Avaricia, desigualdad y saqueo

John Saxe-Fernández, La Jornada

En su valioso estudio sobre Las Asociaciones Público Privadas (APP), la extracción financiera y el crecimiento en la brecha de la riqueza (thecornerhouse.org.uk), Nicholas Hildyard muestra los vericuetos a los que recurren el FMI y el Grupo Banco Mundial (BM) para poner en marcha el traspaso a privados de activos, recursos fiscales y servicios públicos. Más que gimnasia linguística, las múltiples modalidades de diseños de contratos en torno a las APP semejan el conjunto de trucos, distracciones y habilidades asociados a la prestidigitación para invisibilizar esa extracción de riqueza hacia el uno por ciento. Según se deriva de los escasos estudios de evaluación del BM, no hay evidencia dura de derrame hacia la población, de bienestar y empleo. Con la financiarización capitalista los proyectos de infraestructura tipo APP van a gran escala, pero además van por el resto de lo público: infraestructura social” (salud, hospitales, educación, seguridad, etc).

Hildyard muestra la gran variación de arreglos o contratos de APP sobre quién diseña, construye, financia, es dueño, desarrolla, opera o administra, sea un activo, empresas públicas, concesiones de recursos naturales (petróleo, gas, minerales, agua, foresta) añadiéndose amplia gama de servicios públicos vitales a la población como los mencionados, más los de asesoría en asuntos tan centrales a lo público como seguridad, logística militar, vigilancia del espacio aéreo y marino, explotación del régimen carcelario. Las APP primero se orientaron a grandes proyectos de infraestructura, por lo que sus promotores dicen que son para distribuir la riqueza hacia los de menor ingreso (downwards) y que están para ayudar a eliminar la pobreza por medio del involucramiento del sector privado en la infraestructura. Las evaluaciones del BM ofrecidas por Hildyard muestran que las modalidades de APP tienen algo en común: otorgan a las empresas privadas derechos contractuales sobre flujos de dinero público o el monopolio de flujos de ingresos por servicios en los que el público depende de manera crítica, como el abastecimiento de agua u hospitalarios, o el uso clasista de infraestructura vial en espacios públicos concesionados a privados. “Para nosotros –dice el vocero de una firma de inversión– la infraestructura es una fuente estable de flujo de caja, con garantía contractual, de largo plazo”. Es el tipo de flujo diario de efectivo que disfrutan los dueños de la Supervía que va de Santa Fe al sur del Distrito Federal, por lo visto con tarifas que pueden variar al alza ¿según arreglos entre las firmas y la autoridad que las regula?

Hildyard llama la atención a la importancia de los derechos contractuales de las APP porque “…a diferencia de los subsidios, como las exenciones de impuestos, los derechos contractuales no pueden ser cancelados a discreción gubernamental. Una vez formalizados, deben cumplirse por el período asignado, que usualmente son varios años, o varias décadas” (ibid, p 7). El asunto no es menor porque las APP ofrecen a las firmas gravámenes sobre el estado con garantía contractual de largo plazo, es decir derechos legales de explotar la infraestructura hasta que el estado haya saldado sus deudas con las empresas. Y en algunas APP, si no hay suficientes usuarios, el estado subsidia las firmas en su expectativa de ganancia. Es lo típico de las APP: lo público en función de la ganancia privada.

El estudio de Hildyard es oportuno y relevante ante dos tendencias: por un lado la invalidación de los sistemas judiciales de los Estados nación en centro y periferia capitalista, un asunto discutido desde estas páginas gracias a las fugas de información sobre los ultra-secretos Acuerdo TransPacífico (TPP en inglés) y el de Servicios (TISA en inglés) obtenidas por Public Citizen y Wikileaks, avecinándose el manejo empresarial y discrecional de tribunales internacionales a modo, para la relación de las corporaciones y los estados firmantes que implica la neutralización de derechos sindicales, de protección al consumidor, a la salud y al medio ambiente y cancelar la urgente regulación de las emisiones de gases con efecto invernadero.

Los de infraestructura son diseños a gran escala en energía (liderada por combustibles fósiles) agua, alimentos con aumentos históricos (60-70 billones –trillions– de dólares en 15 años). Es inversión de los grandes bancos multilaterales y privados como Citigroup, recién multado con 700 millones de dólares por prácticas comerciales engañosas (BBC), Goldman Sachs, Morgan Stanley et al acompañados de hedge funds, fondos soberanos, fondos de pensión y no hay evidencia de que la financiarización de las APP, no socializará los costos y privatizará los beneficios. Enfrentamos a una tanática plutocracia que especula con una acelerada expansión capitalista: un 0.01 por ciento que actúa como si los límites planetarios (biológicos, de recursos, atmosféricos, climáticos) a la acumulación capitalista, no existieran.