USA, terrorismo comercial

Umberto Mazzei, Rebelión

Los políticos norteamericanos son unánimes en decir que quieren un orden internacional basado en normas comunes obedecidas por la comunidad Internacional. Es un mantra de la clase política de Washington. Esa idea de un concierto internacional sería útil para la paz y la prosperidad mundial. Esa idea fue aplicada al comercio internacional bajo el principio de la libre competencia y demás leyes del mercado, principios plasmados en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con sede en Ginebra (1995).

Una de las reglas básicas de la OMC, que obedecen sus 186 miembros, es la consolidación de los aranceles, eso quiere decir que una vez entregadas las listas de aranceles, aplicados por los países a las importaciones, no pueden subirse sin una previa negociación con los países que son proveedores habituales de esos productos. Esa norma es violada con mucha desenvoltura por los Estados Unidos de América, que sube los aranceles cómo y cuándo le da la gana. Los subió unilateralmente a un largo listado de productos chinos y europeos y luego a productos argentinos y brasileños.

Fue una medida ilegal para proteger dos áreas en que la industria de Estados Unidos no son competitivas. Así tiró Estados Unidos por la borda todos sus sermones y principios acerca de una economía mundial de mercado.

El pretexto para esa subida unilateral de aranceles es que todos esos países: asiáticos, europeos y latinoamericanos le hacen competencia desleal mediante la práctica del dumping (vender por debajo del precio en país de origen) en el mercado norteamericano, como es habitual con estados, se acusa sin pruebas.

El dumping y sus remedios están previstos en las reglas de la OMC y tiene todo un procedimiento a seguir antes de aplicar aranceles que lo compensen (Artículo VI). Estados Unidos no siguió normas y aplicó aranceles arbitrarios y de modo unilateral.

El dumping, sin embargo, es la práctica habitual con que los Estados Unidos realiza la exportación de sus productos agrícolas, por ello la ronda doha de la OMC tiene como objetivo básico la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos.

Es un asunto grave porque esos precios bajos artificiales destruyen la agricultura de los países africanos, asiáticos y latinoamericanos con un efecto desastroso social y económico, porque la agricultura suele ser una porción importante de su PIB y causan la emigración de las zonas rurales hacia los centros urbanos.

El asunto de que Estados Unidos suba ilegalmente aranceles a las importaciones es un acto de delincuencia internacional menor cuando lo comparamos con los últimos actos muy graves de su delincuencia comercial, cometidos para mantener u obtener mercados, porque son delitos tipificados por el derecho internacional penal.

Nos referimos en primer lugar a los recientes delitos cometidos contra la empresa china Huawei, especializada en telecomunicaciones.

Huawei superó en tecnología a sus rivales norteamericanas como Apple (i-phone) ofreciendo teléfonos de quinta generación y servicios de red con los que las empresas norteamericanas ya no pueden competir.

Es por ello que el Gobierno de Washington con la complicidad canadiense secuestró a Meng Wanzhou, vicepresidenta financiera de Huawei cuando estaba en tránsito de un avión a otro en el Aeropuerto Internacional de Vancouver.

Ese acto repugnante y alevoso cometido por el sumiso Gobierno canadiense es totalmente ilegal, porque Meng no había entrado al territorio canadiense y solo transitaba por el área extraterritorial del aeropuerto.

A ese acto gangsteril se suma el crimen de difamación porque funcionarios del gobierno de Washington acusan sin la menor prueba a los teléfonos de Huawei de espiar a sus propietarios y vender datos personales. A causa de esos bulos Washington pide a sus vasallos europeos que impidan impedir su venta y se abstengan de usar la tecnología de Huawei para sus comunicaciones internas y el procesamiento de datos nacionales.

En otras palabras, los europeos deben ser obligados a seguir comprando la obsoleta tecnología de las empresas norteamericanas.

Ninguno de los actos de terrorismo comercial de Estados Unidos es tan culpable como el cometido ya no por funcionarios del Poder Ejecutivo, sino por el propio Congreso de los Estados Unidos de América cuando el 19 de diciembre del 2019 aprobó aplicar castigos y sanciones a las empresas que colaboren en la construcción de los gasoductos submarinos que deben llevar gas natural ruso a Europa y a Turquía. Con ese absurdo e ilegal sabotaje se quiere obligar a Europa y Turquía a comprar el oneroso gas licuado que es transportado desde el otro lado del Atlántico por barcos norteamericanos.

Rusia, Alemania y otros países construyen un gasoducto conocido como North Stream 2 para garantizar el suministro estable a Europa del gas natural barato que procede directamente de los yacimientos rusos.

La colocación de la tubería submarina fue contratada con Allsea, una empresa de capital suizo y holandés. Su contrato y su actividad son perfectamente lícitos, Lo gangsteril e ilícito fueron la congelación de sus cuentas y las extorsiones bancarias y amenazas del Gobierno de Washington para lograr que suspendiese su actividad cuando la tubería ya está a solo 300 kms. de la costa alemana.

Ese retraso no impedirá la conclusión del gasoducto, porque la empresa rusa Gazprom tiene en el lejano Oriente otro barco especializado con el cual terminar la colocación de los tubos.

Es típico de la poca cultura geográfica del norteamericano que el Congreso de Estados Unidos ignore que Rusia es un país europeo con abundantes yacimientos de gas, una proximidad que vuelve gangsteriles chantajes y sabotajes para obligar a que los europeos compren el oneroso gas norteamericano.

La cultura política norteamericana confía tanto en el éxito de la propaganda mentirosa sobre la realidad que sus funcionarios han dado el nombre orwelliano de Freedom gas (gas de libertad) al gas oneroso que quieren vender bajo coerción a los países europeos.