Guerra hasta el último minuto

Nahia Sanzo, Slavyangrad

Con el tiempo sobre la bocina, a cuatro días de que Joe Biden pueda dedicarse por primera vez en décadas íntegramente a su familia y de que Antony Blinken o Jake Sullivan regresen al mercado laboral de la consultoría privada o al activismo del sector de los grupos de presión o think-tanks, la administración Demócrata continúa realizando todos los esfuerzos en su mano para garantizar que Ucrania pueda continuar luchando contra el enemigo común, Rusia, mientras lo considere necesario y al margen de las intenciones de la nueva administración de la Casa Blanca. El objetivo es que las autoridades de Kiev dispongan de buenas cartas a la hora de negociar con el equipo de Donald Trump en el momento en el que Mike Waltz y Keith Kellogg logren dar forma de propuesta a las ideas que actualmente presentan en los medios de comunicación y que no hay posibilidad de saber en qué medida se corresponden con las del presidente electo. Desde el punto de vista de la actual administración Demócrata, la OTAN y la Unión Europea, Ucrania necesita fortaleza para enfrentarse a dos tipos de negociaciones: una con Estados Unidos para determinar su apoyo, que marcará el tipo de diplomacia a la que aspira Washington y en qué medida la fuerza en la imposición de la paz, y otra posterior con Rusia. La primera negociación depende exclusivamente de que Kiev disponga de las garantías de recursos económicos para continuar la guerra al margen de Estados Unidos. En otras palabras, los países europeos y la administración Demócrata buscan que Ucrania no se quede sin recursos en caso de una posible amenaza de corte o reducción de los suministros o asistencia financiera estadounidense. La fortaleza relativa en la segunda, por el contrario, se mide en la capacidad de los países occidentales de financiar a Ucrania y minar las capacidades rusas para lograr un desequilibrio de fuerzas que favorezca a Kiev, algo que, a día de hoy, solo puede conseguirse a largo plazo con una mezcla de escalada militar y profundización de la guerra económica.

Reducir la capacidad rusa de lucha y aumentar la liquidez ucraniana pasan por una doble actuación: más sanciones contra Rusia y fondos para Ucrania. Al igual que cinco días antes, cuando Estados Unidos anunció el paquete de sanciones más importante de los últimos meses, centrado específicamente en el sector energético ruso, también ayer Andriy Ermak, mano derecha de Zelensky, publicó en las redes sociales que iba a producirse un nuevo comunicado para dar a conocer sanciones contra Rusia y se jactó del papel del Grupo Ermak-McFaul, embajador de Estados Unidos en Rusia durante los tiempos de Obama y ahora socio de la Oficina del Presidente en la labor de grupo de presión. “El Departamento del Tesoro estadounidense informó en un comunicado de que Washington estaba imponiendo nuevas sanciones a casi cien objetivos -entre ellos bancos rusos y empresas que operan en el sector energético de Rusia- que ya habían sido sancionados previamente por Estados Unidos, en una medida que, según declaró, aumenta el riesgo de sanciones secundarias para entidades críticas rusas”, escribía ayer Reuters, sin precisar que, si es necesario volver a sancionar a las mismas personas físicas o jurídicas, posiblemente lo sea por el fracaso de los paquetes iniciales.

La segunda parte de la labor de mejorar la situación económica y negociadora de Ucrania -en vistas a una negociación con Estados Unidos- es aumentar los recursos a disposición de Kiev al margen del control de Washington. La tarea va más allá del aumento de la inversión militar que busca la OTAN, cuyo secretario general insiste en que se dedique “una pequeña fracción” de lo que actualmente se gasta en pensiones, sanidad o seguridad social en defensa. No es la primera ocasión en la que Mark Rutte menciona recortes en las partidas más básicas del estado del bienestar para trasladar esa financiación al desarrollo militar. Ante el escaso éxito de su primer intento, el líder de la OTAN ha añadido esta vez una amenaza más explícita calificando la situación actual de preocupante. “No estamos en guerra, pero tampoco en paz”, afirmó para explicar que “ahora estamos seguros, pero no lo estaremos en cuatro o cinco años”, por lo que las opciones son aumentar el gasto militar o “sacar cursos de lengua rusa o ir a Nueva Zelanda”. Ocupación, emigración o militarismo parecen ser las tres opciones entre las que ha de elegir la ciudadanía europea, a la que no se ofrece la posibilidad de una nueva estructura de seguridad que evite la necesidad de escaladas militares.

La mirada de Rutte está a cuatro o cinco años vista, por lo que no se prevén recortes puntuales, sino la institucionalización de la beligerancia. Sin embargo, nada de eso soluciona el problema actual, que requiere una elevada cantidad de fondos de forma rápida y continuada a lo largo de los próximos meses. Es ahí donde la administración Biden está haciendo sus últimos intentos. “A pocos días de la entrega de las llaves al gobierno de Estados Unidos, la administración Biden está haciendo un último esfuerzo para apoderarse de cientos de miles de millones de dólares en activos rusos como futura palanca de negociación para Ucrania, según dos altos funcionarios de la administración”, escribía ayer CNN en relación con los pasos dados por la Casa Blanca para tantear la posibilidad de utilizar los activos rusos incautados como herramienta de aún más presión a Rusia.

“Algunos de los asesores principales de Biden han estado trabajando para convencer a los socios europeos de que apoyen el traslado de unos 300.000 millones de dólares de dinero ruso a una nueva cuenta bloqueada que sólo se liberaría como parte de un acuerdo de paz. El dinero pertenece al Banco Central ruso y fue congelado inicialmente hace tres años, después de que Rusia invadiera Ucrania”, añade CNN mostrando una sorpresa innecesaria teniendo en cuenta que líderes como Olaf Scholz se han enfrentado a países como Polonia a raíz de esta cuestión y han explicado ya la inviabilidad de esta medida, que pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero europeo, algo que no parece suponer una preocupación para la administración Biden, preocupada por garantizar que Ucrania disponga de fondos incluso si Donald Trump fuerza una negociación o un alto el fuego. La propuesta sale a la luz apenas unos días después de que Volodymyr Zelensky exigiera esos fondos y propusiera adquirir con ellos armas estadounidenses. Nadie prevé para el día después de la guerra una desescalada del conflicto sino, en el mejor de los casos, una paz fuertemente armada.

“La incautación de los activos tendría por objeto enviar un mensaje simple a Moscú, dijo un alto funcionario de la administración a CNN: «Si quieres recuperar tu dinero, vas a tener que venir a hablar»”, afirma CNN, que añade que existe un acuerdo por parte de la administración entrante, que parece no comprender que la incautación de los activos disuadiría a Rusia en lugar de incentivar una negociación. No es improbable que conseguir ese rechazo ruso a negociar sea realmente el objetivo de la administración Biden, que busca alargar la guerra a la espera de un momento mejor para que una Ucrania más fuerte pueda imponer su voluntad frente a Rusia.

La hipérbole a la hora de actuar hasta el último minuto para garantizar que la guerra puede continuar choca con el escaso peligro que existe realmente de que la nueva administración estadounidense vaya a dar un rápido giro de 180 grados a la política sobre Ucrania. “Dos asesores del presidente electo Donald Trump admiten ahora que la guerra de Ucrania tardará meses o incluso más en resolverse, lo que supone un duro golpe de realidad a su mayor promesa en política exterior: alcanzar un acuerdo de paz en su primer día en la Casa Blanca”, afirmaba ayer Reuters, constatando algo evidente, que la complejidad del conflicto y los intereses de Estados Unidos apuntan a la continuación de la guerra más allá de los cien días que Keith Kellogg se da a sí mismo como opción más optimista para iniciar algún tipo de negociación.