, una política de reparto del empleo, al reducir la jornada laboral diaria, sería la base para el avance en el reparto del trabajo doméstico. Un avance efectivo en la igualdad de género exigiría no obstante inversiones públicas adicionales, posibles en un contexto de nueva fiscalidad como el señalado: permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, así como la universalización de la educación infantil desde los cero años.
En paralelo a la reducción de la jornada laboral, una nueva política de rentas debiera impulsarse. Esta política de rentas tiene que partir del hecho de que en las décadas anteriores hemos asistido a un deterioro del peso de los salarios en el PIB que es necesario contrarrestar, si no queremos que crecientes volúmenes de liquidez alimenten continuamente burbujas inmobiliarias, bursátiles y financieras. Para ello deberían articularse incrementos en los salarios reales superiores al crecimiento de la productividad. Resulta por tanto necesario derogar las últimas reformas laborales, que han quebrado la capacidad de negociación sindical. De hecho, el crecimiento salarial debe coordinarse a nivel europeo, facilitándose incrementos más intensos en las economías del centro para contribuir así a limitar los desequilibrios de balanza de pagos e impulsar la recuperación de la periferia. Esta estrategia de “recuperación liderada por los salarios” vendría a reforzar la política expansiva del gasto público anteriormente mencionada.
Por último, el tercer pilar de la política económica que aquí proponemos pasa por retirar la losa económica que pesa en este momento sobre buena parte de los hogares, acometiendo quitas de las deudas privadas mediante una reducción significativa en el valor facial de las hipotecas. Políticas similares se pusieron en marcha en EE.UU. durante la década de 1930, o en Islandia en el contexto de la crisis actual, y en ambos casos las quitas colaboraron a una recuperación progresiva de la renta disponible de los hogares y, con ello, a la dinamización de la actividad económica.
El saneamiento de las entidades bancarias que una medida de estas características podría conllevar debiera hacerse con cargo a gerentes, accionistas y acreedores, y no con cargo al erario como ha sucedido hasta la fecha en nuestra economía. En cualquier caso, las ayudas públicas que pudiesen hacer falta tras este saneamiento deberían acompañarse de la correspondiente toma de control accionarial de las instituciones financieras por parte del Estado.
El cambio de orientación en la política económica aquí defendido –necesario para que la salida de la crisis se pueda producir en beneficio de la mayoría social– tiene una virtud de la que carece la estrategia actual de Bruselas: mientras que esta última presenta un carácter competitivo que devalúa su implementación, la que nosotros proponemos es de naturaleza netamente cooperativa, de forma que cuantos más países la implementen tanto mejor funcionará. Así, mientras que las “devaluaciones internas” impulsadas por la Troika al aplicarse simultáneamente en varios países refuerzan los efectos depresivos a escala continental, una recuperación liderada por los salarios resultaría tanto más beneficiosa para Europa cuantos más países la llevasen a cabo.
A pesar de ello, hoy por hoy es precisamente en el ámbito supranacional donde una estrategia alternativa como la que aquí se propone encuentra su mayor dificultad: el marco institucional del euro y el diseño de la Unión Económica y Monetaria asfixian la posibilidad de implementar una política económica alternativa. Por ello, para aplicar estas medidas es precisa una refundación integral del proyecto europeo que democratice sus instituciones, restituya la soberanía política y garantice la solidaridad interterritorial. De lo contrario, aquellos gobiernos que, en caso de producirse vuelcos electorales, quieran apostar por aplicar reformas que garanticen verdaderamente el progreso social, el empleo y la defensa de los derechos adquiridos, puede que se vean abocados –para bien o para mal– a la ruptura con la UE y a la salida del euro.
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