El vuelo 302 de Ethiopian Airlines se estrelló pocos minutos después de despegar de Addis Abeba el 10 de marzo pasado, llevando a la muerte a 157 personas. El avión era un Boeing 737 Max. Cinco meses antes, el vuelo 610 de Lion Air, con el mismo tipo de aeronave, se desplomó después de despegar de Jakarta, provocando la muerte de 189 pasajeros y tripulantes.
Estos accidentes alertaron a las autoridades de muchos países y a los ejecutivos de Boeing. Algo debía estar mal con el avión 737 Max. Mientras la Unión Europea cerraba su espacio aéreo a este tipo de aviones, la Agencia Federal de Aviación (FAA) estadounidense se resistía. El CEO de Boeing, Dennis Muillenburg, llamó a Trump para insistir en que el 737 Max era un avión seguro y que sería un error impedir que continuara volando. Pero la presión internacional se intensificó, y el 13 de marzo la FAA no tuvo más remedio y decretó que toda la flota de 737 Max debía quedarse en tierra.
La semana pasada los ejecutivos de Boeing admitieron que ciertos problemas del sistema de control aerodinámico habían sido la causa del accidente. Esto abre las puertas a un tsunami de demandas no sólo de los familiares de pasajeros, sino de docenas de líneas de aviación que compraron esos aparatos y que ahora no pueden utilizarlos. Las cancelaciones de pedidos del 737 Max suman ya más de 456, y las pérdidas en el valor de mercado de las acciones de Boeing superan 4 mil millones de dólares. La compañía se encuentra en una situación comprometida.
