Hasta hace poco la democracia tutelada que se estableció mediante la Constitución del 80 no había sido nunca reconocida por el liderazgo político chileno. Esto pese a lo evidente de tales características durante la década de los 90. Sus manifestaciones más escandalosas fueron los denominados ejercicios de enlace de 1990; el boinazo de 1993 y el puntapeucazo de 1995. Y las más humillantes fueron las repetidas defensas de los gobiernos de Aylwin y de Frei Ruiz-Tagle (expresadas fundamentalmente por sus ministros Correa y Pérez Yoma) a Pinochet frente a sus sucesivos bochornos en el exterior en sus viajes de vacaciones o a comprar armas, que hacía cuando le daban ganas. Esto, por cierto, tuvo su manifestación más penosa cuando el liderazgo concertacionista defendió a Pinochet frente al mundo, luego de su detención en Londres. Y lo hizo tan efectivamente que logró su liberación; y posteriormente, con presiones públicas y privadas al Poder Judicial efectuadas por el gobierno de Lagos, logró su total impunidad.
Es cierto que la propia detención de Pinochet en Londres provocó una disminución del poder fáctico de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ello, unido a las ansias de reivindicación histórica del muy desprestigiado Poder Judicial, abrió la puerta para que se comenzara a hacer justicia respecto de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. También pudo expresarse en que las manifestaciones más evidentes de la autonomía de las FF.AA., plasmadas en la propia Constitución, fuesen morigeradas por la Reforma Constitucional de 2005.
