David Brooks, La Jornada
Es un país que secuestró y desapareció a miles de niños, es un país donde la corrupción política es legal, es un país que ha torturado con impunidad, un país que ha lanzado guerras ilegales, es un país cuyos narcotraficantes más exitosos son doctores y ejecutivos en jefe de farmacéuticas, es un país que amenaza a los periodistas y los declara oficialmente enemigos del pueblo, es un país que le niega derechos básicos a las mujeres, y en el que la xenofobia es política oficial, es el país con más encarcelados en el mundo, es el más armado del mundo, y este es el país que se declara, sin pena ni ironía, el juez del mundo.
Es una sensación muy extraña andar en medio de esto mientras reportamos sobre dos cosas muy distintas: la proclamación hecha por Washington de un cambio de régimen en Venezuela y el juicio de El Chapo en Brooklyn. No tienen nada que ver, pero a fin de cuentas ambos dependen de una ilusión oficial estadounidense de que aquí, por alguna razón, se puede enjuiciar a todos los demás.
La idea de que Washington con cualquier presidente, pero sobre todo con el actual, puede seriamente pretender que está preocupado por la democracia y los derechos humanos en otro país, o que está haciendo justicia con la guerra contra las drogas, debería provocar carcajadas históricas, pero sigue sorprendiendo que tantos políticos, asesores, analistas y, tristemente, periodistas lo aborden como si fuera en serio.
Las múltiples y constantes violaciones de derechos humanos y civiles, la violencia oficial, el hecho de que en gran medida este país se ha convertido en una plutocracia con toda la corrupción que eso implica (hasta el ex presidente Jimmy Carter lo ha denunciado), es más que suficiente para descalificar a este país como juez.
