Cuando Augusto Pinochet derrocó al gobierno electo de Chile, Friedrich von Hayek y Milton Friedman —padres fundadores de la economía neoliberal— ayudaron a diseñar su agenda económica y respaldaron la brutal represión que fue necesaria para imponerla.
Jessica White, Jacobin
A finales de 1977, cuando la junta militar chilena prolongó el estado de sitio vigente desde el golpe de Estado de 1973 y disolvió oficialmente todos los partidos políticos, Friedrich von Hayek escribió una carta a un periódico alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, para protestar por lo que consideraba críticas internacionales injustas al Gobierno del general Augusto Pinochet. Cuando su artículo fue rechazado, escribió al editor expresando su decepción por la falta de «coraje cívico» del periódico para resistirse al sentimiento popular contra Pinochet.
Hayek señaló a la organización de derechos humanos Amnistía Internacional por convertir «la calumnia [en] un arma de la política internacional». Tras aceptar una invitación para dar una conferencia en Chile, se quejó de que fue inundado con llamadas telefónicas, cartas y material contra Pinochet por «personas bienintencionadas que no conocía, pero también por organizaciones como Amnistía Internacional», que le pedían que cancelara su visita. El economista de la Escuela de Chicago Milton Friedman, miembro como Hayek de la Sociedad Mont Pèlerin, se hizo eco más tarde de esta valoración y describió Chile como un «milagro» económico y político.
Ni Hayek ni Friedman eran observadores imparciales de este «milagro». Ambos asesoraron a Pinochet y ambos tenían discípulos en su gobierno autoritario: Friedman entre los técnicos formados en Chicago (o «Chicago Boys»), que formularon su programa de «choque» económico, y Hayek entre los gremialistas católicos conservadores, que crearon un orden institucional para proteger la economía de los desafíos políticos. Estas dos facciones de la élite civil definirían la orientación económica y política del gobierno de Pinochet.
Neoliberalismo y derechos humanos
Apesar del descontento de Hayek con el activismo antipinochetista de Amnistía, los neoliberales no renunciaron al lenguaje de los derechos humanos; al contrario, argumentaron que sus propias propuestas eran necesarias para garantizar la libertad, la dignidad humana y los derechos humanos. Mientras el Gobierno desataba un brutal programa de tortura, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales dirigido principalmente contra los antagonistas de Hayek —izquierdistas, socialdemócratas y sindicalistas—, este comentaba que «ni siquiera en el tan denostado Chile había podido encontrar a una sola persona que no estuviera de acuerdo en que la libertad personal era mayor bajo Pinochet que bajo Salvador Allende».
En lugar de descartar simplemente esta afirmación, deberíamos examinar más detenidamente la idea neoliberal de libertad y el lugar que ocupan los derechos y el Estado de derecho en ella. Esto significa apartarse de la versión habitual, según la cual los neoliberales en Chile se centraron en su ámbito de especialización técnica económica y hicieron la vista gorda ante la represión necesaria para aplicar su agenda económica.
Por el contrario, ni siquiera los economistas más técnicos de Chicago justificaron su trabajo en Chile basándose únicamente en argumentos económicos. Más bien, argumentaron que la junta había salvado a Chile de un régimen totalitario, revirtiendo una historia de planificación e intervención estatal y haciendo posible la libertad individual y los derechos humanos.
Los neoliberales en Chile movilizaron una dicotomía radical entre la política como violenta, coercitiva y conflictiva, y las relaciones de mercado como pacíficas, voluntarias y mutuamente beneficiosas. Fue en Chile donde se consolidó el discurso neoliberal de los derechos humanos. Esta versión neoliberal de los derechos humanos justificaba las restricciones constitucionales y la ley como necesarias para preservar la libertad individual que solo un mercado competitivo podía garantizar.
Si los derechos humanos eran producto de un mercado que funcionaba, como sostenían sistemáticamente los neoliberales, también eran necesarios para proteger el mercado de los movimientos políticos igualitarios. En lugar de proteger a los individuos de la represión estatal, los derechos humanos neoliberales operaban principalmente para preservar el orden del mercado, despolitizando la sociedad y enmarcando el margen de libertad compatible con la sumisión al mercado como la única libertad posible.
Los Chicago Boys
En 1986, Friedman y su colega de la Escuela de Chicago Arnold Harberger participaron en un simposio sobre las relaciones entre la libertad económica, política y cívica organizado por el Instituto Fraser, un think tank canadiense promercado. La premisa del simposio era que la libertad económica y las libertades civiles podían florecer en condiciones de ausencia de libertad política, ya que el gobierno de la mayoría «no tenía virtudes particulares, especialmente si la mayoría decidía abusar de los derechos de las minorías».
Para Harberger, que había pasado décadas supervisando la formación de estudiantes de economía de América Latina, esta relación entre libertad política y económica era un «dilema». Los latinoamericanos, dijo en el simposio, estaban acosados por una «predilección por el romanticismo», una «tremenda e increíble vulnerabilidad a la demagogia» y una tendencia colectiva a la «autocompasión». Los gobiernos militares, sostenía, eran «los mejores para llevarlos a pensar en una salida, pero es un dilema terrible para nosotros como individuos amantes de la libertad». Si el romanticismo era una barrera para la libertad económica, se preguntaba Harberger, ¿era legítimo utilizar la represión política para romperla?
Harberger supervisó una asociación patrocinada por el Gobierno estadounidense entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago, que, según él mismo reflexionó, dio lugar a más de una docena de ministros clave, presidentes de bancos centrales y directores de presupuesto. El Proyecto Chile se remontaba a la era de la industrialización por sustitución de importaciones de la década de 1950, una época en la que, según él, las consignas en toda América Latina eran «intervencionismo, paternalismo, nacionalismo y socialismo».
La oposición de los Chicago Boys a la politización de la economía precedió en décadas a la victoria de Allende, pero la planificación económica de su gobierno socialista, el estímulo keynesiano de la demanda y la redistribución de la riqueza les proporcionaron un adversario ideal y los pusieron en el punto de mira de las élites empresariales chilenas. Desde la perspectiva inspirada en Chicago de estos técnicos, las propuestas de Allende equivalían a una violación ignorante de las leyes de la economía y a la destrucción de una sociedad libre.
El ladrillo
La transformación de Chile en un laboratorio ejemplar del neoliberalismo se debió en gran medida a los Chicago Boys de Harberger. El 12 de septiembre de 1973, la mañana después del golpe, su programa económico de 189 páginas, «El ladrillo», estaba sobre el escritorio de todas las figuras importantes del nuevo gobierno.
Este programa exigía la liberalización del comercio y la reducción de los aranceles; la privatización generalizada, incluida la seguridad social; y un impuesto regresivo sobre el valor añadido. En 1993, Harberger señaló con satisfacción que esta visión era ahora aceptada de forma abrumadora por todos los principales partidos chilenos, mientras que en aquel momento el programa de Chicago era «demasiado orientado al mercado, demasiado abierto a la economía y demasiado tecnocrático» incluso para la derecha tradicional chilena.
En 1975, Friedman se reunió con Pinochet para convencerlo de que la economía chilena necesitaba un «tratamiento de shock», principalmente en forma de una drástica reducción del gasto público. El general, señaló Friedman, «se mostró simpatizante con la idea de un tratamiento de choque, pero claramente preocupado por el posible desempleo temporal que podría causar». Tras su visita, Friedman escribió a Pinochet para reforzar su determinación: «No hay forma de acabar con la inflación que no implique un período transitorio de graves dificultades, incluido el desempleo».
En el caso chileno, lo más llamativo de la relación entre los economistas y la represión de la junta no es que la ignoraran, sino que la aceptaran de buen grado. Friedman escribió a Pinochet para asegurarle que el Gobierno de Allende representaba el «terrible colmo» de una tendencia hacia el socialismo y que el general había sido «extremadamente sensato al adoptar las numerosas medidas que ya ha tomado para invertir esta tendencia». En 1977, el teórico del capital humano de Chicago, Gary Becker, escribió sobre su orgullo por sus estudiantes chilenos, cuya «disposición a trabajar para un dictador cruel y a iniciar un enfoque económico diferente fue una de las mejores cosas que le sucedieron a Chile».
Harberger más tarde desestimó a quienes protestaban contra la represión de la junta, diciendo «si se analizan las violaciones de los derechos humanos o las violaciones políticas, se encuentran en cualquier país asiático de aquella época, multiplicadas por lo que ocurría en Chile». Hayek declaró al periódico chileno de derecha El Mercurio que, aunque no apoyaba la dictadura permanente, consideraba la «dictadura de transición» de Pinochet como un «medio para establecer una democracia y una libertad estables, limpias de impurezas».
Los hacedores de milagros
En 1982, Friedman afirmó que el Chile de Pinochet era un «milagro». El año anterior, Hayek había calificado la recuperación económica de Chile como «uno de los mayores milagros de nuestro tiempo». Para Friedman, Chile no era simplemente un milagro económico, sino «un milagro político aún más asombroso». A pesar de haber facilitado una transferencia masiva de riqueza a los ricos, Friedman sostenía que, al sustituir el control estatal por los mecanismos del mercado, la dictadura había reemplazado «el control desde arriba por el control desde abajo».
Al ensalzar el milagro político de Chile, Friedman argumentó que el libre mercado, a diferencia de una estructura militar, se caracteriza por la dispersión del poder: «la negociación, no la sumisión a las órdenes, es la consigna». Pero la sumisión siguió siendo fundamental en su descripción del mercado. El sufrimiento económico (al igual que la tortura física) estaba diseñado para quebrantar las subjetividades políticas que llevaban a la gente a resistirse al «destino» que les había deparado el mercado.
Todos en este país fueron «educados en la debilidad», advirtió el ministro de Economía, Pablo Baraona: «Para educarlos en la fuerza, es necesario pagar el precio del desempleo temporal, de las quiebras». Cuando se le preguntó sobre la alta tasa de quiebras, el almirante José Toribio Merino, miembro de la junta, coincidió: «Que caigan los que tengan que caer. Así es la jungla de la vida económica. Una selva de bestias salvajes, donde el que puede matar al que tiene al lado, lo mata. Esa es la realidad».
Tales declaraciones distaban mucho del mito de la dulzura del comercio, pero no se alejaban mucho de los principios del mercado neoliberal, para el cual, como ha subrayado Michel Foucault, el principio central no era el intercambio, sino la competencia, con su producción sistemática de ganadores y perdedores. El debilitamiento de la solidaridad y la creación de sujetos competitivos eran fundamentales para lo que Pinochet identificaba como el objetivo último de la junta: «no hacer de Chile una nación de proletarios, sino una nación de empresarios».
Éxito y fracaso
Tal y como había predicho Friedman, el enfoque de «shock» de la junta produjo «graves dificultades», pero no para todos los sectores de la población chilena. Como él mismo reconoció, el efecto inmediato fue una «grave recesión», ya que el PIB de Chile cayó un 13% anual. En una carta abierta a Friedman y Harberger, Andre Gunder Frank denunció el «genocidio económico» en Chile. Frank señaló que la eliminación de los controles de precios, combinada con la destrucción del poder sindical, había reducido drásticamente los salarios reales, hasta el punto de que, en diciembre de 1975, una hora de trabajo con el salario mínimo oficial permitía comprar 160 gramos de pan.
A partir de 1975, los drásticos recortes en el gasto y la «liberalización» de los precios de dos mil productos básicos provocaron que el poder adquisitivo cayera al 40% de su nivel de 1970. Mientras que los ingresos reales de los más pobres se desplomaron, la proporción de la renta nacional en manos del 5% más rico pasó del 25% al 50%.
Lo que Friedman denominó «período transitorio temporal» y Gunder Frank llamó «genocidio económico como política calculada» fue un intento deliberado de despojar a los chilenos de la reproducción social no mercantil y obligarlos a someterse al juicio del mercado. A esto se refería Friedman cuando decía que los países «subdesarrollados» necesitaban «un ambiente de libertad, de máximas oportunidades para que los individuos experimentaran y de incentivos para que lo hicieran en un entorno en el que existieran pruebas objetivas de éxito y fracaso; en resumen, un mercado capitalista vigoroso y libre».
Democracia limitada
Durante la primera de sus dos visitas a Chile durante el régimen de la junta, Hayek habló con Pinochet sobre los peligros de la «democracia ilimitada». Según recuerda Hayek, el general le escuchó atentamente y le pidió que le enviara cualquier material que hubiera escrito sobre el tema. Aunque el economista austriaco podría haber enviado un gran paquete con sus escritos, su secretaria recuerda que le pidió que le enviara el capítulo «La Constitución modelo» de su obra en tres volúmenes Derecho, legislación y libertad. En él, Hayek utilizaba el término «democracia ilimitada» para referirse a la «forma particular de gobierno representativo que prevalece actualmente en el mundo occidental».
Dudando de que un mercado funcional hubiera surgido alguna vez bajo tal democracia, también sugirió que era probable que una democracia ilimitada destruyera el orden de mercado existente. «La Constitución Modelo» también defiende abiertamente los poderes de emergencia; «la libertad puede tener que suspenderse temporalmente», escribió Hayek, haciéndose eco de Carl Schmitt, «cuando se ven amenazadas las instituciones destinadas a preservarla a largo plazo».
Hayek amplió estos temas en una entrevista concedida en 1981 al periódico chileno El Mercurio1212. Haciéndose eco de Schmitt, argumentó que, cuando un gobierno se encuentra en una «situación de ruptura», es «prácticamente inevitable que alguien tenga poderes absolutos». Dado que el mercado es necesario para preservar la libertad, cuando este se ve amenazado, la sociedad puede convertirse temporalmente en una organización y el gobierno puede gobernar por decreto. Preferiría un «dictador liberal», declaró al periódico, a un «gobierno democrático carente de liberalismo».
No era la primera vez que Hayek expresaba su simpatía por los dictadores liberales. En 1978 señaló a Pinochet y al dictador portugués António de Oliveira Salazar como líderes de «gobiernos autoritarios bajo los cuales la libertad personal estaba más segura que en muchas democracias». En 1962, envió a Salazar un ejemplar de La constitución de la libertad con una nota en la que expresaba su esperanza de que ayudara al dictador a «diseñar una constitución a prueba de los abusos de la democracia».
Cinco años más tarde, Hayek elogió en términos similares al Gobierno de Suharto en Indonesia, también llevado al poder por un golpe anticomunista respaldado por la CIA. En ambos casos, la amenaza de que las democracias interfirieran en el «orden espontáneo» del mercado le llevó a apoyar dictaduras brutalmente violentas que estaban dispuestas a tomar todas las medidas necesarias para preservar las desigualdades existentes.
Espontaneidad organizada
En Chile, Hayek elogió a la junta por su disposición a gobernar el país «sin obsesionarse con compromisos populares ni expectativas políticas de ningún tipo». En su opinión, la coacción estaba justificada para «proporcionar un marco externo eficaz en el que pudieran formarse órdenes autogenerados». El frágil «orden espontáneo» del mercado requería un Estado fuerte que lo protegiera de la interferencia política.
James Buchanan se expresó en términos similares en su artículo «Democracia limitada o ilimitada», presentado en la reunión regional de la Sociedad Mont Pèlerin en Viña del Mar, la ciudad costera chilena donde se tramó el golpe. El neoliberal de la Escuela de Virginia criticó el «impulso totalitario de la democracia ilimitada» y subrayó que cualquier gobierno (ya sea una democracia o una «junta») debe estar estrictamente limitado para «garantizar y proteger las libertades individuales».
Contemplando el retorno a la democracia, Baraona, dos veces ministro de Economía durante el régimen de Pinochet, argumentó que la «nueva democracia» chilena «tendrá que ser autoritaria, en el sentido de que las reglas necesarias para la estabilidad del sistema no pueden estar sujetas a procesos políticos». Según él, la única función proactiva del Estado sería «imponer la disciplina del mercado a la sociedad». En Chile, los derechos consagrados en la Constitución, incluidos los derechos humanos, se convirtieron en instrumentos para imponer dicha disciplina del mercado.
Este artículo es un fragmento del libro de Jessica Whyte The Morals of the Market, disponible en Verso.
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