Golpes, protestas y desastres ambientales: Los hechos que marcaron el telúrico 2019 en Latinoamérica

El año 2019 ha dado lugar en Latinoamérica a una profunda reconfiguración política, con un fuerte protagonismo de la sociedad en las calles y varios conflictos con final abierto. Los últimos 12 meses estuvieron atravesados por elecciones, desestabilización política, un golpe de Estado, múltiples protestas y la profundización de las sanciones e intervenciones del Gobierno estadounidense a los países no alineados con Washington.

Sin dudas, el derrocamiento del presidente Evo Morales en Bolivia, a pocos días de concretada una elección, más allá de las denuncias de fraude que nunca fueron probadas de manera contundente, encienden una alarma respecto a la seguridad democrática y la soberanía de los pueblos de la región.

Ya en enero, el Gobierno de EEUU fue uno de los máximos auspiciantes del intento de golpe de Estado en Venezuela, encabezado por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó 'presidente encargado'. La misión desestabilizadora alcanzó su punto máximo el 30 de abril, con la llamada 'Operación Libertad', pero, sin la respuesta de las fuerzas militares, al menos al nivel que esperaban los ejecutores y promotores del levantamiento, fracasó ese mismo día.

Desde el mes de abril, la Casa Blanca decidió endurecer y ampliar las sanciones económicas y comerciales a Cuba, Venezuela y Nicaragua, los países considerados por Washington como "la troika de la tiranía". El objetivo fue expuesto por las propias autoridades de la administración Trump: "Acabar con la glorificación del socialismo y el comunismo" en el continente.

El castigo como estrategia para impedir el legítimo derecho a la manifestación en el espacio público

Roberto Fernández Droguett, El Desconcierto

Más que el mantenimiento del orden público, lo que ha estado sucediendo cada vez con más fuerza a través de la represión policial es el castigo sistemático e indiferenciado a la ciudadanía que se encuentra en las zonas urbanas de manifestación política, particularmente en los alrededores de la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), lo que implica un entorno bastante extendido que incluye las primeras cuadras de Vicuña Mackenna, del parque Bustamante y del Parque Forestal, la entrada al barrio Bellavista, el sector de Providencia hasta la Estación del metro Salvador, y el sector de la Alameda hasta Avenida Santa Rosa.
Desde ya algunas semanas que carabineros ha venido desarrollando en el centro de Santiago procedimientos represivos orientados a impedir el derecho a manifestarse. Amparados en el discurso del intendente de Santiago sobre la ausencia de permisos para realizar manifestaciones y en el copamiento policial del sector, las fuerzas policiales han desplegado un gran cantidad de efectivos a pie y en moto, y han hecho un uso masivo de recursos como carros lanza-agua, lanza-gases, y bombas lacrimógenas, realizando muchas detenciones y ataques a las y los manifestantes, todo lo cual ha derivado en enfrentamientos, personas heridas o afectadas por estos procedimientos, y en definitiva en la imposibilidad de ejercer el derecho constitucional a manifestarse de forma tranquila y segura.

Organizaciones internacionales financian a José Antonio Kast para fomentar el fanatismo religioso y promover leyes contra las mujeres

El explosivo auge del fascismo en el mundo no fue una coincidencia, fue la respuesta de los más ricos para mantener sus privilegios ante la crisis del capitalismo, y ya está más que comprobado que las grandes fortunas del Estados Unidos se encuentran financiando los movimientos de ultraderecha en todo el mundo. En este contexto Chile no es una excepción, y una investigación de Ciper reveló que a José Antonio Kast le están pagando para fomentar el fanatismo religioso, quitar libertades, acabar con la Educación y promover leyes contra las mujeres y la comunidad LGBT. Parte de la investigación señala:

Dos meses antes de lanzar la candidatura presidencial que en 2017 le abrió el camino a un liderazgo con proyección nacional, José Antonio Kast ya había timbrado su pasaporte a las grandes ligas continentales del conservadurismo. Kast anunció su postulación a La Moneda en agosto de ese año y solo el puñado de entusiastas seguidores que entonces le acompañaba se atrevía a vaticinar que terminaría adueñándose del extremo derecho del arco político. Pero Kast ya sabía dónde apuntaba: en junio de ese año, en Ciudad de México, dio un paso clave como aspirante al timón de las fuerzas conservadoras. Un capítulo poco conocido en su historial y que lo asocia con un gigante que en gran parte del continente ya es una fuerza electoral sin frenos: el mundo evangélico conservador.
El 15 de junio de 2017 se lanzó la Declaración de México, un manifiesto suscrito por 670 parlamentarios de 18 países de América Latina que se opone a que las resoluciones de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliguen a los estados miembros a modificar sus leyes locales “en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa”. Esa reunión en México no tuvo solo como objetivo la firma de una declaración. Fue un acto fundacional: los suscriptores pusieron en marcha el Congreso Hemisférico de Parlamentarios. Desde allí se articularían sus fuerzas políticas, económicas y religiosas, para evitar en estos 18 países que las resoluciones de la OEA y de los otros dos organismos interamericanos amplíen las libertades individuales en materias como aborto y derechos reproductivos, educación sexual, matrimonio homosexual y equidad de género.

En corto y simple: la declaración y el Congreso Hemisférico son hitos públicos del lobby internacional cristiano que presiona a gobiernos y parlamentos americanos para impedir que legislen a favor de lo que las fuerzas conservadoras llaman “ideología de género”. Y allí, en el centro de la foto oficial de los principales líderes continentales que dieron vida a ambos hitos está José Antonio Kast. Su rol fue estelar, pues el líder de Acción Republicana –movimiento que ya está en proceso de inscripción como partido político– integró el equipo de seis personalidades que organizó la reunión de junio de 2017 en México. De hecho, fue ungido como presidente del comité promotor del Congreso Hemisférico.

Alberto Mayol y el estallido social en Chile

El sociólogo Alberto Mayol comenta en esta entrevista con Tomás Mosciatti las particularidades del estallido social vivido en Chile y destaca el “desequilibrio normativo” propiciado por el Gobierno y las instituciones: “Cuando tú ves en la calle un rayado que dice ‘evade como Piñera’, tienes lo que se llama en sociología un desequilibrio normativo. Cuando tú ves una iglesia que dice afuera rayado ‘se cuidan niños’, tienes un desequilibrio normativo, porque tú le estás pidiendo a la gente que cumpla el orden social y la gente te está diciendo ‘pero si ustedes no lo cumplen’”.

El enorme daño causado por los economistas neoliberales

Vicenç Navarro, Público

Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía en el año 2001), escribió un artículo publicado en la revista Social Europe, The end of neoliberalism and the rebirth of history, en el que señalaba las consecuencias negativas de la aplicación de las políticas neoliberales (que incluían reformas laborales encaminadas a debilitar a los sindicatos y facilitar el despido de los trabajadores, así como políticas de austeridad con el intento de disminuir la protección social mediante recortes del gasto público social) en la calidad democrática de los países a los dos lados del Atlántico Norte (incluyendo España), así como en el bienestar de las clases populares de los países donde tales políticas se han estado aplicando. La evidencia de que ello ha sido así es clara y contundente.

El objetivo del artículo de Stiglitz era denunciar a los economistas que han promovido tal ideología política (el neoliberalismo), los cuales han alcanzado un dominio casi completo en fórums donde se reproduce la sabiduría convencional de los establishments políticos y mediáticos. Tal dominio ha sido promovido por las élites financieras y empresariales, así como por los sectores más pudientes de la población, que han ejercido (y continúan ejerciendo) una enorme influencia sobre tales establishments y que eran, y son, los que se benefician más de la aplicación de tales políticas, beneficios que están basados, según Stiglitz, en una enorme explotación de las clases populares, cuya calidad de vida ha empeorado considerablemente como resultado de la aplicación de esas políticas. Una de las consecuencias de esta realidad ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades en la mayoría de estos países en los que tales políticas se han aplicado.

El principio básico del dogma neoliberal, según Stiglitz

Estancamiento económico en América Latina

Hedelberto López Blanch, Rebelión

Cuando está en sus últimas agonías el año 2019, América Latina presenta un desfavorable saldo económico y social lo que ha enfatizado la CEPAL al afirmar en un reciente informe que la región ha perdido un decenio pues sus cifras de pobreza y pobreza extrema son parecidas a las del año 2009.

El documento titulado Panorama Social de América Latina y el Caribe divulgado a finales de noviembre, confirma que esos dos lamentables índices alcanzaron a 191 millones y 26 millones de personas, respectivamente, que representan 31 % y 11,5 % de la población.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena, afirmó que la desigualdad en la región es estructural, multidimensional e ineficiente, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo.

Asimismo, detalló que la situación social en Latinoamérica es expresión del comportamiento de la economía cuyo crecimiento ha venido desacelerándose significativamente desde 2011, ha registrado dos caídas sucesivas en 2015 y 2016, y en 2019 sólo crecerá 0,1%.

Piñera, necropolítica y terquedad

Camilo Godoy Pichón, El Desconcierto

Corría el año 2011 y el filósofo camerunés Achille Mbembe acuñaba el concepto de “necropolítica” para designar la capacidad de los Estados contemporáneos de determinar quién debe vivir y quién debe morir, en función del aseguramiento de recursos. Este planteamiento se originó a partir de la observación de lo acontecido en las guerras africanas, en la franja de Gaza, en Guantánamo y en territorios despojados.

Corre el año 2019 y en Chile, el Presidente de la República ha emprendido una política sistemática de asedio a los derechos humanos. Desde el 18 de Octubre a la fecha, han sido múltiples las y los ciudadanos afectados por el accionar del aparato represivo, en la “crisis de derechos humanos más grande desde la dictadura”, según el Informe Anual del INDH 2019.

Las muertes, las torturas, las mutilaciones, las vejaciones sexuales se han vuelto una especie de escenografía de la cotidianeidad que es imposible normalizar. Sin embargo, lo que llama más la atención al respecto es la actitud del gobierno, que parece empecinado en negar las acusaciones de vulneración de derechos de organismos internacionales, relativizándolos, matizándolos o simplemente descalificándolos.

Adios al oasis chileno

Ariel Dorfman, Pagina 12

Cuando se escriba la historia de la inédita revuelta del año 2019 que cambió el destino de Chile, destacará, sin duda, una frase pronunciada por el presidente Sebastián Piñera el 8 de octubre en un programa de televisión en Santiago: “En medio de una América convulsionada, Chile… es un verdadero oasis.”

Aquellas palabras trasuntaban una ceguera ilimitada y una soberbia impenetrable, no solo del Primer Mandatario, sino de toda una clase dirigente que no entendía lo que pasaba en el país real que incubaba en esos mismos momentos el estallido social que ningún miembro de la encapsulada élite había anticipado.

En efecto, mientras Piñera peroraba televisamente, miles de estudiantes chilenos se saltaban con júbilo los torniquetes del Metro de Santiago, rehusándose a pagar un alza de treinta pesos que el gobierno había decretado recientemente, tan solo dos días antes de que Piñera se ufanara de que Chile fuera tan diferente del díscolo continente latinoamericano.

En vez de entender la desesperación que se agitaba detrás de esta forma de protesta pacífica, los ministros de Piñera (entre los que había una caterva de enriquecidos vilmente durante la dictadura de Pinochet) hicieron oídos sordos y respondieron con una violencia cada vez más salvaje, lo que, en vez de amenguar los desórdenes atizaron el descontento del que se valieron elementos anarquistas y lumpen, amén de grupos aliados a narcotraficantes para desatar saqueos y vandalismo. El presidente declaró que se trataba de una guerra a muerte contra el pueblo, impuso un estado de emergencia y toque de queda, y ordenó a los militares a salir a la calle. Desde el tiempo de Pinochet que no se veían tanquetas y soldados patrullando las ciudades.

Piñera descubrió al "poderoso enemigo" detrás de las movilizaciones sociales

2020, lo que viene en la economía mundial

Carlos Carcione, Rebelión

Octubre se despedía con el extendido pronóstico de que una nueva recesión de la economía mundial se acercaba con horizonte en 2020. Las oscilaciones bruscas en el mercado financiero, muy sensible a las noticias políticas.

Y también a los informes de la marcha de la economía real por parte de los gobiernos de las principales potencias,lo mismo que a la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China; el brexit frustrado todavía entonces, la desaceleración del comercio mundial y la crisis inminente o abierta en países emergentes importantes como Brasil, Turquía, Argentina, entre otros, alimentaban las opiniones de los especialistas y encendían las alarmas de las principales instituciones del capital financiero.

Para mediados de diciembre se alcanzó el primer acuerdo en la guerra comercial, luego de establecida una tregua a principios de noviembre,en medio del creciente ruido de un nuevo posible crak. Quedaron suspendidos los aranceles de productos electrónicos y consumo masivo que deberían entrar en vigencia hacia finales de año.

Crisis en Chile: ¿Dónde está el piloto?

Luis Nitrihual Valdebenito, Público

Los antecedentes son brutales. A poco más de un mes de movilizaciones, el último reporte del Instituto de Derechos Humanos de Chile da cuenta de mas de 200 mutilaciones oculares. En algunos casos se trata de la pérdida de un ojo y en otros, directamente de la ceguera. Otros datos concretos: 23 muertos; 2000 personas heridas; 192 hombres y mujeres sometidos a torturas; 52 querellas por violencia sexual, detenciones de menores de edad, inusitada violencia y agresividad de la policía. Un record funesto, pues en el caso de quienes perdieron sus ojos son jóvenes que se han estado manifestando desde el 17 de octubre para conseguir una Nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente.

Hace apenas unos días, un audio filtrado del General de Carabineros Mario Rozas daba cuenta de la decisión de apoyar a su tropa de manera irrestricta: “a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial”, señalaba de manera tajante. Dos cosas se pueden señalar de esta filtración, lo primero es obviamente la ausencia de una mirada que de cuenta de respeto a los derechos humanos y aplicación de mínimos protocolos de buen trato. Lo segundo es la falta de cohesión interna dentro de la misma institución. Tras este audio, grave dada la situación de violencia salvaje por parte de la policía, el gobierno ha guardado un riguroso y agraviante silencio. Piñera se concentra en cambio en los hechos de violencia ejecutados por delincuentes que, aprovechando los masivo del movimiento social, han saqueado y quemado lugares a lo largo de todo Chile.

Cambio climático: sainete y gran fiasco en Madrid

Alejandro Nadal, La Jornada

El Acuerdo de París sobre cambio climático fue presentado al mundo en 2015 como un gran logro al finalizar la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención sobre Cambio Climático. Se dijo que por vez primera todos los países del mundo se habían unido en un esfuerzo común por mantener el cambio climático por debajo de los dos grados centígrados respecto de la era preindustrial. Además, se acordó realizar esfuerzos por limitar a 1.5 grados dicho cambio climático. Para lograr lo anterior todos y cada uno de los países miembros definirían de manera voluntaria e independiente sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Formalmente el Acuerdo de París (AP) entró en vigor en noviembre de 2016, al ser ratificado por el número requerido de países. Pero lo que nunca se ha dicho con toda claridad, y los medios no han sabido entender, es que ese acuerdo ya entró en vigor, pero todavía no puede aplicarse. Ya llevamos cuatro años en esta especie de limbo que convierte el AP en un tratado internacional que ya entró en vigor pero no puede aplicarse. La razón es que le falta lo que sería el equivalente a una ley reglamentaria.