Yo solía divertirme investigando la integración europea, debido a que la cuestión me sorprendía por ser un rico laboratorio para destilar pruebas del lado obscuro de los gobiernos nacionales. He aprendido un rato largo acerca de la forma en que los gobiernos de mi país de origen y mi país de adopción (Turquía y el Reino Unido) defendían el ‘interés nacional’ en Europa. Mi lectura de la evidencia sugería que el ‘interés nacional’ no era en realidad nada más que el de los puntos de veto: grupos de interés pequeños pero estrechamente organizados capaces de apoderarse de la política pública, precisamente porque son pocos en número y se organizan de modo eficaz. Por contraste, el público en su conjunto (es decir, el origen legal y filosófico del interés nacional) quedaba orillado debido a su inherente debilidad a la hora de resolver problemas de acción, tal como ha demostrado Mancur Olson.
La inmigración es una cuestión de política en la que los grupos de veto tienen mejores oportunidades de equiparar sus intereses egoístas a un ‘interés nacional’ indivisible, pero en buena medida ficticio.
El reciente acuerdo entre la UE y Turquía sobre los refugiados sirios es un vergonzoso ejemplo de la política pública europea atrapada por grupos de veto que consisten en grupos y políticos xenófobos minoritarios preocupados por sus posibilidades de reelección. El acuerdo consta de tres elementos: (i) por cada refugiado sirio devuelto de las islas griegas a Turquía, la UE aceptará a un solicitante de asilo sirio de Turquía; (ii) el acuerdo no se aplicará a otras nacionalidades (es decir, a ciudadanos de Afganistán, Pakistán o incluso Irak); (iii) ayuda financiera extra de 3.000 millones a Turquía, que dobla la ayuda hasta 6.000 millones.
