Aunque en Chile el ingreso per cápita se duplicó entre 1990 y 2007, el ingreso autónomo del 20% más rico de la población supera en más de 13 veces al del 20% más pobre. Además, la tasa de desocupación se mantuvo elevada al igual que la informalidad de los ocupados y han aumentado los contratos de corto plazo y la rotación de los puestos de trabajo, o sea, la precariedad laboral. Persiste en Chile una inaceptable desigualdad de ingresos y de calidad de vida que no se solucionará solamente con mayores tasas de crecimiento y mejor utilización del gasto social.
De acuerdo al informe de la Cepal, lo que se requiere es un cambio de enfoque en las políticas públicas, que permita superar la heterogeneidad de la estructura productiva y social del país, puesto que ésta constituye el principal obstáculo para lograr el crecimiento con equidad.
En el artículo "Chile: hacia un desarrollo inclusivo" de la Revista CEPAL Nº 97, Ricardo Infante y Osvaldo Sunkel expresan que la economía chilena y su sociedad, se dividen en tres mundos escasamente articulados.
Uno es de alta productividad, que impulsa a la economía y paga buenos salarios. Los otros dos son de mediana y baja productividad, ofrecen bajas remuneraciones y concentran la mayor parte del empleo pero no influyen mayormente en el crecimiento. Por tanto, la heterogeneidad se reproduce aún en condiciones de crecimiento económico acelerado.
Infante y Sunkel proponen introducir en el diseño de políticas públicas el concepto de pobreza relativa, que afecta a casi cuatro millones y medio de chilenos. Esta se define como el grupo de personas o familias cuyo nivel de ingreso es inferior a 0,6 veces el ingreso mediano, constituyéndose en el sector relativamente excluido de la sociedad.
En el artículo se postula una estrategia de desarrollo diferente que incluya a los sectores de menor productividad. Así, se atenuaría la heterogeneidad productiva y se reducirían las diferencias según el tamaño de las empresas, los sectores productivos y las regiones.
Señalan que se requiere un ambicioso programa de transformación estructural a largo plazo (15 a 20 años) que permita a los sectores menos avanzados aumentar gradualmente la productividad y los ingresos de los trabajadores, y así mejorar la calidad de vida de las familias excluidas.
Este programa debiera sostenerse en cuatro pilares: convergencia productiva, protección social garantizada, crecimiento económico con equidad y cohesión social.
La convergencia productiva permitiría crear un ambiente de mayor competitividad para la expansión de las pequeñas empresas; programas de inversión que generen empleo entre trabajadores informales; y aglomeraciones productivas (clusters) regionales con sólida institucionalidad y capacidad innovadora.
En esta estrategia le cabría al Estado y la sociedad constituir un nuevo diálogo social para forjar un pacto donde las decisiones sobre el monto y aplicación de los recursos se adopten entre trabajadores, empresarios, gobierno y representantes de la sociedad civil.
Al fin propuestas coherentes para un Chile con infulas globalizadas y que a la hora de ponerse los pantalones, estos les quedan grandes, un dialogo social de la envergadura que proponen seria gananciosa para todos los participantes.
ResponderBorrar