En este ensayo, Alain de Benoist analiza cómo el capitalismo ha utilizado la inmigación para contener los salarios y debilitar los movimientos sindicales. Los trabajadores indocumentados crean un "ejército de reserva" que socavan los salarios y los derechos laborales
Alain de Benoist, Revue Elements
En 1973, poco antes de su muerte, el presidente Pompidou reconoció haber abierto las compuertas de la inmigración a petición de varios grandes empresarios, como Francis Bouygues, deseosos de beneficiarse de una mano de obra dócil, barata, desprovista de conciencia de clase y de toda tradición de luchas sociales, con el fin de ejercer una presión a la baja sobre los salarios de los trabajadores franceses, reducir su fervor reivindicativo y, de forma subsidiaria, romper la unidad del movimiento obrero. Estos grandes empresarios, subrayaba, «siempre quieren más».
Cuarenta años después, nada ha cambiado. En un momento en el que ningún partido del Gobierno se atrevería a pedir que se acelere aún más el ritmo de la inmigración, solo la patronal se pronuncia en ese sentido, sencillamente porque sigue siendo lo que más le conviene. La única diferencia es que los sectores económicos afectados son ahora más numerosos y van más allá del sector industrial o la restauración para extenderse a profesiones que antes se libraban de ello, como los ingenieros o los informáticos.
Francia, como es sabido, recurrió masivamente a la inmigración ya en el siglo XIX. La población inmigrante ya ascendía a 800 000 personas en 1876 y a 1,2 millones en 1911. La industria francesa, que en un principio fue un polo de atracción para la emigración italiana y belga, atrajo posteriormente a polacos y más tarde a españoles y portugueses. «Esta inmigración, poco cualificada y no sindicada, permitirá al empresario eludir las crecientes restricciones de la legislación laboral» (1). En 1924 se creó incluso una Sociedad General de Inmigración (SGI) por iniciativa del Comité de las minas de carbón y de los grandes explotadores agrícolas del noreste. Esta abrió oficinas de colocación en Europa, que funcionaban como una bomba aspirante. En 1931 se contabilizaron 2,7 millones de extranjeros en Francia, lo que representaba el 6,6% de la población total. Francia registraba entonces la tasa de inmigración más alta del mundo (515 por cada 100 000 habitantes). «Una buena forma para que una parte de la patronal ejerciera presión a la baja sobre los salarios […] Ya en aquella época, el capitalismo buscaba poner en competencia a la mano de obra recurriendo a ejércitos de reserva salarial» (2).
