Son numerosas las instituciones y organismos que han expresado su preocupación por las implicaciones de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de exigir al gobierno argentino el rembolso a los llamados “fondos buitres” –capitales especulativos que, por decisión propia, quedaron excluidos de las restructuraciones de deuda externa realizadas por el país sudamericano en 2005 y 2010– y prohibirle que siga efectuando pagos en Nueva York a otros acreedores en tanto no cubra el 100 por ciento de los pasivos referidos, que equivalen a 7 por ciento de su deuda externa total y que están, en su mayor parte, en manos de las firmas NML Capital y Aurelius.
Como se recordará, tras el desastre de las administraciones encabezadas por Carlos Saúl Menem, Argentina cayó en suspensión de pagos en 2001. Desde entonces, algunos títulos de deuda pública del país fueron adquiridos muy por debajo de su valor por NML Capital, Aurelius y otras administradoras de “fondos buitres”, que desembolsaron cerca de 6 por ciento de lo que ahora pretenden cobrar. Un ejemplo de esta clase de operaciones –realizadas en Nueva York, razón por la cual es de la jurisdicción de la justicia estadunidense– es la efectuada por NML: en 2008 compró títulos vencidos en 48 millones de dólares y ahora pretende cobrar 832 millones.
Cuando en el gobierno de Néstor Kirchner Argentina renegoció su deuda y logró quitas de cerca de la mitad de los pasivos, la mayor parte de tenedores de bonos (93 por ciento) aceptaron la propuesta, en tanto que una minoría de especuladores la rechazó y desde entonces ha venido reclamando el pago de la totalidad de los pasivos: unos mil 500 millones de dólares.
El gobierno argentino se niega a cumplir lo ordenado por el máximo tribunal de Estados Unidos porque ello implicaría echar abajo las renegociaciones de deuda realizadas en la década pasada y daría pie al resto de los acreedores a cobrar la totalidad de los pasivos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló, en un mensaje televisivo, que no está en duda la voluntad de pago de su gobierno pero que “hay que distinguir una negociación de una extorsión”, en referencia al condicionamiento impuesto por la Corte de Washington en el sentido de que o le paga a los “fondos buitres” o se le prohíbe que pague al resto de los acreedores.
La jefa de Estado abrió la posibilidad de efectuar los pagos en Buenos Aires, en vez de realizarlos en Nueva York, aunque técnicamente ello implicaría una suspensión de pagos para los empréstitos contraídos bajo la legislación estadounidense y un canje de títulos por otros nuevos, sujetos a los tribunales argentinos.
Diversos gobiernos –como los de Francia, Brasil y México– y organismos internacionales -como el FMI- han abogado por la postura argentina y, sin embargo, el máximo tribunal estadounidense se empeñó en dar la razón a los especuladores. Con ello ha creado una circunstancia de grave incertidumbre en las finanzas mundiales, no sólo por la posibilidad de que la nación austral caiga, así sea contra su voluntad, en suspensión de pagos, sino porque el fallo sienta un precedente que pone en peligro la definitividad de las restructuraciones de deuda externa de otras naciones y abre la posibilidad de que algunos acreedores que las habían aceptado exijan, por la vía jurídica, la anulación de lo acordado.
“No es un problema económico, financiero o jurídico, sino la convalidación de un modelo de negocios a escala global que va a traer tragedias inimaginables”, señaló la presidenta Fernández de Kirchner, y tiene razón: al ponerse del lado de los fondos buitres, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha otorgado un enorme poder al principal factor de riesgo para la de por sí precaria estabilidad financiera mundial: la especulación.
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