Alejandro Nadal, La Jornada
Los promotores de la recién aprobada reforma fiscal en Estados Unidos la describen como el acto más importante en materia de política recaudatoria desde Ronald Reagan. El equipo del actual inquilino de la Casa Blanca no deja escapar la menor oportunidad para transmitir su convicción de que la reducción de impuestos a las corporaciones y a los estratos de altos ingresos traerá aparejado un mayor crecimiento económico y todos los beneficios en materia de empleo que la expansión implica. Al igual que hace 30 años los mitos y dogmas dominan el diseño de la política de ingresos fiscales.
La polémica que rodea la reforma fiscal de Trump se ha concentrado sobre el tema de la desigualdad y de los exorbitantes beneficios para los ricos y las grandes corporaciones. Pero hay otro importante ángulo en este debate que no ha recibido la atención que merece. El objetivo primordial de la reforma aprobada por la mayoría republicana en el congreso estadounidense es acelerar el crecimiento económico y la creación de empleos a través de un aumento en la inversión.
Pero, ¿cuál es el fundamento racional que sostiene esta forma de ver las cosas? La justificación que esgrimen los partidarios de esta reforma utilizan un razonamiento sencillo pero engañoso. Sostienen que la reducción de gravámenes hará que las empresas (y los ricos) inviertan más porque tendrán que pagar menos impuestos sobre sus ganancias. El aumento en la inversión no sólo generará un mayor número de empleos, sino que incorporará innovaciones tecnológicas en procesos y productos. Y eso hará que aumente la productividad, con lo cual también se incrementarán los salarios. El crecimiento económico que traerá aparejada la reforma fiscal se traducirá en un avance en materia de bienestar para toda la población. Adicionalmente, la aceleración económica traerá una mayor recaudación, con lo cual se cerraría este círculo virtuoso.