Atilio A. Boron
El fallo de la Corte Internacional de Justicia cierra, por ahora y tan sólo en el ámbito jurídico, el histórico diferendo político relativo el acceso al mar de Bolivia. Porque tal como el periodista e historiador chileno Manuel Cabieses Donoso lo estableciera con su habitual clarividencia días antes de conocerse la sentencia, “después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, lo único razonable es que Chile y Bolivia inicien el diálogo amistoso que el mundo les está pidiendo.”
Según algunos observadores el fallo del tribunal de La Haya peca de un tecnicismo que no se compadece con la densidad histórica y geopolítica que encierra esa controversia. Los jueces obraron como si estuvieran en presencia de un litigio entre dos cantones suizos por el acceso a unas pasturas para sus vacunos de lechería. No se hicieron cargo de la dimensión y la génesis del conflicto y del papel de las grandes potencias de la época –Gran Bretaña y en menor medida Estados Unidos- que utilizaron al gobierno de Chile como un “proxy” para apoderarse de las riquezas mineras existentes en esa región. Estas no fueron utilizadas para estimular el progreso material de Chile, que siguió siendo “un caso de desarrollo frustrado” como lo sentenciara el gran economista de ese país, Aníbal Pinto, sino para acrecentar las fabulosas ganancias de las empresas extranjeras promotoras de la guerra. En ese tiempo, 1879, la explotación del guano y el salitre producían pingües ganancias dado que eran los principales fertilizantes que demandaba impostergablemente la agricultura europea, cuyas tierras labradas por siglos daban signos de agotamiento luego de la Revolución Industrial. Y también estaba el cobre, aunque con una presencia apenas incipiente en esa época.
