Geraldina Colotti, Sinistra in Rete
Que las maniobras agresivas de Estados Unidos en el Caribe no tenían como objetivo el narcotráfico lo confirman informes de instituciones encargadas de analizar este fenómeno global: informes de la ONU, la DEA, la Unión Europea y la Organización Mundial de Aduanas, a lo largo de varios años, revelan que Venezuela es un país irrelevante en la producción y el tráfico de drogas. Tanto es así que el gobierno bolivariano ha incautado el 70% de las mercancías que intentaban pasar por territorio venezolano, lo que representa apenas el 6% del tráfico total entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos.
Que las intervenciones del imperialismo estadounidense en todo el mundo no obedecieron precisamente a razones humanitarias o democráticas queda evidenciado por el largo reguero de sangre que Estados Unidos ha dejado en el Sur Global. Un artículo reciente del New York Times recuerda la impresionante lista de estas agresiones a lo largo de la historia pasada y reciente, que se extiende hasta el presente, cuando resurge la idea de imponer una nueva Doctrina Monroe en América Latina y una nueva subordinación económica, financiera y militar a sus aliados.
Los recursos militares desproporcionados y los altísimos costos involucrados en estas operaciones demuestran que había enormes intereses en juego. Las declaraciones directas de Donald Trump y Marco Rubio, así como el documento sobre seguridad estadounidense, demuestran que estos intereses buscan apropiarse de los formidables recursos de Venezuela.
Un texto que describe cómo el presidente se encuentra "más lúcido" en años, reconociendo el fracaso de la hegemonía estadounidense en los últimos 80 años y buscando refugio en el hemisferio occidental para asegurar victorias. Su estrategia no altera la naturaleza supremacista, intervencionista y agresiva del imperialismo, sino que la reformula. Estos son intereses a los que la candidata al Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirma que pretende abrir las puertas si logra su objetivo de tomar el poder en Venezuela.
Trump necesita el petróleo venezolano. Las reservas de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana pasada, más de lo previsto por los analistas. Durante el período de siete días que finalizó el 5 de diciembre, las existencias cayeron aproximadamente 1,8 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una disminución de aproximadamente 1,3 millones de barriles. Los inventarios totales, excluyendo la reserva estratégica, se situaron en 425,7 millones de barriles.
La reserva estratégica, por otro lado, aumentó levemente a 411,9 millones de barriles, el nivel más alto desde septiembre de 2022. Esta cifra resalta una reducción en los inventarios comerciales de petróleo de Estados Unidos que fue más significativa que las expectativas del mercado en ese momento.
Pero el caso del petrolero abordado por Estados Unidos demuestra claramente el uso instrumental de mentiras en la lucha contra el narcotráfico. Es necesario explicar la piratería internacional y la transición a una nueva fase de violaciones del derecho internacional, que comenzó de forma más notoria con el genocidio en Palestina, para enmarcar esta acción. El robo del petrolero, que transportaba 1.900.000 barriles de crudo, es una expresión directa de agresión económica y militar.
La acción denunciada por el gobierno bolivariano, presidentes progresistas y movimientos populares nos recuerda que no se trata de un incidente aislado, sino que forma parte de la estrategia imperialista de asfixia económica contra Venezuela: un país que, por solidaridad y autodeterminación, ha ofrecido apoyo petrolero a naciones vecinas. El bloqueo económico y actos de fuerza como este afectan directamente al pueblo venezolano y a la libre circulación de su gobierno, y amenazan a Cuba, Nicaragua y a todo el continente latinoamericano.
Este acto criminal revela una profunda motivación estratégica y geopolítica. El secuestro, ocurrido en aguas internacionales "al extremo norte de Trinidad y Tobago, rumbo a las Islas Granada", según confirmó el presidente Nicolás Maduro, se perpetró en una zona de incalculable valor estratégico.
Es un hecho —como demuestra una investigación del periodista Marcos Salgado— que Estados Unidos ha instalado un radar de última generación en Trinidad y Tobago. La zona es vital para el transporte marítimo de carga y petróleo, sirviendo como puerta de entrada del Atlántico al Caribe y, estratégicamente, como acceso al Canal de Panamá. Por lo tanto, la acción forma parte de una clara estrategia para controlar y militarizar esta crucial ruta marítima que conecta el Atlántico con el Pacífico.
Además, se han desmentido las especulaciones sobre el supuesto destino cubano del cargamento: el buque mercante fue interceptado en una ruta casi oriental, saliendo del mar Caribe hacia el Atlántico, en lugar de dirigirse al noroeste. Esto confirma que el objetivo no era un cargamento específico, sino la reafirmación del control hegemónico mediante la piratería.
Este acto no solo viola flagrantemente el derecho internacional y la soberanía nacional, sino que constituye un grave delito humanitario, ya que los tripulantes fueron secuestrados y se encuentran actualmente desaparecidos. El presidente Maduro denunció con acierto el inicio de una "nueva era: la de la piratería naval y criminal en el Caribe".
El robo de este recurso y el ataque a la soberanía nacional representan un intento del capital financiero y del aparato estatal imperialista de reafirmar su dominio y destruir cualquier alternativa económica basada en la solidaridad y la ruptura con los dictados neoliberales.
El aumento de la presión sobre Caracas también se evidencia en la imposición de nuevas sanciones contra Venezuela, que imponen restricciones a seis petroleros y a las compañías navieras asociadas con estos buques. Cuatro de estos petroleros, incluyendo el H. Constance, construido en 2002, y el Lattafa, construido en 2003, tienen bandera panameña, mientras que los otros dos tienen bandera de las Islas Cook y Hong Kong. Todos son superpetroleros que recientemente cargaron crudo en Venezuela.
La incautación del carguero fue la primera de un cargamento de petróleo venezolano desde la entrada en vigor de las sanciones de 2019 y la primera acción conocida tras el masivo despliegue militar estadounidense en la región. Dichas acciones podrían causar retrasos a corto plazo en las exportaciones de crudo venezolano.
Más de 30 petroleros sancionados que operan en Venezuela podrían estar en riesgo. El incidente ha alertado a las agencias y operadores navieros, quienes están reconsiderando si zarpar de aguas venezolanas. Incluso antes de la incautación, las sanciones habían obligado a varios petroleros cargados de petróleo a esperar semanas e incluso meses para zarpar.
En el momento del ataque, aproximadamente 80 buques cargados con petróleo o en espera de carga se encontraban en aguas territoriales venezolanas, incluyendo los 30 buques sancionados. La naviera Frontline estima que el 15% de la flota mundial de grandes petroleros se ha visto afectada por las sanciones impuestas por el país norteamericano.
A pesar de la agresión, la producción petrolera venezolana ha demostrado resiliencia. La producción de petróleo (según informó la ministra Delcy Rodríguez) aumentó a 1,17 millones de barriles por día (bpd) en noviembre, desde 1,13 millones de bpd el mes anterior, y se consolidó en 1 millón de bpd en octubre y noviembre, manteniéndose fuera del sistema de cuotas de la OPEP+.
El aumento en los volúmenes de exportación refleja los esfuerzos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por evitar un colapso de ingresos, mientras que los compradores de petróleo en Asia exigen grandes descuentos en el crudo venezolano, en parte debido a un aumento en los mercados petroleros sancionados por Rusia e Irán, pero también debido al aumento del riesgo de carga en el país sudamericano causado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Para impulsar la producción, PDVSA se vio obligada a reducir drásticamente los precios, con un descuento por debajo del crudo Brent que prácticamente duplicó los niveles del año pasado. En este contexto, el mercado chino ha sido el principal destino de las exportaciones petroleras venezolanas: entre el 55% y el 90% este año, en comparación con el 40% y el 60% del año pasado.
El carácter "extrajudicial" de las operaciones estadounidenses también ha provocado reacciones en Europa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado los ataques estadounidenses contra presuntas operaciones de narcotráfico cerca de la costa venezolana de "extrajudiciales" e "inaceptables". "En mi opinión, estas operaciones extrajudiciales son inaceptables porque socavan el derecho internacional", declaró Sánchez, añadiendo que "cuestionar el derecho internacional es una vez más preocupante" y alimenta las críticas sobre la "inconsistencia de Occidente al usar un doble rasero".
Rusia e Irán también se sumaron a la condena, enfatizando la violación del derecho internacional y la política de agresión económica y militar. Rusia ha calificado reiteradamente las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la petrolera estatal venezolana PDVSA de ilegales y "absurdas". Tras la incautación del petrolero, el canciller ruso, Sergei Lavrov, instó a Estados Unidos a explicar la incautación del petrolero en el Caribe y enfatizó que Moscú apoya un debate colectivo sobre cómo combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad marítima, cuestionando implícitamente la legalidad de la operación estadounidense.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha mantenido contacto constante con Nicolás Maduro para reafirmar el apoyo de Rusia al gobierno bolivariano y ofrecer su capacidad diplomática ante la incautación del petrolero. Este apoyo diplomático y la solidaridad rusa forman parte de una política de resistencia mutua a las medidas coercitivas unilaterales.
Moscú utiliza el mismo término "piratería" para condenar las acciones estadounidenses en el Caribe, reiterando que "las operaciones extrajudiciales son inaceptables porque socavan el derecho internacional".
La respuesta más profunda de Rusia a la presión estadounidense se manifiesta en la aceleración y consolidación de la cooperación económica bilateral, especialmente en el sector energético, vital para ambos países que enfrentan "sanciones".
En noviembre de 2025, Venezuela y Rusia fortalecieron su alianza energética al extender las operaciones petroleras hasta 2041. Este acuerdo, que abarca campos como Boquerón y Perijá, implica una inversión estimada de 616 millones de dólares y busca mantener activos los proyectos conjuntos, con una meta de producción de alrededor de 91 millones de barriles en total.
A principios de la segunda semana de diciembre de 2025, el presidente Maduro anunció la firma de 19 nuevos acuerdos de cooperación entre Rusia y Venezuela. Estos documentos se firmaron en un contexto de creciente tensión global, consolidando una alianza estratégica que abarca los sectores energético, minero, financiero y de defensa, e incluyendo iniciativas para crear una infraestructura financiera independiente de los sistemas occidentales.
Esta profundización de la alianza económica con Rusia y otros actores del Sur Global (como China) no es sólo una medida de supervivencia, sino la construcción práctica de un bloque alternativo al sistema capitalista-imperialista dominado por el dólar y los dictados de Washington.
Para el mundo multipolar, la acción estadounidense constituye un flagrante acto de piratería dirigido a controlar los recursos estratégicos de Venezuela y destruir su soberanía económica, en un contexto de crisis hegemónica global.
En el marco de la Internacional Antifascista y las Brigadas Internacionales de Solidaridad con Venezuela, la plataforma Rompiendo Fronteras, Comunicando Alternativas —una plataforma internacional de comunicación antagónica y liberadora, con trabajo continuo en África, América, Asia y Europa, y más de cincuenta nodos participantes de la Internacional Antifascista—, en cumplimiento de su mandato de informar, educar y movilizar, denuncia enérgicamente el acto de piratería internacional perpetrado por el gobierno estadounidense. Exige la liberación inmediata del petrolero y sus bienes legítimos, la localización y liberación de la tripulación secuestrada y la condena internacional de esta política de agresión económica y militar. Y llama a la acción a los pueblos.
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