La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Vladimir Putin tendrá repercusiones diferentes a las invocadas, tanto por Estados Unidos y sus aliados, como por Rusia y los suyos. Para los primeros, Putin, que ni siquiera ha sido acusado todavía, ya es un criminal de guerra, un paria internacional, y debería ser arrestado tan pronto como sea posible. Para los segundos, la orden no tiene valor jurídico y no tendrá efectividad, siendo solo otro acto de propaganda de Occidente. Es imposible saber cuál de las dos lecturas prevalecerá en el futuro, por lo que no las comento. Me detengo en las repercusiones observables a simple vista. Como fenómeno político, la orden de arresto es similar a las sanciones económicas impuestas a Rusia. Sus repercusiones serán reales, pero no son lo que se propone oficialmente.
La primera repercusión radica en su impacto en cualquier proceso de paz en Ucrania. Se sospechaba que Estados Unidos no estaba interesado en conversaciones de paz a corto plazo y se agregó que el desinterés era compartido por Rusia. La sospecha se confirma hoy. Estados Unidos arroja todo a la caída de Putin. Como esto no es predecible, al menos a corto plazo, el pueblo ucraniano continuará siendo martirizado y los soldados ucranianos y rusos continuarán muriendo. Los mediadores internacionales posibles y bienintencionados pueden, por ahora, dedicarse a otras tareas más realistas.
La segunda repercusión se refiere al impacto de la orden de detención en el principio de justicia universal, del cual la creación de la CPI es una de las manifestaciones más concluyentes. Esta orden de detención significa el descrédito total de este principio. La credibilidad de la CPI se vio afectada desde el principio, cuando ninguna de las grandes potencias (Estados Unidos, China, Rusia) firmó el tratado que la fundó. Declararon alto y claro que no se sentían obligados por ninguna decisión de la CPI. Estados Unidos ha sido particularmente vehemente en esta posición y, de hecho, si miramos a los países o individuos que han sido investigados por la CPI, encontraremos que ninguna investigación ha sido aceptada o avanzada cuando Estados Unidos han entendido que esto iba en contra de sus intereses. Dos casos ilustran bien esto.
La orden de arresto fue emitida cuando se conmemoraba el vigésimo aniversario de la invasión ilegal de Irak por parte de Estados Unidos. Una invasión que es doblemente ilegal porque va en contra de la decisión del Consejo de Seguridad y se basa en la falsa premisa de la existencia de armas de destrucción masiva. Al igual que Putin, George W. Bush imaginó que la guerra duraría poco tiempo y seis semanas después declaró triunfalmente: "Misión cumplida". La guerra terminó oficialmente ocho años después, dejando el país destruido y unos 300.000 civiles iraquíes muertos. No hubo orden de arresto contra Bush Jr., pero ahora hay una contra Putin, y hay que señalar que no se le acusa de asesinatos, sino de deportación de niños, un tema en sí mismo complejo, ya que en la Segunda Guerra Mundial era común evacuar a los niños en zonas de guerra como medio de protección. No estoy diciendo que este fuera el caso, pero está claro que la gravedad relativa de los crímenes no es uno de los criterios para la intervención de la CPI. Después de todo, ¿no hubo crímenes de lesa humanidad en Bucha? ¿Y quién no recuerda la masacre de My Lai en 1968 en Vietnam, en la que fueron asesinados unos 500 civiles desarmados, muchos de ellos mujeres y niños? ¿O los miles de niños que murieron en Irak debido a las sanciones impuestas por Bush padre?
El segundo ejemplo se refiere a la decisión de la CPI en marzo de 2021, cuando era fiscal Fatou Bensouda, de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos ocupados desde julio de 2014. La investigación había sido solicitada por el Estado palestino en 2018. Fue atendida tres años más tarde, y ni siquiera se trataba de una orden de detención, sólo el inicio de una investigación. Pues bien, la reacción de Estados Unidos, Alemania y otros países aliados contra la decisión de la CPI ha sido de lo más vehemente. Se esgrimieron todo tipo de argumentos para condenar la decisión de la CPI. El primer ministro británico, Boris Johnson, incluso argumentó, como una de las razones en contra de la decisión de la CPI, el hecho de que Israel es "un país amigo y aliado" del Reino Unido. La Administración Trump incluso impuso sanciones al fiscal de la CPI y sus asociados y los incluyó en una lista de sospechosos internacionales. Biden levantó las sanciones, pero dijo que estaba muy preocupado por la intención de la CPI de ejercer jurisdicción sobre el personal israelí. La posible protección internacional de Palestina, una vez más, murió al nacer. Ahora está claro que las instituciones internacionales (y no solo la CPI) solo funcionan de manera efectiva en la medida en que sirven o no perjudican los intereses de Estados Unidos. El doble rasero es tan aberrante que es poco probable que la CPI sobreviva a la caricatura que hace de sí misma.
La tercera repercusión es que todo esto apunta a una erosión fatal del principio de las "relaciones internacionales basadas en normas". La invasión ilegal de Ucrania fue obviamente un golpe en contra el principio, y muchos otros seguirán por todas las partes en el conflicto. El doble rasero al juzgarlos es tan grave que podemos estar entrando inexorablemente en el período anterior a una nueva guerra mundial. Todas las puertas a través de las cuales podría pasar una relajación de las tensiones se cierran sucesivamente. Una presión extrema es ejercida por las instituciones que podrían regular el conflicto. El 1 de abril, el país presidido por un presunto criminal de guerra presidirá (por rotación) las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué impacto tendrá esto?. Por supuesto, Estados Unidos ha estado en esta posición en múltiples ocasiones, especialmente por crímenes contra la humanidad durante las guerras de Vietnam e Irak. Lo mismo ocurrió con Francia y el Reino Unido por los crímenes cometidos en las guerras coloniales. Y también con China por los crímenes cometidos en Xinjiang. Por otro lado, Rusia no es el único país que reconoce como legítima la anexión ilegal (según la ONU) de territorios por medios militares. Estados Unidos ha hecho el mismo reconocimiento en el caso del territorio de Palestina ocupado por Israel y el territorio del pueblo saharaui ocupado por Marruecos. Lo que es nuevo es el hecho de que hay una orden de arresto contra el presidente del país que presidirá las sesiones de la más alta institución de garantía de paz y de la legalidad internacional, el Consejo de Seguridad. ¿Qué mundo es este? ¿Qué futuro nos espera?
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Traducción de Bryan Vargas Reyes
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