lunes, 11 de mayo de 2015

España: capitalismo de “amiguetes” y corrupción institucionalizada

Xavier Caño Tamayo, Red Voltaire

Rodrigo Rato, quien fue poderoso vicepresidente económico de José María Aznar, fue arrestado durante horas, registrados su despacho y domicilio exhaustivamente por la Agencia Tributaria y acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El encontronazo de Rato con la justicia no es nuevo en su familia. Su padre, Ramón Rato, fue condenado en 1967 a 3 años de prisión por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, por evadir dinero a Suiza. También se condenó al hermano de Rodrigo, Ramón Rato Figaredo a 2 años de prisión y a su tío Faustino a una multa de 5 millones de pesetas por complicidad.

Más allá de la significación del personaje o de que el espectáculo mediático de su detención responda a una guerra interna del Partido Popular, el hecho es grave porque ratifica que la corrupción es ilimitada. Presunta, por supuesto. No son casos extraordinarios ni aislados: es que el sistema está podrido. “La naturaleza institucional de la corrupción tiene sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó el poder empresarial heredado del franquismo con las privatizaciones de la transición”, explican Doménech, Raventós y Búster. Las políticas económicas de la transición y corrupciones derivadas generaron un bloque formado por grandes empresas del Índice Bursátil Español (Ibex 35) y parte de las cúpulas del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), convertido en cártel favorecedor de la corrupción. Por eso cabe buscar el origen de la corrupción en las descomunales privatizaciones de un potente sector público, perpetradas en la pretendidamente modélica transición con la consiguiente formación de poderosos oligopolios. Iniciadas sin dudarlo por Felipe González al frente de gobiernos del PSOE y continuadas con entusiasmo por los gobiernos de Aznar.

Un nada modélico sistema de concesión de contratos públicos multimillonarios, esa estructura de multinacionales montadas a partir de sólidas empresas públicas privatizadas, más una política económica y fiscal que han dado y dan posición dominante y privilegiada a grandes empresas del Ibex 35 son base de la corrupción. En ese escenario de privatizaciones desatadas cuajó el capitalismo oligopólico de amiguetes que hizo nacer una nueva minoría rica y privilegiada que controla buena parte de la economía del Reino de España. Minoría que copó el Ibex 35 y se sumó como clase dominante a los restos de la aristocracia terrateniente (que esquilma Extremadura y Andalucía desde siglos), a grandes accionistas bancarios, altos cargos financieros y grandes propietarios de la industria.

Ese capitalismo corruptor y corrompido ha hecho nacer y crecer una economía sumergida de la cuarta parte del producto interno bruto (PIB) y también que más de un tercio de billetes de 500 euros que se mueven por Europa lo hagan en España. Maletines con cientos de miles o millones de euros para enjuagues y sobornos. O apuntes contables y movimientos financieros ocultos de cuentas opacas. Lo que coloca a este Reino en el nada admirable puesto 37 en la lista de Transparencia Internacional, tras Taiwán, Chipre o Botsuana, más corrompidos que este Reino, y con 60 de índice de percepción de corrupción, a mucha distancia de 100 que es cuando no hay corrupción. Porque esa poca transparencia significa que hay mucha corrupción. Corrupción rentable, por cierto, porque la minoría que controla la economía ha visto crecer últimamente sus beneficios un 67 por ciento.

Y mientras la minoría rica privilegiada se enriquece aún más (tanto legalmente con políticas austeras de saqueo y recortes sociales, como delictivamente con la corrupción), crecen de forma escandalosa el empleo precario y los trabajadores con empleo pero que siguen siendo pobres. Crecen desigualdad y pobreza, porque, por ejemplo, de enero a marzo de este año se destruyeron 114 mil puestos de trabajo y hoy aún hay 5 millones 444 mil 600 desempleados, 71 mil más que en diciembre de 2011, cuando el Partido Popular ocupó el gobierno. Así lo asegura la última Encuesta de población activa (EPA) que envía al traste la fábula de la recuperación.

La corrupción no son sólo unos pocos casos, tampoco es cuestión privada de los corruptos, como repiten hasta el tedio portavoces del Partido Popular y del gobierno. Ni es sólo cuestión penal. La corrupción es un letal problema económico, social y político, institucional por ser parte del sistema. Y, para acabar con la corrupción, hay que cambiar el sistema político y económico. De raíz.

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