La decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a un experto de la ONU plantea cuestiones jurídicas sobre su compatibilidad con las obligaciones como país anfitrión de la sede de la ONU
Rana Abi Jomaa, Al Mayadeen
Es lamentable que la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, no esté recibiendo la cobertura mediática necesaria.
Es sorprendente que no veamos ningún material sobre este peligroso precedente, que afecta a una experta en derechos humanos de la ONU que ha defendido a los oprimidos en todo el mundo, incluida la Palestina ocupada, y ha trabajado para documentar los crímenes de genocidio cometidos por "Israel", especialmente en la Franja de Gaza.
Es evidente que su firme postura en defensa de los derechos humanos ha indignado a Estados Unidos, que ha decidido congelar sus activos y prohibirle la entrada al país. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró explícitamente que la decisión se debió a sus "esfuerzos ilegales y decepcionantes para presionar a la Corte Penal Internacional para que investigue y procese a funcionarios y empresas estadounidenses e israelíes".
Por lo tanto, no hay duda alguna sobre el contexto de la decisión. Albanese es verdaderamente valiente y ha buscado derrocar a empresas como Alphabet, matriz de Google, Amazon, Microsoft y otras, debido a su participación en el apoyo a la economía de ocupación israelí.
