Uno de los posicionamientos más extendidos en la cultura política y económica del país es que la globalización de la economía a nivel mundial ha hecho imposible llevar a cabo políticas a nivel del Estado-nación, y muy en particular aquellas que están encaminadas a mejorar la calidad de vida de las clases populares que, por cierto, constituyen la mayoría de la población en cada Estado-nación. La famosa frase de que “no hay alternativas” se convierte en un muro frente a cualquier intento de cambio. De esta manera, el desmantelamiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar y el descenso de los salarios y de la estabilidad laboral, con el consiguiente deterioro del estándar de vida de la mayoría de la gente, se presentan como inevitables e inalterables. Por desgracia, un número creciente de movimientos sociales y partidos políticos progresistas están también aceptando esta interpretación de la realidad, concluyendo que, a no ser que haya un cambio global (bien sea de la Eurozona, o de la Unión Europea, o del mundo capitalista), es poco lo que se puede hacer para cambiar tales políticas.
En otras ocasiones, este determinismo económico es sustituido o complementado por otro determinismo, este de carácter tecnológico, que asume que los cambios tecnológicos son los que están configurando nuestras sociedades, sin que podamos hacer mucho para cambiarlo. Así se asume –contra toda evidencia empírica existente- que los avances tecnológicos en la automatización del trabajo están destruyendo puestos de trabajo, abocándonos a un futuro sin puestos de trabajo.
