Jaque al Neoliberalismo: Guerras híbridas en el Báltico

Nahia Sanzo, Slavyangrad

“Las autoridades finlandesas incautaron el buque Eagle S en diciembre en una operación a todo gas, sospechando que había saboteado un enlace eléctrico submarino que conecta Estonia con Finlandia. La detención del barco -que transportaba 100.000 barriles de petróleo desde San Petersburgo- fue un momento de gran agitación y parecía ser un nuevo frente en una guerra clandestina entre Rusia y Occidente”, escribe esta semana Político en referencia a otro de los muchos frentes de la guerra encubierta que acompaña al conflicto bélico en Ucrania. En los últimos meses, han sido recurrentes las acusaciones de sabotaje intencionado pronunciadas contra la Federación Rusa a causa de las roturas de cables submarinos en el lago de la OTAN, el mar Báltico. Buques rusos o chinos con tripulación rusa han sido detenidos o amenazados a causa de este tipo de incidentes que actualmente están siendo utilizados por los países europeos para justificar nuevas medidas contra Rusia sin que sea necesario siquiera probar la culpabilidad de Moscú. Rusia siempre es culpable -de cualquier crisis migratoria, de los resultados de las elecciones de Rumanía o Georgia o de la inflación en el mundo-, por lo que lo importante es la respuesta occidental y no preguntas sobre quién, cómo y por qué hizo explotar el Nord Stream en septiembre de 2022.

Por motivos que resultan evidentes, no hay signo de la mano de Moscú en el atentado, el sabotaje más importante que se ha producido en el Báltico sigue sin resolverse pese a que las consecuencias son palpables. Por una parte, sin acceso al gas ruso gracias a la voladura y al cierre del paso a través de Ucrania, el precio del gas natural sufre fluctuaciones que, en ocasiones, ponen en peligro la industria del continente. “El precio de referencia del gas natural europeo TTF supera los 58 euros por MWh; en términos de petróleo, ha alcanzado el nivel de 100 dólares por barril de petróleo equivalente. Absolutamente destructivo para la producción de la industria intensiva en energía, afirmó ayer Javier Blas, experto en energía. Por otra parte, la fuga de metano es el principal desastre natural en esa zona en los últimos años. El silencio con respecto a ese incidente no impide que la cuestión medioambiental sea uno de los argumentos de los países europeos para buscar tomar nuevas medidas contra los sabotajes rusos, que ninguno de los países miembros de la UE parece poner en duda.

“Las roturas de cables submarinos que han inquietado a los responsables de seguridad europeos en los últimos meses se debieron probablemente a accidentes marítimos y no a sabotajes rusos, según varios servicios de inteligencia estadounidenses y europeos”, titulaba en enero The Washington Post. Citando fuentes occidentales, el diario estadounidense, al que de ninguna manera se pueden adjudicar simpatías prorrusas, contradecía abiertamente la certeza europea de los sabotajes intencionados. Las fuentes del artículo daban credibilidad a las explicaciones de los capitanes de los barcos detenidos, que habían alegado que las roturas, involuntarias, se debían al ancla. The Washington Post achacaba esos incidentes a la edad de los buques, parte de lo que Occidente llama la flota fantasma rusa, barcos generalmente de gran antigüedad adquiridos en el mercado desde la imposición de sanciones, para facilitar la exportación de petróleo ruso. Mientras Estados Unidos envía esta semana a varias delegaciones para reunirse con Ucrania en busca de una negociación para poner fin a la guerra rusoucraniana -que posiblemente supondría la relajación de sanciones contra Rusia- y Donald Trump parece confirmar contactos regulares con el Kremlin, los países europeos tratan de encontrar la manera de endurecer las medidas contra Moscú. “Los países europeos están manteniendo conversaciones entre bastidores sobre la incautación a gran escala de los petroleros exportadores de petróleo de Moscú en el Mar Báltico, según dos diplomáticos de la Unión Europea y dos funcionarios del gobierno. Además, están elaborando una nueva legislación para dotar de mayor peso jurídico a estas iniciativas”, afirma Político.

“Entre las propuestas que se barajan figura la de recurrir a la legislación internacional para apresar buques por motivos medioambientales o de piratería, dijeron los funcionarios, a quienes se concedió el anonimato para hablar de las conversaciones privadas. En su defecto, los países podrían actuar por su cuenta, imponiendo conjuntamente nuevas leyes nacionales para apresar más buques en alta mar”, resume el medio. La estrategia parece enfocarse en aprovechar las credenciales de ecologismo, en ocasiones selectivo, de la Unión Europea y unirse a la tendencia de piratería moderna con la que Estados Unidos se incauta de aviones de sus enemigos, especialmente de Venezuela. El objetivo no es simbólico, ni una forma de humillar al liderazgo de un oponente, sino impedir el comercio de petróleo en el mar Báltico (y, quizá en el futuro, en el mar Negro y Mediterráneo). Político menciona varias posibilidades de actuación, entre las que destacan incautarse de buques que amenazan al medio ambiente y apelar a las leyes contra la piratería. La primera implicaría detenciones sin que se hubiera cometido delito alguno y la segunda chocaría con el derecho internacional. “En el Golfo de Finlandia -el estrecho mar en el que zarpan los cargueros rusos en la región-, los buques comerciales conservan el derecho de libre paso en virtud de los tratados de la época de la Guerra Fría. Por su parte, las leyes contra la piratería suelen perseguir a los buques que atacan a otros buques, no a los cables eléctricos submarinos, añadió Pribyl”, escribe el medio. Sin embargo, la ilegalidad de las medidas que se plantean no ha de ser un obstáculo y en caso de que la legislación internacional y las leyes de libertad de navegación en aguas internacionales lo impidan, aprobar nueva legislación nacional en países estratégicos

“Cerca del 50% del comercio sancionado pasa por el Golfo de Finlandia”, declaró en referencia al petróleo Margus Tsahkna, Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, que alegó “amenazas medioambientales” y “los ataques que hemos sufrido contra nuestra infraestructura submarina”. Como es habitual, para los países bálticos no es precisa ninguna prueba de sabotaje ruso para exigir medidas coercitivas contra su odiado enemigo. “Vilna también está empezando a realizar esfuerzos a escala nacional. Según el ministro de Defensa, Dovilė Šakalienė, Lituania está estudiando nuevas leyes que otorgarían a las autoridades más poder para confiscar los buques que echen el ancla, aunque se encuentren más allá de las aguas territoriales del país, en su «zona económica exclusiva»”, añade Político para describir la legislación ad hoc que dice estar preparando otro de los países bálticos para hacer posible ese intento de bloqueo.

Como es habitual, los planes son ambiciosos, pero las posibilidades se limitan notablemente si los países de la UE no pueden contar con el aliado estadounidense para imponer lo que desde Moscú sería visto como un intento de bloqueo naval que posiblemente fuera entendido en Rusia como una declaración de guerra. “Los nuevos planes no se materializarán fácilmente. Según expertos y abogados marítimos, entre las dificultades figuran las represalias legales de Rusia, los elevados costes financieros y la onerosa logística. También habrá que navegar por la laberíntica legislación marítima mundial”, admite Político. El hecho de que las principales fuentes de la información sean bálticas es símbolo de que se trata de una operación mediática a modo de grupo de presión en busca de más sanciones contra Rusia, ya sea para dañar la economía rusa actualmente, para favorecer a Ucrania en la guerra o para preparar el terreno para una posguerra en la que esperan que continúe el enfrentamiento político y económico. Mientras todos los demás actores implicados directa y directamente en el conflicto ucraniano avanzan hacia la posibilidad de una negociación, los países de la Unión Europea, especialmente los más beligerantes, aquellos que en la UE controlan la política exterior y de defensa, insisten en endurecer aún más las sanciones con medidas que podrían confundirse con actos de guerra.

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