La desaceleración económica de China, y en particular la caída de sus exportaciones, constituye el marco de la reciente ola de conflictos laborales en el sector industrial. Siete años después de la crisis financiera internacional, China se ha visto confrontada con la inestabilidad de sus mercados de exportación en Norteamérica y Europa. Mientras el gobierno cifra la tasa de crecimiento económico en un 7 % constante, hay signos evidentes de declive económico, que se refleja en la disminución de la actividad industrial. Y no se ve ninguna solución fácil. En efecto, el gobierno esperaba potenciar la producción industrial y hasta cierto punto cerró los ojos ante el declive de la producción de baja tecnología para la exportación.
Esta situación favorece una tendencia a largo plazo a la deslocalización del capital industrial tanto en el interior de las mismas regiones industriales como de la costa meridional al interior del país, o incluso al sudeste asiático. Debido al aumento de los salarios y de la conflictividad laboral, en particular a lo largo de la última década, algunas fábricas simplemente han cerrado. La consecuencia inmediata ha sido la proliferación de huelgas y manifestaciones combativas en los últimos dos años en los casos en que las empresas han tratado de evitar el pago de indemnizaciones por el cierre o el traslado. Los trabajadores reclaman la indemnización por despido y una compensación por el impago durante años, a veces incluso decenios, de los seguros sociales y de las contribuciones al fondo para la vivienda, tal como obliga la ley a las empresas.
