Jaque al Neoliberalismo: Resiliencia

Nahia Sanzo, Slavyangrad

“Después de casi tres años de dura guerra con Rusia, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania se enfrenta a un difícil equilibrio: extraer más recursos financieros para sostener la lucha sin saturar a una población que ya está sufriendo bajo el peso del conflicto”, escribía hace unos días un artículo publicado por The New York Times en el que trataba los aspectos económicos que están afectando más directamente a la sociedad ucraniana. “Esta tensión se ha puesto de manifiesto estos últimos días, cuando el señor Zelensky ha ratificado con su firma la ley con el mayor aumento de impuestos de la guerra a la vez que ha introducido un programa patrocinado por el Estado suministrando asistencia financiera a la población ucraniana durante el invierno”, añade el artículo, que procede a explicar en qué consiste esa ayuda que supuestamente ha de ejercer de contrapeso al aumento de los impuestos en el país más pobre de Europa (lo era ya antes de la invasión rusa, que ha supuesto un empobrecimiento añadido de la sociedad pese a los triunfalistas anuncios de crecimiento de Kiev y sus aliados).

“El Gobierno ha afirmado que cada ucraniano tendrá derecho a recibir un pago único de mil grivnas, unos 24 dólares, una suma modesta comparada con el salario medio mensual en Ucrania, de unos 500 dólares”, explica para precisar que “el Gobierno ha promocionado la medida como una forma de demostrar apoyo a sus ciudadanos”. La voluntad de creer al pie de la letra cada afirmación de Kiev se traduce en ver voluntad de cuidar a la población en una medida que, de ninguna manera, puede compensar las reformas de los últimos años y el empobrecimiento de la guerra.

“Para muchas familias y a nivel de todo el país, esto es tangible”, afirmó Zelensky, que confirmó que 3,2 millones de personas ya habían solicitado esta subvención. Aunque sin ninguna intención crítica, el medio estadounidense califica la medida de populista y la define como un intento de Zelensky de recuperar la confianza de una población que, como muestran las encuestas, se ha visto desgastada por la fatiga de la guerra. Tan solo el 22% de la población del territorio bajo control de Kiev estaría dispuesta a votar a Zelensky en unas hipotéticas elecciones que, por el momento, no van a celebrarse. La semana pasada, Andriy Ermak, jefe de la Oficina del Presidente, afirmó que Ucrania está lista para realizar unas elecciones al día siguiente de “una paz justa”, término que Kiev utiliza con el significado de victoria completa, con la recuperación de sus territorios perdidos. Aunque no hay peligro electoral para Zelensky a corto o medio plazo, el equipo del actual presidente es consciente de que precisa de medidas populistas para mantener un cierto nivel de apoyo, imprescindible para garantizar la paz social en momentos en los que la guerra no va como se ha prometido a la población, a la que se exige cada vez más sacrificio.

Uno de ellos es el aumento del 1,5 al 5% en el impuesto a la renta que el Gobierno ucraniano implantó para rellenar sus maltrechas arcas. Económicamente más cercano al libertarianismo de Milei en Argentina que al liberalismo europeo, el equipo de Zelensky no dudó en crear un flat tax, es decir, un impuesto regresivo para costear una parte del gasto que implica la guerra. Como recoge The New York Times, Ucrania espera recaudar 3.500 millones de dólares, una cantidad importante teniendo en cuenta el estado de las finanzas del país, dependiente de Estados Unidos para costear el gasto militar y de la Unión Europea para el mantenimiento del Estado.

Citando a diputados de Holos, un partido liberal que pese a haber sido aliado de Zelensky en su fase inicial trata de posicionarse como oposición, el medio estadounidense admite que los 350 millones de dólares en subvenciones a familias que va a emplear Ucrania no pueden compensar el aumento en la carga impositiva. Lo que The New York Times no recuerda es que el empobrecimiento de la población ucraniana, especialmente agudo en el sector de las personas mayores y pensionistas, precede a la invasión rusa y a la aplicación del impuesto con el que Zelensky pretende aumentar los ingresos del Estado ante la posibilidad de que Washington reduzca su asistencia militar. A lo largo de la última década, justificándose en las exigencias de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, en la necesidad de avanzar hacia dejar en manos del mercado los precios de los servicios básicos para amoldarse a la Unión Europea y en la voluntad de aumentar los ingresos para costear la guerra de Donbass, Ucrania ha limitado o eliminado los subsidios que hacían descender las tarifas de la luz, el gas o el agua, unos cambios que ha padecido especialmente en la población trabajadora, pensionista y rural.

El bienestar de la población no fue un objetivo prioritario del Estado en los años de relativa paz y miembros del partido de Zelensky trabajaron para limitar al máximo las prestaciones sociales y eliminar cualquier resquicio de las subvenciones heredadas de la Unión Soviética que aún no habían desaparecido. La situación actual, con centenares de miles de personas desplazadas que han perdido sus empleos, hace imposible eliminar completamente las prestaciones que ayudan a sobrevivir a quienes han tenido que abandonar sus viviendas. Sin embargo, el mísero nivel de ayudas del Estado contrasta con el intento de continuar ampliando el gasto militar a base de exprimir un poco más a una población cada vez más reticente a seguir luchando hasta la victoria final. La población sigue sin ser una prioridad para el Gobierno ucraniano, más centrado en garantizar que la guerra pueda continuar. Tanto es así que ni siquiera en el Plan de Resiliencia, tercera de las grandes propuestas de Zelensky este año tras la Fórmula de Paz dirigida a Rusia y el Plan de Victoria dirigido a sus aliados y proveedores, tiene el bienestar de la sociedad como su eje central.

Más importante para Zelensky que mejorar la situación de la población más empobrecida del continente europeo es, por ejemplo, la creación de un Ministerio de Unidad. Con este tipo de medidas, la Oficina del Presidente pretende consolidar la idea de la unidad de Ucrania, base de la narrativa de la guerra pese a que elimina de un plumazo a la parte de la sociedad que lleva una década luchando contra Kiev en los territorios que el Gobierno sigue reivindicando como propios. Según el diario ucraniano Strana, el ministerio se construirá sobre la base del antiguo Ministerio para los Territorios Temporalmente Ocupados, una creación de los años de guerra en Donbass y cuya misión real fue evitar que se produjera una resolución del conflicto por la vía del compromiso de Minsk.

“La propia aparición del Ministerio de Unidad Nacional, que debería ocuparse, como afirmó anteriormente Zelensky, del retorno de los ucranianos del extranjero, en lugar del Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupados, es extremadamente simbólica en el contexto de los rumores cada vez más crecientes sobre el inminente final de la guerra mediante su detención en la línea del frente. Si estos rumores se hacen realidad, entonces, por supuesto, el tema del retorno de los territorios ocupados por la Federación Rusa a Ucrania será mucho menos relevante que el tema del retorno de los refugiados ucranianos”, escribe Strana, con excesiva confianza en las posibilidades de que se produzca un alto el fuego.

La nota añade que detener la guerra significaría el pistoletazo de salida de la campaña electoral, una cuestión compleja debido a los millones de ciudadanas y ciudadanos con derecho a voto que se encuentran en el extranjero. Strana ve en el nuevo ministerio, que estará dirigido por una figura tan importante como el exdirector de Naftogaz, un paso hacia el escenario moldavo. “Ahora que millones de personas han abandonado el país, la situación es objetivamente diferente. Es problemático que las autoridades les dejen completamente sin la posibilidad de votar. Habrá que crear muchos más lugares de votación en el extranjero, y esto supone un enorme frente de trabajo del que las autoridades probablemente intentarán apoderarse por completo para influir en el resultado de la votación”, explica para recordar el ejemplo de Moldavia “donde los votos de los ciudadanos residentes en el extranjero determinaron el resultado de las elecciones presidenciales (a favor de la presidenta en ejercicio) y del referéndum sobre la Unión Europea”. Los derechos de la población no son una prioridad, pero sí mantener su control para garantizarse el poder.

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